InicioRevista de prensatemas socialesCOMPROMISO POR LA REGIÓN. 24 organizaciones de la Región de Murcia

COMPROMISO POR LA REGIÓN. 24 organizaciones de la Región de Murcia

Publicado en

Murcia, 15 de mayo de 2007
Ante las próximas elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007, las organizaciones abajo firmantes, representativas de muy diversos sectores sociales de la Región de Murcia, hemos acordado suscribir el presente COMPROMISO POR LA REGIÓN.

La calidad de una democracia se mide por el grado de participación de la ciudadanía en la vida pública, y esa participación no puede reducirse a depositar el voto cada cuatro años. La gestión pública se degrada y puede llegar a corromperse y subordinarse a intereses particulares cuando los gobiernos legítimamente electos no sólo no fomentan sino que obstaculizan la participación activa, plural y cotidiana de la ciudadanía.

La campaña electoral debe centrarse en los problemas sociales que realmente importan a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región. Y los partidos políticos deben comprometerse públicamente con propuestas concretas surgidas de la sociedad civil murciana.

La Región de Murcia ha crecido en los últimos años por encima de la media nacional, pero este crecimiento tiene los pies de barro, porque se ha basado en una transformación brutal del territorio, en un expolio sin precedentes de los recursos naturales, en un aumento de las desigualdades económicas y en una precarización de las condiciones de vida de muchos colectivos sociales: agricultores, trabajadores, jóvenes, mujeres e inmigrantes. La riqueza generada está teniendo grandes impactos territoriales y no se está distribuyendo equitativamente. Nuestra Región sigue estando en el furgón de cola de las comunidades españolas en casi todos los indicadores de desarrollo social, cultural y ambiental. Por eso, necesitamos reorientar nuestro modelo de desarrollo para preservar el patrimonio natural y cultural, promover políticas públicas mucho más sostenibles y solidarias, y mejorar de forma significativa el bienestar social, la formación cultural, la participación ciudadana y la convivencia democrática a escala local y regional.

Este documento no pretende ser un programa exhaustivo. Nos limitamos a denunciar los problemas que nos parecen más graves y a reclamar las medidas que nos parecen más urgentes.

Pedimos a los partidos políticos que se pronuncien sobre estas propuestas, las debatan públicamente entre ellos y se comprometan a llevarlas a cabo si ganan las elecciones. Las organizaciones firmantes velaremos para que ese compromiso no se quede en una mera promesa electoral, sino que se haga efectivo después del 27-M.

Finalmente, invitamos a otras organizaciones sociales y, en general, a toda la ciudadanía, para que suscriban y difundan el presente documento.

1. POR UN DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO Y EQUITATIVO

La economía regional ha crecido en los últimos años por encima de la media nacional, y esto a pesar del déficit hídrico, lo cual revela que el problema económico de la Región no es la falta de agua. El problema es que nuestro modelo de crecimiento es altamente ineficiente, insostenible e insolidario. Por un lado, se ha basado en la expansión desmesurada e ilegal del regadío y, más recientemente, en la promoción de macrourbanizaciones con campos de golf, dos actividades que son grandes consumidoras de agua, un recurso escaso que, ante las previsiones del cambio climático, debe ser administrado con racionalidad económica y ecológica, y no esquilmado ni manipulado con demagogia política. En cambio, en nuestra Región ha disminuido el peso de la industria y seguimos estando a la cola de España en I+D+i.

Por otro lado, nuestra economía se basa en una mano de obra barata, precaria, poco cualificada, con una baja productividad y una gran discriminación salarial (que afecta sobre todo a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes). En realidad, las dos palancas decisivas del crecimiento regional han sido los inmigrantes (el 11% de la población y el 20% de los empleados), que sufren una situación de marginación social y política, y los fondos de cohesión europeos, que van a ir disminuyendo en los próximo años.

-Necesitamos un modelo de desarrollo económico más eficiente, sostenible, equilibrado y equitativo, que no esquilme nuestros recursos naturales (suelo, agua, energía, etc.), que no sea tan dependiente de aportaciones y coyunturas externas (trasvases, inversión inmobiliaria, etc.) y que promueva una agricultura redimensionada y ecológica, un tejido empresarial diversificado (pymes, pequeños comercios, empresas de economía social), una industria innovadora (basada en I+D+i y en energías renovales), un turismo sostenible y unos servicios de calidad.

