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Para ponernos en situación, he ahí un párrafo de la Profesora de Religión, Resurrección Galera, en el colegio público Ferrer Guardia, de Los Llanos de la Cañada, despedida de su trabajo de profesora de Religión, por haberse casado por lo civil. Resurrección se despacha así:
«En esta España no se puede vivir. Solo faltaba que los obispos y el Ministerio de Educación se declaren insumisos frente al Constitucional y el Tribunal Supremo. Tengo ocho sentencias que me dan la razón, pero estos señores se niegan a cumplirlas. Creen que están en el Vaticano. Soy ciudadana española; me amparan las leyes y los derechos fundamentales de la Constitución.
Incumplir sentencias es un delito, mi abogada ha pedido que la Fiscalía les investigue». En los últimos 16 años, el juzgado de lo Social número 3 de Almería en cuatro ocasiones, dos veces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), una vez el Constitucional, (en sentencia de amparo por atropello de derechos fundamentales), y dos veces más el Supremo, han proclamado la nulidad del despido, con la orden de la readmisión inmediata de la profesora, sin excusa, y con el pago de los salarios atrasados. Pero el obispado de Almería y el Ministerio de Educación se han negado, el lunes pasado, a ejecutar las nueve sentencias que favorecen a Galera. Efectivamente, ¡con la Iglesia hemos topado!
Yo soy de los que no muero de amores por los tratados entre España y la Santa Sede, y no en teoría y en abstracto, sino a la vista de la Historia de la Iglesia española, sobre todo, de su jerarquía, y de los siglos de injerencia y de mandoneo indisimulados, a veces ostentosos, que ha ido produciendo un anticlericalismo de la ciudadanía, cada vez más explícito. Y episodios como el que estamos tratando no ayuda nada a mejorar la idea, y la afección, del pueblo hacia la jerarquía eclesiástica.
Llama la atención lo absurdo de los argumentos que tanto el obispado, como el ministerio, ofrecen. Ya es altamente llamativo que los profesores de Religión sean elegidos, nombrados, y cesados por la Jerarquía de la Iglesia, y que, sin embargo, lo pague el Estado. Y todavía choca más poderosamente la atención que en una época en que el Papa, sumo mandatario, y principal responsable de las líneas de comportamiento oficial de los eclesiásticos , y, sobre todo, en los que atañen a las relaciones laborales con los seglares, y más en las que pueden significar polémicas, el Papa enseñe, y tantos y tantos lo cumplamos, que una persona casada dignamente por lo civil, y que mantiene su fe en Jesús, pueda comulgar sin ningún reparo, y no sea apto, sin embargo, para dar clase de Religión.
En este tema veo, además del abuso nada edificante de un incumplimiento descarado y provocador de los derechos de los individuos, y de sentencias judiciales que les favorezcan, una hipocresía grosera. ?¿Cuantos casos se han dado, y se dan de clérigos pederastas que no solo dan catequesis, y celebran la Eucaristía y dan la Comunión, y confiesan, y aconsejan a los fieles, y que han sido no retirados de su ministerio, sino trasladados a otra ciudad o región donde no eran conocidos sus desmanes? Y los jerarcas correspondientes no han apartado de sus puestos de enseñanza y formación después de casos judicialmente probados, pero que han prescrito. En el trato a esta hermana nuestra, ciudadana española, no veo de ninguna manera un procedimiento cristiano, y evangélico, sino un afán de que los «Derechos de la Santa Madre Iglesia prevalezcan sobre el atrevimiento y el descaro de una fiel católica que ha osado ejercer un derecho tan noble como unirse en matrimonio civil», con toda la dignidad que éste confiere a quien lo celebra.
Conocí al obispo de Almería, Adolfo González Montes, en su etapa de profesor en la Pontificia de Salamanca. Era, además de profesor, encargado de la capilla que hay al inicio de la escalera donde se encuentra la facultad de derecho Canónico, y nos pedía, frecuentemente, a los alumnos de Derecho, que le dijéramos la misa, cuando él tenía que viajar, o estaba ocupado. Era, y es, uno de los grandes expertos en Ecumenismo entre los teólogos europeos; de carácter templado, sosegado y sereno, y yo no lo veo en el papel de mantener un pulso con los tribunales más altos del Estado. Así que, en mi opinión, detrás de esa actitud de la diócesis de Almería, realmente obstruccionista de la justicia, veo el apoyo, y la fuerza, de la Conferencia Episcopal Española, (CEE), y de quien quiera que mueva los hilos en la penumbra de los complicados meandros de la realidad episcopal española. Y si ésta, la CEE, no está detrás, o no está de acuerdo con esa actitud, que resulta escandalosa para muchos ciudadanos, -!casi todos los que se han enterado! (muchos de mis fieles me lo han indicado)-, debería comunicarlo públicamente, y descalificar el innombrable comportamiento de la diócesis almeriense. Así no se evangeliza, ni se anima a tanto indeciso, o remiso, con las posiciones de la Jerarquía eclesiástica, a mudar de opinión, ni se les dan motivos de acercamiento y comprensión.
Y una última palabra sobre los argumentos esgrimidos por los abogados del obispado y del Ministerio de Educación: o es una penosa vergüenza su nivel jurídico, que en mi opinión solo se puede colocar entre la ignorancia, poco probable, o el cinismo, más plausible, o habrá que trasladar la vergüenza al desconocimiento jurídico, o al despiste monumental, de los jueces, de todos los niveles, sobre todo, del Constitucional y del Supremo, que han participado en ese proceso, y no sabían que los abogados de la Iglesia y del Estado podrían derribar los argumentos de sus sentencia con esa pasmosa facilidad, y, según lo que afirman convencidos, con tan absoluta claridad lógica (¿!!?)