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La Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía (PxJF-A), en su compromiso
con la justicia fiscal como elemento necesario para avanzar en la justicia social,
quiere trasladar a la opinión pública andaluza las siguientes reflexiones ante las
próximas elecciones autonómicas:

Entendemos necesario recordar en este momento que los tributos son las
contribuciones de los agentes económicos a la financiación del gasto
público y, como tales, deben ser suficientes para el mantenimiento del
Estado de Bienestar que la sociedad demanda, así como regirse por
los principios de igualdad y de progresividad que marca la Constitución
Española en su artículo 31. En dicho artículo, el principio de igualdad,
implica que, a igual capacidad económica, la contribución tributaria ha de
ser la misma. Y el de progresividad, que garantice que cuanto mayor sea la
capacidad económica, mayor debe ser la contribución.

Andalucía tenía en 2020, según el INE, un PIB por habitante equivalente al
75% de la media nacional y una Tasa de Pobreza del 28,5%, más de un
tercio superior a la del conjunto de España. Además, es la tercera
Comunidad con una mayor Tasa de Riesgo de Pobreza y Exclusión (Tasa
AROPE), un 33% mayor que la media del país. Asimismo, sufre una de las
mayores tasas de desigualdad.

Su financiación es muy insuficiente, siendo en 2021 la penúltima Comunidad
Autónoma en presupuesto per cápita de todo el país (Fundación CIVIO).
Frente a esta realidad, la inversión por persona en los principales servicios
públicos, claves para paliar las desigualdades que produce la economía, en
educación es solo ligeramente superior a la media y, en sanidad, muy
inferior, lo que ha agravado aún más la atención pública en estos tiempos
de crisis sanitaria. Sin esfuerzos públicos adicionales en estos servicios
no se puede avanzar en la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad andaluza.

En cuanto a la suficiencia, hay que destacar que España tiene todavía una
“presión fiscal” menor que la que tiene el conjunto de la UE y mucho menor
que la de los países de nuestro entorno. Cualquier disminución de los
ingresos fiscales y, más aún en el caso de Andalucía, tan necesitada de
más y mejores servicios públicos, tendría un impacto social que puede ser
definitivo para personas que están en riesgo de caer o de quedar atrapadas
permanentemente en dinámicas de exclusión.

Y en cuanto a la progresividad, destacamos que cualquier reducción lineal
en los tipos de gravamen sobre impuestos progresivos (como en el IRPF)
tiene el efecto contrario, así como la reducción de aquellos que afectan en
particular a las riquezas más altas, patrimonio o sucesiones, salvo que se
compensaran con otras figuras impositivas progresivas.

Aplicar medidas regresivas en el sistema tributario andaluz conllevaría una
reducción de la parte autonómica de inversión en políticas de protección
social que amparan especialmente a quienes tienen las rentas más bajas.
Por otra parte, la realidad se ha encargado de desmentir sobradamente que
a una bajada de impuestos seguiría automáticamente una mayor actividad
económica por parte del sector privado.
A partir de estas reflexiones, nuestras demandas son:

1. Pedimos que cualquier reducción de los ingresos públicos que se propugne
sea evaluada con transparencia, dejando claro a quienes beneficia y en qué
cuantía, así como qué reducción del gasto público supondría y a quién le
afectaría en particular.

2. Recordando que España tiene todavía menor “presión fiscal” que los países
de nuestro entorno y teniendo en cuenta los actuales niveles
socioeconómicos de Andalucía, propugnamos medidas que, manteniendo el
principio de progresividad, puedan incrementar los recursos públicos de
nuestra Comunidad. Esto, más allá de la habitual simplificación limitada a
debatir en genérico lo de “si subir o bajar impuestos” que, no olvidemos, son
las contribuciones sociales de todos para el mantenimiento y mejora del
Estado de Bienestar.

3. Por lo anterior, instamos a todos los partidos políticos que concurren a estas
elecciones a que aporten iniciativas tendentes a aumentar la
progresividad fiscal, incrementar la lucha contra el fraude y cumplir el
principio de suficiencia, garantizando el sostenimiento de los
servicios públicos como el más eficaz camino para la mejora de las
condiciones de vida de los andaluces y andaluzas.

Sevilla, 26 de mayo de 2022

Suscriben este comunicado las entidades integrantes de la
Plataforma por la Justicia Fiscal de Andalucía (PxJF-A)

CAONGD-CCOO Andalucia-Facua Andalucía- EAPN-Oxfam Intermon-GESTHA-UGT Andalucía- USO Andalucía-Plataforma en defensa de las pensiones públicas