-Necesitamos un empleo estable, cualificado, bien remunerado y no discriminatorio. Hay que mejorar de forma sustancial las rentas salariales y las condiciones laborales de las personas trabajadoras. Las administraciones y empresas públicas deben dar ejemplo, reduciendo su porcentaje de empleados precarios por debajo del 20%. Hay que reducir drásticamente la precariedad y la siniestralidad, mejorar la cualificación y la productividad, y acabar con las diversas formas de discriminación que sufren los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Hay que elaborar un plan para aplicar en la Región la nueva Ley de Igualdad.

-La economía sumergida de la Región es una de las más altas de España. En 2005, el 22% de los trabajadores no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Y un 25% del dinero que se mueve en la Región no paga impuestos. Es preciso combatir estas ilegalidades mediante la inspección laboral y una lucha activa contra el fraude y la evasión fiscal.

-Mientras que la economía regional crece por encima de la media nacional, el PIB per cápita y la Renta Bruta Disponible per cápita están por debajo e incluso se han alejado en los últimos años de la media española. Tenemos las tasas más altas de desigualdad económica y de pobreza relativa. El crecimiento económico regional no se ha redistribuido socialmente de forma equitativa. Por eso, necesitamos una fiscalidad mucho más progresiva y unas políticas redistributivas.

2. POR UN TERRITORIO COHESIONADO Y SOSTENIBLE

La Región de Murcia carece de una política coherente y sostenible de ordenación del territorio y de planificación urbanística, tanto a escala autonómica como municipal. La Ley Regional del Suelo de 2001 abrió la puerta a una urbanización masiva e indiscriminada de todo el territorio, sin respetar siquiera los espacios naturales y las zonas de dominio público. Los poderes públicos han renunciado a ejercer las obligaciones que les exige la Constitución española: la protección del medio ambiente (art. 45), la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46) y el derecho a disponer de una vivienda digna, mediante una ordenación pública del suelo que evite la especulación y haga revertir sobre la comunidad las plusvalías generadas por la actividad urbanística (art. 47). En la Región de Murcia se está haciendo exactamente lo contrario: un urbanismo salvaje que fomenta la especulación, privatiza las plusvalías, dispara los precios de la vivienda hasta hacerla inaccesible a los más necesitados (desde 1995, el precio de la vivienda ha crecido casi un 200%, mientras que las rentas salariales han aumentado una media del 40%), atenta contra el patrimonio histórico, saquea los espacios y recursos naturales, altera irreversiblemente el paisaje y degrada la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, hasta el punto de destruir su identidad y su tradicional atractivo turístico y cultural como legado viviente de la milenaria civilización mediterránea.

-Es preciso elaborar una nueva Ley Regional del Suelo que reduzca sustancialmente la oferta de suelo urbanizable, que conceda prioridad a los objetivos sociales y ambientales en la planificación urbanística y la ordenación territorial, y que aumente los controles democráticos de todo el proceso de planeamiento, de acuerdo con la nueva Ley estatal del Suelo y con los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución española.

-Hay que derogar la Disposición Adicional Octava de la Ley Regional del Suelo de 2001, las reformas posteriores de dicha Ley que otorgan aprovechamiento urbanístico a espacios naturales protegidos, las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia, la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope y todas las disposiciones, planes y proyectos que las desarrollan.

-Hay que acabar con el uso fraudulento y generalizado de la figura del convenio urbanístico. Hay que revisar todos los convenios aprobados o en tramitación, así como los PGOM en trámite, mediante la elaboración de una Evaluación Estratégica de los mismos, a fin de garantizar su sostenibilidad económica, social y ambiental. Hay que establecer límites máximos de crecimiento urbano, en función de la población y el territorio municipal, y siempre como ampliación de los núcleos ya existentes.

-La especulación inmobiliaria ha dado lugar a una paradoja injustificable: un tercio de todas las viviendas que se construyen en la Región están vacías o son segundas residencias, mientras que el aumento especulativo de los precios impide a muchas personas acceder a una vivienda digna. Por eso, es necesario contar con un verdadero Instituto Público de Vivienda que, en coordinación con los ayuntamientos, garantice el mínimo necesario de viviendas protegidas (sea en propiedad o en alquiler), que controle directamente todo el proceso de gestión (suelo, construcción y entrega de viviendas), que garantice unas condiciones sociales mínimas (precio, ubicación, habitabilidad, etc.), y cuya gestión se encuentre sujeta a un control democrático.

