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La Iglesia Peregrina en Córdoba y Urabá alza su voz para expresar su asombro ante las situaciones de orden público que tienen conmocionada a las gentes de la región:
1°. La gravedad social que significa el asesinato aleve de tantos líderes sociales y personas que, en un país democrático, empiezan a formar parte de los nuevos movimientos políticos independientes, legítimamente constituidos; es inaudito que reaparezca este fenómeno que se creía ya superado1.
2°. El reagrupamiento acelerado y el aumento del paramilitarismo, cuyos grupos ingresan súbitamente a las zonas que abandonan integrantes de las Farc en su proceso de desmovilización e implementación de los Acuerdos logrados en la Habana2.
3°. El modo atroz como silencian a reclamantes de tierras (en la última semana ya son más de ocho entre líderes y reclamantes); tierras de las que fueron despojadas las comunidades, en forma fraudulenta y criminal.
4°. EL control bélico de las tierras vinculadas con el fenómeno de las rutas del narcotráfico, unido a todo un sistema de delincuencia organizada alrededor de los cultivos ilícitos y el apoderamiento, a la vista de todo el mundo, de las regalías y del pago de impuestos. Control que sirve de aprestamiento para la explotación de la minería ilegal, la extracción de las riquezas de nuestros suelos y subsuelos y el arrasamiento del ecosistema. De esto último es ejemplo el desplazamiento de pobladores y comunidades en la zona de Ituango, frente a lo cual no hay una toma de posición humanitaria por parte del Estado.3
5°. Aunado a lo anterior, el incremento de las pandillas juveniles, que están invadiendo los grandes centros urbanos en Urabá, como Turbo, Apartadó, Nueva Colonia y Currulao, índice inequívoco de que estamos entrando en una macabra dinámica de delincuencia organizada que gira en torno al microtráfico y la extorsión a comerciantes, empresarios, personas de a pie y que acude a la justicia particular, al asesinato y a la limpieza social, generando desconcierto y pánico en todos los pobladores urabaenses.
Ante estas situaciones la Iglesia se pregunta:
1. ¿Cuál es el futuro para las comunidades campesinas y de las regiones que siguen sufriendo en forma permanente el flagelo de los actores del conflicto armado? Salen unos y entran otros, ?como Pedro por su casa??, cuando debería estarse asumiendo el manejo estatal adecuado de los territorios, para crear la autonomía, fruto del ejercicio constitucional de las fuerzas del Estado, justamente allí donde anacrónicamente no ha hecho presencia. ¿Hay anuencia del Estado o es simplemente un descuido de las autoridades responsables de dar cumplimiento a lo pactado? ¿Hay simpatía estatal con estas formas ilícitas de dominio y manipulación de unos territorios de ancestrales dueños que el Estado no admite como poseedores legítimos? ¿Dónde queda lo de ?pacta servanda??? No entendemos por qué se da esta situación, estos lamentables vacíos de autoridad.4 El gobierno nacional debe pronunciarse con claridad sobre estos asuntos que tanto daño hacen y que son causa fundante del descrédito que viene en aumento vertiginoso. Por lo menos la sospecha salta de inmediato.
2. De otra parte, haciendo eco al sentir social, la Iglesia expresa su dolor e inconformismo ante el juego de palabras empleado por representantes legítimos de los entes gubernamentales para denominar un fenómeno vergonzante que ha empañado a nuestras fuerzas militares y de policía, y que, como si no fuera ya luctuoso, ahora difama a toda esta feraz tierra de promisión, utilizando los gentilicios, emblema de la pujanza y honradez de sus pobladores; o dándoles identidad con los nombres topográficos, como nuestro estratégico Golfo de Urabá; o estigmatizando apellidos tan prestigiosos como el de Jorge Eliécer Gaitán, o la extensa descendencia ?suga; o todo un grupo humano de industria y comercio reconocido a nivel internacional como el pueblo paisa. Duele porque se descubre un fondo malintencionado de ?sofisma de distracción,?? un mimetismo sutil para adormecer a la población con engaño. Reclamamos el fin de la estigmatización de una región, y el de llamar con otros nombres lo que todos reconocemos como paramilitarismo.
