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Colombia. Piedras, Tolima. Se consolidó la Consulta Popular (Tercer artículo) Ganó la Vida, el agua y el Medio Ambiente -- Héctor Alfonso Torres Rojas, Sociólogo

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Perdió la ambición de AGA de acumular riqueza con el hambre del pueblo
El día miércoles 28 de agosto, se escribió un segundo hecho histórico en el municipio de Piedras, Tolima, de trascendencia nacional (y por qué no, internacional). El Concejo municipal consolidó la Consulta Popular, convocada por el Alcalde Arquímedes Ávila Rondón, votada por 2971 ciudadanos y ciudadanas, el 28 de julio, para prohibir que Anglogold Ashanti (AGA), se instale en su geografía, para llevar y lavar millones de toneladas de roca molida, agotar sus acuíferos y dejar montañas de roca infectada de cianuro y otros minerales, cuyos efectos y daños mortales se prolongarán por más de un siglo, acabando arrozales y agricultura. En Piedras no hay oro sino agua-fuente de vida. La urna arrojó ocho votos para reafirmar la Consulta Popular y un voto en contra.

La votación en el Concejo municipal fue precedida de varios debates. El último, el martes 27 de agosto, “un debate jurídico”, como lo llamó el periódico El Nuevo Día de Ibagué, de dos a seis de la tarde, fue muy importante, por la presencia del Procurador Agrario y Ambiental de Tolima, Ernesto Cardoso; la Procuradora Provincial, Ligia Aguilar Gómez y el vocero del Gobernador, Manolo Jaramillo Delgado, quien malgastó el tiempo en un discurso absolutamente vacío de contenido y de una pésima retórica azucarada, muy lejos de las afirmaciones claras, contundentes y tajantes del Gobernador Luis Carlos Delgado Peñón, contra la presencia de AGA en Tolima. Se equivocó el Gobernador enviando a semejante individuo, que a ojos vistas, NO preparó su intervención e hizo quedar muy mal al Gobernador. Fue el segundo en ganarse abucheos.

Más de cien ciudadanos y ciudadanas se hicieron presentes en el recinto del Concejo. Fue una sesión candente, marcada por aplausos, gritos de alegría o de rechazo, risas y abucheos. Se escucharon muchos “afuera, afuera, afuera”, contra el Procurador Agrario y Ambiental, Ernesto Cardoso, por su intervención prepotente. Empezó afirmando que venía investido con toda la autoridad del Procurador General, Alejandro Ordóñez, y se refirió a los documentos que limitan, frenan y/o amenazan la capacidad de decisión del Concejo municipal.

Dijo con energía: “Estoy representando de manera directa y personal al procurador Alejandro Ordóñez”
Un ciudadano exclamó: “Es bueno gritarle a ese procurador agrario que es buen hijo de Laureano Gómez”. Otra voz afirmó: “Hace doscientos años se acabó la inquisición”. Y una tercera persona:”El procurador no puede pasar por encima del Soberano popular de Piedras”.

Los concejales se venían debatiendo entre su voluntad de cumplir la decisión del 99% de la ciudadanía en las urnas, y el miedo, poco o mucho, por las declaraciones amedrentadoras de organismos superiores como el Ministerio de Minas y Energía, Decreto 0934 del 9 de mayo de 2013. De la Agencia Nacional Minera (AMLA) y de la Procuraduría General, por medio de la señora Piedad Angarita Guerreo, Coordinadora del Grupo de Asesores en Minas, Hidrocarburos y Regalías, que con fecha del 25 de julio, a tres días de la votación de la Consulta popular, emitió una Resolución (Ref. AD-MHR 612), advirtiendo de las “extralimitaciones en el ejercicio de las correspondientes funciones administrativas”, a alcaldes y gobernadores, asambleas departamentales y concejos municipales.

¿La Procuraduría contra el bien común? ¿Contra los intereses de todo un municipio, como Piedras, por defender a una multinacional, como AGA? ¿Contra los derechos colectivos?
El Gobierno y la Procuraduría son celosos en defender la llamada seguridad jurídica de Anglogold y las multinacionales, pero olvidan y pisotean conscientemente la inseguridad alimentaria de la población, la inseguridad agroecológica y la inseguridad del Medio Ambiente.

La Procuraduría emitió esa Resolución, porque Ramiro Santa, Director Corporativo de AGA, con fecha del 22 de junio, pidió auxilio, conociendo del rechazo de Piedras a AGA, a lo largo del semestre y viendo que ganaría la Consulta Popular. ¿Eso no se llama connivencia?
Otros ponentes: el Presidente del Concejo, Jhon Freddy Trujillo, el concejal-abogado, Camilo Delgado; el abogado del Cabildo, Guillermo Zárate; el personero municipal, abogado Luis Carlos Galeano; Luis Carlos Hernández de Ecotierra, y personas de la ciudadanía.

