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Adital
Conforme ya lo había denunciado el sacerdote mexicano Alejandro Solalinde hace por lo menos dos semanas, todo indica que los 43 estudiantes, desaparecidos el último 26 de septiembre en Iguala (Estado de Guerrero, México), fueron detenidos por policías y entregados a un grupo de narcotraficantes, que los quemaron estando todavía vivos.
En declaración al procurador general de México, Jesús Murillo, tres detenidos del cartel Guerreros Unidos confesaron que los estudiantes fueron entregados a los traficantes por policías de Iguala y del municipio vecino Cocula, en un lugar conocido como Loma de Coyote. La orden habría llegado del ex-alcalde de Iguala, José Luis Abarca y de su esposa, Maria de los Ángeles Pineda. Los dos ya fueron capturados y están presos.
«No tengo ninguna duda de que allí hubo un homicidio masivo, tengo indicios de que pueden ser (los estudiantes desaparecidos); pero para manejarnos con certezas necesitamos las pruebas periciales», dijo el Procurador.
Según los detenidos, los estudiantes normalistas fueron llevados al aterro de Cocula, algunos ya llegaron sin vida, otros inconcientes y otro grupo fue interrogado por los traficantes con el objetivo de identificar quiénes eran y el motivo de estar en Iguala. Después del interrogatorio, los traficantes hicieron una especie de barricada, utilizando gasolina, neumáticos, madera, plástico y lo que encontraron en el lugar.
El fuego habría durado horas, desde media noche del día 26 hasta las 15h del día siguiente. En seguida, los traficantes recibieron orden de quien llaman «El Terco?? para que junten los restos mortales en bolsas de basura negra y tirarlos al río San Juan. Buzos de la marina y peritos (mexicanos y argentinos) encontraron las bolsas con restos mortales, algunas bolsas todavía lacradas, conteniendo restos óseos que corresponden a restos humanos. El avanzado estado de descomposición hace difícil la extracción del DNA, pero el material será analizado en la Universidad de Innsbruck (Austria) mediante estudios mitocondriales.
Para Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, «cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar».
Instituciones internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y Amnistía Internacional presionan al gobierno mexicano por la solución del caso. Movimientos sociales y la población local, sobre todo los padres de los desaparecidos, exigen justicia y responsabilidad del gobierno.
Entienda el Caso
Los estudiantes normalistas llegaron a Iguala el 26 de septiembre con el objetivo de recaudar fondos para un viaje a la capital, en ocasión de la marcha conmemorativa por la masacre del 2 de octubre de 1968 (conocida como Masacre de Tlatelolco). Los policías tiraron contra los estudiantes, dejando seis muertos, 18 heridos y 43 desaparecidos.
En esa fecha, la esposa del alcalde iba a presentar un informe sobre el trabajo del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia y, en seguida, habría una fiesta. El temor de que los estudiantes perjudicaran los eventos habría motivado la orden del ataque.
Con informaciones de Amnistía Internacional, Notimérica y Cambio Total.