-Hay que aplicar de forma efectiva las Agendas 21 locales, que exigen políticas municipales sostenibles e integrales con amplia participación ciudadana, y las disposiciones del Convenio de Aarhus, que garantizan el acceso a la información y la participación pública en todas las áreas de las políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

3. POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES Y DE CALIDAD

Una sociedad democrática avanzada debe contar con unos servicios públicos universales y de calidad, que garanticen a todas las personas el disfrute efectivo de los derechos de ciudadanía, para favorecer así la cohesión social y territorial. En nuestra comunidad, el gobierno regional y muchos gobiernos locales no han cumplido adecuadamente su papel de proveedores y gestores de unos servicios públicos que cubran las necesidades básicas de toda la población. Crece la población escolar, pero faltan escuelas infantiles, colegios e institutos. Aumenta la población regional y el porcentaje de personas mayores, pero continúan las carencias en atención primaria, las listas de espera, la falta de camas en los hospitales, la escasez de residencias públicas y de servicios de atención domiciliaria, la sobrecarga de las mujeres a la hora de conciliar su vida laboral y familiar.

Crece la población inmigrante como motor del desarrollo económico regional, pero siguen faltando políticas de integración social que eviten la segregación y la xenofobia. Por el contrario, en la Región se está dando un proceso de privatización, mercantilización y degradación de los servicios públicos, que están pasando a engrosar el sector terciario de los servicios de pago. El resultado es que se está produciendo una creciente dualización social: por un lado, se potencian los servicios educativos, sanitarios y sociales privado-concertados, subvencionados al 100% de su coste real y destinados a la minoría más acomodada de la población; por otro lado, se convierte a los servicios públicos en una oferta de segunda, con graves deficiencias estructurales, para atender a los sectores de rentas medias y bajas, y a las personas que por su situación especialmente vulnerable (envejecimiento, marginalidad, condición inmigrante, etc.) requerirían una mayor asistencia por parte de las administraciones públicas.

-Es preciso contar con una dotación presupuestaria adecuada para el sistema de servicios públicos, mediante un incremento porcentual y anual de la inversión en políticas educativas, sanitarias y sociales, hasta alcanzar la media de la Unión Europea: un 25% del PIB.

-Hay que elaborar, en el marco de diferentes mesas regionales y locales de negociación política, sindical y social, unos Planes de Centros y Equipamientos Escolares, Sanitarios y Sociales, con el fin de acordar de modo democrático y participativo los recursos mínimos necesarios en infraestructuras y dotaciones materiales. Estos Planes deben promover la creación de Redes Educativas, Sanitarias y de Asistencia Social de carácter regional, que integren a todos los centros públicos y a aquellas empresas privadas que mediante subvención o concierto viven del dinero público, para que asuman la responsabilidad social que les corresponde en la asistencia, sin discriminación, de toda la ciudadanía.

-El sistema educativo regional es muy ineficaz, pues el 45% del alumnado de 15 años ha sufrido a lo largo de su escolarización alguna clase de retraso y el porcentaje de repetidores supera la media nacional en todos los ciclos y cursos de primaria y secundaria. Dado que la educación infantil tiene un papel crucial en el posterior desarrollo formativo del alumnado y en la conciliación de la vida laboral y familiar de los padres, es preciso crear y dotar una amplia red de Escuelas Infantiles Publicas (de 0 a 3 años) en toda la Región, para aumentar la tasa de escolarización, que ahora es del 19’7% a los 2 años, frente al 24’3% de media nacional. En educación primaria y secundaria, es necesario desarrollar mecanismos de apoyo individualizado y de incremento del tiempo escolar para el alumnado que presente algún tipo de dificultad, con el fin de reducir el porcentaje de repetidores y el abandono escolar.

-Para evitar que se consolide un sistema educativo dual y discriminatorio, es preciso crear oficinas únicas de matriculación por zonas, que garanticen el reparto equitativo y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, incluidos los hijos de inmigrantes y los que tienen necesidades especiales, entre las dos redes actualmente existentes: los centros públicos y los privados-concertados.

