Una ráfaga de dolor nos atraviesa con el asesinato de Noé Vázquez Ortiz, artesano y activista contra la presa El Naranjal, Veracruz, el 2 de agosto, horas antes de comenzar en su localidad la reunión nacional del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos. Sin la oposición de activistas como Noé, la presa despojaría a 30 mil campesinos de agua y tierra.
Su asesinato es además un mensaje que intenta sembrar miedo en los que por todo el país resisten la devastación ambiental y social, desde sus comunidades, barrios, parajes. Se suma a decenas de asesinatos en años recientes de quienes se oponen con razón y derecho, a megaproyectos de empresas mineras, energéticas, carreteras, deforestación, contaminación industrial y basureros, agrotóxicos y transgénicos, urbanización salvaje que arrolla comunidades, barrios y naturaleza. Como resume la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la destrucción impune del ambiente se exacerbó al plantearlo como una «ventaja comparativa» que el gobierno de México ofreció en las negociaciones del TLCAN, situación que las trasnacionales han aprovechado en forma extrema. El ambiente es base de la vida de todos, pero además es el territorio y base del sustento de comunidades campesinas, indígenas, locales, urbanas, que no están dispuestas a dejarse despojar.
Por eso, pese a fuertes condiciones en su contra, desde leyes amañadas a violencia directa, las comunidades resisten. No sólo a megaproyectos, también al discurso dominante que quiere sentar la imagen de que la vida comunitaria y los lazos de solidaridad y autonomía son algo del pasado, contra el progreso, obviamente sin poner en cuestión qué significa progreso, a quién devasta, a quién beneficia, si lo necesitamos para vivir bien.
La pre-audiencia «Territorialidad, subsistencia y vida digna», realizada en San Isidro, Jalisco, en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, en junio 2013, abordó estos temas, a partir de 24 testimonios que presentaron comunidades en lucha de varios estados del país, desde carreteras inútiles ?salvo para los ricos que quieren llegar más rápido a aeropuertos y centros financieros? contaminación y despojo de territorios, incluidos los pueblos wixaritari y rarámuri, por parte de gobiernos y transnacionales agrícolas, mineras, químicas, de energía, hasta violencia contra las mujeres por medicalización del parto o cerrar el futuro a los jóvenes rurales. El dictamen está en http://redendefensadelmaiz.net/2013/08/dictamen-de-la-preaudiencia-territorialidad-subsitencia-y-vida-digna/ y otros anteriores en tppmexico.org
El panel internacional de dictaminadores (Jean Robert, Fernanda Vallejo, Dora Lucy Arias, Alfredo Zepeda) hizo siete constataciones, que forman una radiografía de los conflictos que atraviesan al país: 1) Guerra del Estado y del mercado contra la subsistencia, 2) Destrucción de la vida campesina, generación de masas de personas desposeídas y convertidas en consumidores, 3) Destrucción de procesos organizativos y tejidos sociales, 4) Traslado sistemático de los bienes comunales hacia la propiedad privada. 5) Desamparo institucional, simulación e impunidad. 6) Incumplimiento de las reglas del juego y la disolución del estado de derecho y 7) Uso arbitrario o abusivo de la fuerza.