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Colombia -- Fernando Bermúdez. COR Murcia

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Hay muchos países en América Latina en los que defender los derechos humanos se paga con
la vida. Entre ellos se encuentran Colombia, Honduras y Guatemala. Me voy a detener en
Colombia, país que he visitado recientemente con motivo del “Encuentro Internacional
Medellín 50”.
Colombia atraviesa por una crítica situación. El dominio que ejerce Estados Unidos sobre el
país se hace cada vez más asfixiante. Siete bases militares norteamericanas hay en Colombia,
de las cuales tres están cerca de la frontera con Venezuela, que trabajan en un arco estratégico
enfocado a una potencial intervención militar.

Estados Unidos está utilizando el suelo colombiano para controlar a otros países del área, sobre todo a Venezuela, país que tiene una de las mayores reservas de petróleo del planeta. Por eso tiene cercado y bloqueado a este país, violando el derecho internacional. De esta manera condena a la hambruna a la población civil, estrangulando su economía y creando descontento en la población, para poder invadir.
En Colombia el capital extranjero controla también parte considerable de su riqueza: minas y
demás recursos naturales, la industria, el comercio, la banca y las comunicaciones.

Las tierras más productivas del agro están en manos de un puñado de grandes terratenientes
y grupos financieros, mientras multitud de campesinos (indígenas y afrodescendientes) carece
de tierras o apenas posee una parcela insuficiente para alimentar a su familia.

Los grupos paramilitares son una fuerza considerable en todo el país. Muchos de ellos ligados
al narcotráfico. Durante el conflicto armado obligaban a la población campesina a integrarse a
la lucha armada contra las FARC. Pero la opción de los campesinos no es la violencia sino la
paz. Algunos, para huir de la muerte, se integraron a la guerrilla, otros se vieron obligados a
abandonar sus tierras. Actualmente hay más de 6 millones de desplazados internos y medio millón de refugiados en Venezuela (algunos hablan de más de dos millones).

Durante el proceso de diálogo del Gobierno con la insurgencia, los campesinos se manifestaron
a favor del mismo. Es así cómo se conformaron las zonas humanitarias en San José Apartadó y
las Comunidades Construyendo la Paz (Conpaz) en el Valle del Cauca.
En la actualidad, después de la firma de la paz entre el Gobierno y las FARC, los grandes
terratenientes y narcotraficantes, buscan realizar megaproyectos agroexportadores y para ello
siguen utilizando a los grupos paramilitares, apoyados por el ejército, para expulsar a los
campesinos de sus territorios y de sus casas.

Líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y del derecho a la tierra y del medio
ambiente son perseguidos y asesinados. Asimismo, quienes participaron en campañas a favor
de la firma del acuerdo de paz con las FARC siguen siendo víctimas de amenazas y homicidios
selectivos por grupos paramilitares, muchos de estos grupos están ligados al ex presidente
Álvaro Uribe, quién siempre se ha manifestado opuesto al proceso de paz con la insurgencia.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
reportó que en el año 2017 al menos 300 defensores y defensoras de derechos humanos
habían sido asesinados. Crímenes que en la mayoría de los casos quedan impunes. Se ha incrementado la violencia sexual contra mujeres por parte de los paramilitares. Ahí tenemos el
caso de Doris Valenzuela, mujer afrodescendiente.

El miércoles 11 de abril Doris fue asesinada en Murcia por su propio marido. Tenía 39 años. El
año 2016 llegó a España con su familia, protegida por Amnistía Internacional (A.I.), porque
estaba amenazada de muerte en su país. Una vez finalizado el programa de A.I., pasó a ser
apoyada por Cruz Roja, solicitando asilo en España. Residía en Murcia con sus tres hijos. Al
separarse de su marido éste se fue a Gerona mientras ella tramitaba el divorcio. Pero el
marido regresó de Gerona para matarla.

Doris fue una destacada líder de las Comunidades Constructoras de Paz (Conpaz), organización
de afrodescendientes, indígenas y campesinos de la región del Valle del Cauca, que defendió la
justicia social y el medio ambiente. Logró liberarse de la muerte en su país al convertirse en
objetivo de los grupos paramilitares que operan en su tierra por denunciar los desalojos de
campesinos. La historia de Doris fue dramática. El Valle del Cauca, tierra muy fértil, que ocupan
desde siglos campesinos, indígenas y afrodescendientes, se ha convertido en un lugar
codiciado por los grandes ricos colombianos, algunos de ellos narcotraficantes, que pretenden
ejecutar megaproyectos agroexportadores. Es por eso que obligan a la gente a desalojar sus
tierras y casas. Y para ello utilizan a los paramilitares. A los que se resisten los amenazan o
asesinan. Doris asumió con valor la defensa de sus comunidades frente a la codicia de los
terratenientes. En una conferencia en Murcia nos contaba:

“Un día caminaba yo con mi bebé. Los paramilitares me dispararon. A mí no me dieron,
pero la bala alcanzó a mi niño y lo mató. Tuve que salir corriendo y depositar su cuerpo
en una pequeña fosa junto a un árbol y salir huyendo porque querían matar a toda mi
familia. Los asesinos sacaron a mi bebé de la fosa y lo botaron al río, así que no pude
darle sepultura. A los pocos días, los paramilitares mataron también a mi hijo que
tenía 17 años, después de haberlo, torturado”.

Paradogicamente, durante el 2016, año en que se firmó la paz con las FARC, fueron asesinadas
89 personas defensoras de derechos humanos. Supuso un incremento del 23% respecto a los
de 2015. Este incremento es aún más preocupante si tenemos en cuenta que disminuyeron las
acciones violentas gracias al cese del fuego entre el ejército y la guerrilla, lo que indica que
estos crímenes fueron consecuencia de ataques selectivos contra civiles concretos,
especialmente, contra líderes comunitarios y activistas ambientales.
Septiembre 2018.
,

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