-Es preciso incrementar los recursos del Sistema Murciano de Salud e impulsar la calidad de los servicios sanitarios públicos (la atención primaria, la red hospitalaria, los servicios de salud mental, etc.) mediante la elaboración de planes generales y estrategias específicas, orientadas a promover la salud y prevenir la enfermedad. Hay que apoyar la iniciativa de los 10 minutos en atención primaria, acabar con las listas de espera y diseñar actuaciones para colectivos específicos: mayores, mujeres, jóvenes, inmigrantes, enfermos crónicos, etc. Hay que aumentar y hacer estables las plantillas de profesionales sanitarios. Y, por último, hay que potenciar la participación de la ciudadanía y los profesionales, mediante la creación de Consejos de Salud operativos, que elaboren y supervisen los Planes de Salud autonómicos y municipales.

-Necesitamos un marco normativo que establezca un Sistema Público de Servicios Sociales, coordinado con los ayuntamientos y que garantice el derecho universal a unos servicios sociales básicos para toda la ciudadanía. Necesitamos un Plan Regional de Inclusión Social de carácter transversal (vivienda, empleo, salud, etc.), para ayudar a los sectores más pobres y marginados. Y, por último, necesitamos un Plan Regional de Atención a las Personas Dependientes, dotado de los recursos necesarios, que permita aplicar y desarrollar la Ley de Dependencia, y que garantice este tipo de atención como un derecho universal y de calidad.

4. POR UNA SOCIEDAD INTEGRADA Y SOLIDARIA

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, en el que las desigualdades sociales se hacen cada vez más profundas, no solo entre el Norte y el Sur, sino también en el seno de las propias sociedades desarrolladas. A diario vemos cómo aumentan la pobreza y el hambre, los conflictos armados, las migraciones a las ciudades y a los países ricos, y con ellas las reacciones de temor y de rechazo, las fronteras físicas y sociales, los movimientos de intolerancia y xenofobia. La Región de Murcia no es ajena a estos cambios globales, pues una gran parte de su desarrollo económico se debe a la llegada de trabajadores inmigrantes procedentes de los países pobres de África, América Latina, Europa del Este y Asia. Por eso, es muy importante que nuestra comunidad se muestre solidaria con los países más necesitados y que promueva políticas de integración social en su propio seno, para que todas las personas residentes en la Región puedan gozar de una ciudadanía plena.

-Para erradicar la pobreza en el mundo, conforme a los Objetivos de Desarrollo del Milenio promovidos por la ONU, es preciso un Pacto contra la Pobreza, a escala estatal, autonómica y local. Se trata de conseguir tres objetivos: que se reactive el Acuerdo de Cooperación y Solidaridad con los Países Pobres, aprobado de forma consensuada por la Asamblea Regional en 1994, al tiempo que se elabora y aprueba la Ley de Cooperación Internacional de la CARM; que todas las fuerzas autonómicas alcancen un consenso sólido y estable en la política de Cooperación al Desarrollo, no dependiente de los cambios de gobierno; y que dichas fuerzas políticas asuman compromisos concretos y establezcan mecanismos de control del cumplimiento de sus acuerdos.

-El punto de partida irrenunciable, para cumplir con el Pacto contra la Pobreza, es que de forma progresiva y a lo largo de la próxima legislatura autonómica, los Presupuestos Generales de la CARM alcancen el objetivo de consignar como mínimo el 0,7% del montante económico global a financiar proyectos de Cooperación y Solidaridad con los países pobres, como ya acordaron PSOE, PP e IU el 22-12-94.

-La pobreza también está presente en nuestra Región. Según el INE, en 2003 el 19,9% de la población española vivía por debajo del umbral de la pobreza, pero ese porcentaje ascendía en la Región de Murcia al 24,5%. En nuestra comunidad, una de cada cuatro personas carece de recursos para llevar una vida digna. Mientras se construyen cada año decenas de miles de viviendas, de las cuales un tercio están vacías o son segundas residencias, hay personas sin hogar y familias con menores a su cargo que viven en derribos, chabolas o viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad. Por eso, es preciso elaborar un Plan Integral de Erradicación de la Pobreza y la Infravivienda en la Región de Murcia, que incluya la implantación de una Renta Básica, la atención socio-sanitaria personalizada y el acceso a una vivienda digna.

