El 5 de octubre de 1988 Chile por medio de un Plebiscito le dijo NO a la dictadura militar que avasalló los derechos humanos. La ciudadanía debe recordar a sus mártires y, la Iglesia a sus 5 sacerdotes asesinados en el nombre de la “seguridad nacional”.
A raíz de la decisión unánime de un organismo del Estado argentino (Conare) que falló a favor del status de refugiado político al ciudadano chileno, Sergio Galvarino Apablaza Guerra, en Chile asistimos a variadas muestras de fervor jurídico direccional, alabanzas a lo que es o debe ser un Estado de Derecho y necesidades nacionales de juicios “justos”, además de una serie de desaires, desatinos y amenazas diplomáticas.
Todas estas invocaciones, unas más que otras por su seriedad o no, han de ser respetadas y analizadas en su mérito exacto, alejadas del puro deseo de vengar la muerte de un líder político carismático y experto en materias de derecho constitucional. También hay razones para exigir justicia cuando se trata de un crimen contra una persona indefensa como es el caso del senador Jaime Guzmán.
Sin embargo, en este delicado escenario y sin escabullir el asunto de fondo que es un crimen político, asistimos a un doble standard que vienen demostrando altos personeros de la derecha chilena. El crimen de Guzmán, no es distinto de otros cientos de crímenes ejecutados durante los 17 años de dictadura militar, muchos de ellos aun en la impunidad y sin que sus cuerpos aparezcan para una cristiana sepultura.
Tampoco este sector político adscrito a las fuerzas de la UDI y RN han hecho un examen de conciencia sobre lo que significó al país la doctrina de la “seguridad nacional” que ellos en su momento ampararon y defendieron. Esta doctrina que tiñó de dolor y muerte en los años 80 al cono sur de América latina, fue la base ideológica de los regímenes militares que no trepidaron en violar sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía en general.
Para tener una genuina autoridad moral en la exigencia de respeto a los derechos humanos, hay que tener siempre presente la Declaración Universal de tales derechos proclamados solemnemente en la ONU en el año 1948. Durante la dictadura en Chile, tanto civiles como militares partidarios del régimen de Pinochet hacían nula observancia a, por ejemplo, lo que dice el Art. 5 de dicha histórica Declaración: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. O, el Art. 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.
Nada justifica un asesinato, tampoco los atropellos a los derechos humanos. Este el punto de fondo en esta discusión con el llamado “caso Apablaza”. Y, respecto a los “juicios justos” y los “debidos procesos”, que hoy piden dirigentes de la UDI y RN, miremos lo que decía la Comisión de Derechos Humanos, dirigida por el jurista Jaime Castillo Velasco en 1986: Desaparecidos; permanecen 663 personas detenidas y desaparecidas, por obra de las autoridades sin que éstas hayan dado cuenta de su paradero a los familiares.
Muertes por abuso de poder; 58, algunos en supuestos o falsos enfrentamientos y algunos en tortura. Homicidios frustrados; 252, la mayor parte son heridos a bala por organismos policiales o civiles no identificados en manifestaciones populares. Detenciones arbitrarias masivas; 21.307, son el resultado de allanamientos de 68 poblaciones donde los más pobres fueron humillados y amedrentados. Solo el 1% de los detenidos fueron retenidos como delincuentes comunes. Detenciones individuales; 978, a los que hay que sumar 76 secuestros con maltrato, efectuados por bandas paramilitares con tolerancia de las autoridades.
Presos políticos encarcelados; 516, al año siguiente esta cifra aumentó (1987) y otros tantos ciudadanos procesados con libertad provisional. Exiliados con prohibición de ingreso al país, al 31 de diciembre de 1986, 3.503 personas. Torturas; estrictamente constatadas 254. Otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que dejan lesionados, 757 víctimas. Amedrentamientos; afecta a 559 personas, mayoritariamente jóvenes. Represión contra el derecho de reunión y manifestación pública; 273 veces se reprimieron, calificándolas como delitos contra el Estado.
Ante este tipo de violencia institucionalizada y avalada por la Constitución de 1980 se rebeló en forma mayoritaria el pueblo chileno. El 5 de octubre en el famoso Plebiscito de 1988 se develó que una mayoría ciudadana dijo basta a esta “cultura de la muerte” que todavía contaba con defensores, muchos de los cuales hoy están instalados en el Congreso Nacional y auguran penas del infierno al gobierno trasandino por otorgar asilo a un ex combatiente que enfrentó a la dictadura militar y que sufrió la tortura y la cárcel.
Los cristianos han de defender los derechos humanos de toda persona, con la misma fuerza se debe recordar la memoria histórica de los que cayeron clamando libertad. Y, la Iglesia también debe recordar a sus mártires como es la tradición de siglos. En este punto nos parece justo y necesario que no se olvide que todavía hay dos religiosos que fueron detenidos, torturados y muertos y, hasta el día de hoy sus cuerpos no aparecen. Miguel Woodward y Antonio Llidó viven entre nosotros este 5 de octubre y siempre!
Santiago de Chile, 4 de octubre 2010
Crónica Digital