Sus exposiciones se centraron, en primer lugar, en recordar y citar los varios mandatos constitucionales y legales que defienden los derechos superiores del bien común, del bien público, la vida y el bienestar de la ciudadanía, la libre expresión y la libertad de opinión en un Estado Social de Derecho, contra las exigencias económicas de las multinacionales. En segundo lugar, los derechos de la ciudadanía como constituyente primario, el soberano popular, el poder popular. Y en tercer lugar, la prevalencia de la Constitución y de la Ley, en esta caso la Ley 134, sobre los Mecanismos de Participación Ciudadana, de 1994.

Los preceptos de la Carta Magna, -principio de constitucionalidad-, “matan” decretos y resoluciones de ministerios y procuradurías. Decretos y resoluciones que tampoco pueden estar por encima de la Ley.
La Consulta Popular es del orden constitucional y fundamental para el ejercicio de la participación ciudadana en la vida nacional, departamental y municipal. La Consulta Popular, les decir, la decisión constitucional del pueblo, está muy por encima de los intereses de las multinacionales, cualquiera que sean. Antes que la seguridad jurídica de una multinacional, está la seguridad para la VIDA y el Medio Ambiente, de una ciudadanía atropellada por la locomotora-arrasadora-aplanadora del Gobierno en connivencia con las multinacionales minero-energéticas.

Si AGA y sus apoyos gubernamentales ponen en tela de juicio la decisión del Concejo Municipal, dará lugar a un “conflicto de competencias”, a un “conflicto de normas”, y en este caso a un conflicto de constitucionalidad, que debe dirimir el Consejo de Estado.
Seguramente habrá más de un abogado dispuesto a defender en los más altos estrados judiciales, las decisiones de Piedras. Ojalá se vayan preparando.

En este contexto, es positivo hacer preguntas de peso y fondo:g
¿ Para el Gobierno de Juan Manuel Santos y el Procurador General de la República, Alejandro Ordóñez, va a tener mayor importancia el interés económico de 20-30-50-100 accionistas de Anglogold Ashanti (AGA), que viven en el extranjero, esperando que les consignen millones de dólares en sus cuentas bancarias, que el bienestar del pueblo?
¿Valen más las ganancias millonarias de AGA que el interés medioambiental y vital de las colombianas y de los colombianos, representados por los 2791 votos de la Consulta Popular en Piedras?

¿Querrán el Gobierno de Juan Manuel Santos y el Procurador General, Alejandro Ordóñez, un levantamiento contra la minería salvaje e inhumana, y a favor de la Vida, el Medio Ambiente y el agua, como el Paro Nacional Agropecuario? De tanto tirar la cuerda, se revienta. La población no va a vivir comiendo oro, porque además se lo llevan. Pero sí vivirá tomando agua, si es que no se agota por cuanto las compañías mineras que utilizan mucho agua, han invertido el sentido común de las cosas. En los sitios mineros el agua superficial se agotó. Crece el desierto. Se debe sacar del fondo de la tierra, entre 50 y más cien metros de profundidad. Un ciudadano, común y corriente, no tiene el dinero para comprar una bomba de alta potencia. Luego él, su familia, sus cultivos y sus ganados sufrirán la sed crónica. Eso pasará en Piedras si se instala AGA.

¿Para el Gobierno Santos y el Procurador General de la República vale más el interés privado de 20-30-50-100 accionistas de Anglogold que el interés público y la VIDA de millones de colombianos y de colombianas?

En el artículo “El paro nacional”, de los Equipos de las Brigadas de Paz (redECAP), del 26 de agosto, se escribe: “Ese afán ha traído un aumento del 640% en la inversión minera de las multinacionales desde el 1999. Los gastos del gobierno en el desarrollo de la infraestructura se concentran en las áreas bajo exploración por multinacionales, y hasta se ha reportado que 40% del territorio rural está abierto para concesionar a multinacionales. Estas estadísticas, juntos con el nuevo código minero (partes de cual, se rumora, fue escrito por la empresa minera Anglogold Ashanti) que reduce las restricciones en la minería para multinacionales, dibujan un imagen clara de un Estado rentista que está preparando una pista de aterrizaje para el capital extranjero para apropiarse del patrimonio nacional, mientras los residentes de las zonas donde hay oro viven sin vías, saneamiento, o infraestructura social.

(Véase la reflexión de Pierre Shantz, que discute las ganancias mineras en Segovia, Antioquia”.)
Jhon Freddy Trujillo, Presidente del Concejo, al cierre de la sesión, expresó: “Quisiera hacer un llamado al Gobierno nacional para que acepte y respete la voluntad del pueblo y el acto administrativo aprobado”.
Bogotá, Colombia, Primero de Septiembre de 2013

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