-La población inmigrante no comunitaria supone ya el 11% de la población regional y el 20% de la población empleada. Los inmigrantes son uno de los motores fundamentales del desarrollo regional y sin embargo sufren explotación económica, segregación social y cultural, carencia de derechos políticos y reacciones de xenofobia. Es inaceptable que se les convierta en chivo expiatorio de las deficiencias que se padecen en los servicios públicos y en las dotaciones de seguridad ciudadana. Es preciso comprender que la seguridad física es inseparable de la justicia y la solidaridad social. Por eso, hay que poner en marcha un Plan de Integración social de los inmigrantes, en concordancia con las políticas y dotaciones presupuestarias procedentes del gobierno central. Este Plan debe elaborarse con la participación de los propios inmigrantes, y debe promover el reconocimiento pleno de los derechos de ciudadanía, la convivencia intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

-En una sociedad democrática, plural e intercultural, no es aceptable que los poderes públicos promuevan activamente una determinada identidad religiosa, como en la época del nacionalcatolicismo. Las administraciones locales y autonómica deben respetar escrupulosamente el pluralismo ideológico y religioso de la sociedad. Por eso, es necesario preservar el carácter laico de todas las instituciones públicas, a fin de evitar la discriminación y favorecer la convivencia entre toda la ciudadanía de la Región, tanto en los centros educativos como en las actividades culturales, las celebraciones festivas y las ceremonias oficiales.

5. POR UNA SOCIEDAD BASADA EN LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO

La sociedad murciana cuenta con unos niveles muy bajos de formación educativa, profesional y cultural, en comparación con las medias española y europea. Y eso hace que cuente también con un notable atraso científico y tecnológico. Por eso, el motor principal del crecimiento económico regional no es la economía productiva, el trabajo cualificado y la inversión en I+D+i, como sería de desear, sino la economía especulativa vinculada a las recalificaciones y promociones urbanísticas, el empleo precario y poco cualificado, y los sectores basados en una mano de obra barata e intensiva, como la agricultura y la construcción. Este atraso educativo y científico no afecta solo a nuestro modelo de desarrollo económico, sino también al desarrollo de la vida cultural e incluso a la madurez de nuestra cultura política.

-Hay que hacer una apuesta estratégica por la educación, la cultura y la cualificación profesional, científica y tecnológica. Y esto en todos los niveles formativos, desde la escuela infantil hasta la universidad. Hay que potenciar la educación de adultos y la formación permanente, para mejorar no solo la productividad económica sino también la cultura democrática de la ciudadanía.

-Es necesario aumentar sustancialmente la financiación y el apoyo a las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia y la de Cartagena, potenciando el proceso de convergencia europea y los máximos niveles de calidad en los estudios de grado y posgrado. No es aceptable que el gobierno regional siga dando trato de favor a la UCAM, una universidad privada, en detrimento de las dos universidades públicas públicas.

-Es necesario incrementar la financiación y el apoyo a la investigación científica y la innovación tecnológica, tanto en las universidades como en los centros públicos de investigación. Y esto con un triple objetivo: potenciar la integración en las redes europeas de investigación, fomentar la investigación en áreas de interés regional y conseguir que el sector privado se incorpore progresivamente a la sociedad del conocimiento. Estos tres objetivos deberían convertirse en una apuesta estratégica y transversal de toda la política regional.

-Es preciso apostar también por la alfabetización digital, con un triple objetivo: reducir la brecha digital que existe hoy en el seno de la propia sociedad murciana, extender el uso de las TIC a todas las empresas y organizaciones sociales, y facilitar el acceso electrónico de la ciudadanía a todas las instancias y operaciones de las administraciones públicas.

-Por último, la política cultural pública tiene que ser reformulada, con un triple objetivo: condicionar al resto de políticas públicas (sociales y territoriales), impulsar el desarrollo del sector cultural (creadores, asociaciones e industrias culturales) y garantizar de forma efectiva el derecho a la cultura de toda la ciudadanía (frente a las profundas desigualdades culturales actuales). Para ello, es preciso elaborar un Plan Estratégico de la Cultura, crear un Consejo Regional de la Cultura y las Artes, y dedicar el 2% del presupuesto a políticas culturales públicas.

