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Con ciudadanía. Escraches y la polémica suscitada -- Emilio J. Soriano

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La situación angustiosa que están viviendo las familias que continúan obligadas a seguir pagando el crédito hipotecario después de haber sido expulsadas de su vivienda habitual, ha despertado, en todos los rincones de España, una gratificante corriente de solidaridad. Manifestación de amor al prójimo que ha sido canalizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuyos integrantes, creyentes y no creyentes, han asumido como propio el sufrimiento de los desahuciados, y han hecho suya la demanda de una nueva ley que contemple la dación en pago. Una solicitud que tanto el Tribunal Europeo como numerosos jueces españoles han considerado de justicia.

La solidaridad, empatía y sana rebeldía manifestada por los componentes de la PAH es, a su vez, una demostración de que no todo está perdido, que mucha gente no vive solo para sí y que el sufrimiento de nuestro prójimo sí nos importa. El amor fraterno, al que todos estamos llamados, no solo se hace realidad atendiendo las necesidades primarias de alimento, vestido y techo de aquellos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, también se verifica mediante la denuncia profética de la intrínseca maldad del capitalismo financiero, que tiene como valor supremo el ‘sacrosanto’ beneficio aún a costa de la dignidad de las personas. Fraternidad asimismo manifestada cuando se reivindica la promulgación de leyes más justas.

Desengañados con el quehacer de nuestros representantes políticos (léase una mayoría de diputados) que han ninguneado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) suscrita por más de un millón y medio de personas, muchos de los ciudadanos comprometidos en esta justa reivindicación han recrudecido sus denuncias mediante los ‘escraches’, es decir, realizando protestas ante el domicilio particular de los representantes públicos. Actuación comprensible desde la indignación que los desahucios suscitan, pero, como mínimo, imprudente, porque no tiene en consideración la presencia de otros familiares (hijos menores y ancianos) que, inevitablemente, también sufren la agresión de la protesta. Se argumenta que la agresividad legal que sufren las familias desahuciadas (también con mayores y niños) es mucho más grave, pero la asistencia de la razón nunca justifica sentimientos de venganza.

El “ojo por ojo” jamás debiera ser el medio para ejercer la denuncia pública de una injusticia. Es más, a buen seguro que muchos ciudadanos que colaboran con la PAH, o simpatizan con ella, no comparten que se vaya a protestar delante de las viviendas de los políticos que han rechazado tramitar en el Congreso de los Diputados la propuesta de la ILP y, sería lamentable, que la Plataforma perdiese la adhesión de muchas de las personas que apoyan lo que se está demandando.

Distinto sería hacer la protesta en la vía pública, o ante la sede de los organismos oficiales y de los partidos. La libertad de expresión lo permite, y todo representante electo ha de asumir que los ciudadanos que se sientan tratados injustamente pueden afearle su quehacer, eventualidad a la que siempre estará expuesto. Por ello, las palabras de María Dolores de Cospedal calificando los escraches como actos de fascismo y nazismo son, no solo impresentables, sino reprobables. La discrepancia política no debiera derivar en acusaciones de esta índole, y el profesional de la política ha de tener asumido que siempre corre el riesgo de sufrir una reprobación ciudadana que, en ocasiones, puede manifestarse con actitudes y palabras muy duras.

Hoy, en nuestro país, la autoorganización de los ciudadanos y la protesta pública se han convertido en el único medio para reivindicar que los derechos fundamentales sean respetados. Desde esta creatividad y solidaridad, que día a día van a más, podemos interpelar a una clase política que hoy se nos presenta rehén del poder económico y, a su vez, desorientada, incapaz y sorprendida de la desafección ciudadana. Sigamos, pues, siendo críticos y reivindicativos y, respecto a los desahucios, continuar ejercitando el derecho a la denuncia pública desechando aquellas acciones que se puedan volver en contra de lo que se demanda.

Finalmente cabe señalar que en un país de tan larga tradición cristiana como es España, los cristianos tenemos mucho que decir, hacer y proponer ante situaciones tan injustas e inhumanas como los desahucios que se están ejecutando. Por ello, se ha echado en falta, salvo honrosas excepciones, la voz discrepante de obispos, sacerdotes y religiosos que no han tenido la lucidez suficiente para entender que, en casos como el que nos ocupa, hay que optar siempre por la causa de las víctimas. Un principio ético que está presente en todo el Nuevo Testamento.

(Artículo que ha escrito una miembro de las Comunidades de Base de Murcia en la prensa regional)

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