Enviado a la página web de Redes Cristianas
Que la Iglesia católica en España esté financiada, principalmente, por un Estado que se define constitucionalmente aconfesional y se beneficie de exenciones y bonificaciones tributarias es un dislate democrático; que, además, no se exija un riguroso control y trasparencia de los aproximadamente 11.000 millones al año que, según Europa Laica, cuesta a todos los españoles, creyentes o no, un escándalo.
Que esta confesión milenaria, en connivencia con los poderes políticos -democráticos o tiránicos- de cada momento, siempre se haya inmiscuido en los cuerpos, las almas y las haciendas de los ciudadanos de ninguna manera puede justificar que lo siga haciendo a perpetuidad en una sociedad libre, moderna y democrática como la actual. Esta institución religiosa y nuestros políticos deben de entender, de una vez por todas, que las creencias, aunque profundamente respetables, pertenecen al ámbito de lo más intimo y privado de cada cual y, por tanto, ni esta ni ninguna religión debe gozar de privilegios que esquilmen, interfieran o se entrometan en lo público.
Por todo lo expuesto, exijo que se eliminen todas las casillas de la declaración del IRPF de las que se beneficia, principalmente, la Iglesia católica y, en consecuencia, la asignación tributaria; que se supriman los beneficios, exenciones y bonificaciones tributarias actuales y, finalmente, que se deroguen los Acuerdos de 1979, firmados por el Estado español con la Santa Sede. Mientras esto no ocurra, seguiré sintiendo vergüenza de esta lamentable componenda democrática.
. Valladolid