6. POR LA CALIDAD DE LA VIDA DEMOCRÁTICA

La Región de Murcia padece un notable déficit democrático, debido a cinco factores: el efecto monopolístico de las sucesivas mayorías absolutas en la asamblea regional (favorecido por una ley electoral muy poco proporcional), el bloqueo de los cauces institucionales de participación ciudadana (en los ámbitos autonómico y municipal), la escasa cultura política de la ciudadanía murciana (debida a la tradición caciquil, al excesivo número de localidades sin ayuntamiento propio y a la elevada tasa de analfabetismo adulto), el control ejercido sobre la mayoría de los medios de comunicación por los dirigentes políticos y empresariales, mediante las subvenciones y la publicidad (un control que llegó al colmo con la concesión de los canales de TDT), y, por último, las tramas de corrupción política y la degradación del funcionamiento democrático de las instituciones públicas (tanto regionales como locales), por obra y gracia de los convenios urbanísticos, la afluencia masiva de dinero negro, la opaca financiación de los partidos, los reducidos ingresos municipales, los informes técnicos realizados bajo presión política y las múltiples connivencias entre cargos públicos e intereses privados.

-Una reforma consensuada del Estatuto de Autonomía que promueva la modificación en clave proporcional de la ley electoral, la creación de cauces estables y efectivos de participación ciudadana (consejos asesores sectoriales, iniciativas ciudadanas, consultas populares, etc,) y la elaboración de una carta de derechos y servicios públicos universales.

-Una política territorial de articulación comarcal y de creación de nuevas entidades locales (desde nuevos ayuntamientos, a partir de algunas de las actuales pedanías, hasta entidades submunicipales), para garantizar tanto la mejora de los servicios públicos mancomunados como la descentralización de los grandes municipios y unos mayores niveles de autogobierno democrático por parte de los vecinos.

-La creación de Consejos de Participación Ciudadana, generales y sectoriales, en todos los municipios de la Región, con espacios y recursos propios, y con mecanismos estables y efectivos de consulta, asesoramiento y control de la gestión pública, tanto en el planeamiento urbanístico y ambiental como en las políticas sociales y en la asignación y administración del presupuesto.

-Una regulación legal que garantice el control democrático y la pluralidad del sector audiovisual y de todos los medios de comunicación públicos, regionales y locales; una Radiotelevisión Autonómica que sea de gestión pública, que colabore de forma estable con RTVE y que esté sujeta al control de la Asamblea Regional; y un Estatuto de la profesión periodística que garantice sus derechos laborales, su independencia profesional y su participación en la gestión de los medios de comunicación.

-Un código de buen gobierno y de ética pública, que exija a todos los cargos públicos un declaración de bienes antes y después de su mandato, una rendición de cuentas pública, transparente y periódica, y una asunción de responsabilidades políticas ante las denuncias de la ciudadanía y las imputaciones de los órganos judiciales.


ORGANIZACIONES INVITADAS (por orden alfabético)

-ACSUR-Las Segovias (Asociación para la Cooperación con el Sur)
-AMYDEP (Asociación par la Mejora y Defensa de la Escuela Púlbica)
-ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste)
-Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna
-CCOO-Región de Murcia (Comisiones Obreras)
-CGT-Murcia (Confederación General del Trabajo)
-COAG-IR Región de Murcia (Coordinadora de Organizaciones Agrarias-Iniciativa Rural)
-Comisión 8 de Marzo
-Consejo de la Juventud de la Región de Murcia
-CONGD-RM (Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Ayuda al Desarrollo y Alianza Regional contra la Pobreza)
-Coordinadora «La Región de Murcia no se vende» (69 asociaciones)
-Convivir sin Racismo
-Ecologistas en Acción-Región Murciana
-FAPA-RM (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de la Región de Murcia “Juan González”)
-FACUA CONSUMUR (Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios)
-FAVERMUR (Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia)
-Foro Ciudadano de la Región de Murcia
-Foro Ignacio Ellacuría
-Foro Social de la Región Murciana
-MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad)
-Plataforma contra la Exclusión Social de Murcia
-STERM-La Intersindical (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana)
-UGT-Murcia (Unión General de Trabajadores)
-UPA-Murcia (Unión de Pequeños Agricultores)

(Correo electrónico)

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