3. Frente al tema de la desmovilización y construcción de paz, nos preguntamos: ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la subregión? ¿Qué es lo que nos toca hacer en medio de una situación cada vez más desconcertante? No podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado y que amenaza con repetirse: la historia trágica del asesinato sistemático de tantas personas que se comprometen en un cambio social y político que, bien sabemos, se debe llevar adelante.
Es tarea de todos los líderes de la región tomar conciencia de estas situaciones y agotar juntos las soluciones.
Dado en Apartadó a los 3 días del mes de Febrero de 2017.
Mons. Hugo A. Torres Marín
Cáritas diocesana
Descarado robo extranjero de las más finas maderas chocoanas
-Libardo Muñoz-
8 de Febrero de 2017
Con autorización del gobierno colombiano y para exportar a China, comenzó el derribamiento de las costosas reservas de madera que tiene nuestro país en territorio chocoano, donde la pobreza, el hambre y las enfermedades son parte del diario vivir de miles de familias.
Variedades de maderas industriales, únicas en Colombia como el algarrobo, el cedro, el sande, el cedro amargo, el bálsamo, el caimito y la virola, ya comenzaron a caer bajo las poderosas sierras de una empresa llamada «Colombia Hardwood», en Bahía Solano.
«Colombia Hardwood» es propiedad de «REM Forest Products» una firma del billonario canadiense Frank Glustra quien obtuvo una licencia de Codechocó, en 2006, por 15 años, para extraer mas de 5 millones de metros cúbicos de madera que en cifras actuales tienen un valor de 1.500 millones de dólares.
Para el profesor asociado y directivo del Museo de Entomología de la UNAB, Francisco Serna, autor de la denuncia, estamos frente a un monstruoso crimen ecológico, un robo de una fuente de riqueza nacional de recursos naturales para el que se obtuvieron licencias con maniobras de corrupción que el país entero debe conocer.
En la zona de la tala de las especies bajo la mira de «Colombia Hardwood» ya hay protestas comunitarias como la de Juan Ceballos, un chocoano que estuvo amarrado a un árbol varias horas, exigiendo la suspensión del derribamiento de los enormes árboles que crecieron por cientos de años.
Para las cadenas de radio y televisión de Colombia como Caracol y RCN, al servicio del modelo neoliberal y de corrupción con que se gobierna en Colombia, ni la denuncia ni la protesta de Juan Ceballos sirven para el «rating’ basado en la banalización del país y en la mentira contra los movimientos sociales.
Además de las selvas madereras en las entrañas de la tierra chocoana hay oro en cantidades aun por conocer, pero los sucesivos gobiernos colombianos pasarán a la historia como camarillas incapaces sin un asomo de dignidad, listos a entregar al país a la minería extractivista.
A su vez, REM forest Products tiene un nexo grupal con Pacific Rubiales Energy, Medoro Resources, Alange Corp y Gran Colombia Gold, extractoras de madera, oro y petróleo, de modo que el asunto no es de poca monta.
El negocio del corte de maderas chocoanas se montó por encima de un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Colombia de 2005 sobre la Ley Forestal.
Un organismo llamado «Codechocó» concedió un visto bueno y el Ministerio del Medioambiente aplaudió lo actuado.
Es de esperar que con la madera y el pueblo chocoano suceda lo mismo que con el carbón y el departamento de La Guajira.
El Consejo Comunitario de Mecana, donde ya se instaló el campamento y hay personal canadiense y nativo para derribar los árboles chocoanos, considera que los permisos están montados sobre maniobras corruptas.
REM Forest va a cortar el primer millón de metros cúbicos en 44.596 hectáreas autorizada por la Ley 70 de 1993. Ese territorio es inembargable e inalienable se extiende entre Bahía Solano y Jurado, el Pacífico y la Serranía del Baudó, la superficie total es de 67.327 hectáreas donde habitan 18 comunidades que dan 1.329 familias para un componente de 5.850 personas.
Un 70% de esa porción de tierra chocoana será controlada por manos extranjeras que armadas de una dudosa patente sacarán madera por un valor global de 280 millones de dólares. Al Consejo comunal de Mecana le prometieron un 10% de esa cantidad pero los chocoanos consideran que están frente a una burla más, de las tantas que tienen acumuladas en su historia de descendientes de esclavos.