El Salvador vivió en la década de los ochenta una guerra civil que dejó más de 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y más de 1 millón de damnificados. Actualmente diversos organismos no-gubernamentales e iglesias impulsan un proceso para la aplicación de justicia en miles de casos, de los cuales el gobierno reconoce oficialmente solo 2 mil.
Probúsqueda, es una instancia no-gubernamental que en los últimos años ha acompañado casos como el de las hermanitas Serrano Cruz, (dos niñas que durante el conflicto armado fueron raptadas por el ejército nacional) y que ahora viven la misma suerte. Asimismo el caso García Prieto, las masacres del Mozote, y otros más.
«Estamos preocupados porque la práctica de desaparición forzada aun persiste en este país, así tenemos el caso de los esposos Jorge Iglesias y Hortensia de Iglesias, abogados de familia luterana que fueron secuestrados el 1 de abril de 2006 y que hasta la fecha ni la Policía Nacional Civil, ni la fiscalía dan algún reporte de ellos» señaló el obispo Medardo Gómez, de la Iglesia Luterana Salvadoreña.
Para el CNI, que el gobierno reconozca la desaparición forzada es una oportunidad para que en El Salvador se impulse un proceso de justicia y sanación integral con las familias que han vivido este flagelo.