Pérdidas para las comunidades rurales, menor posibilidad de erradicar la pobreza, debilitamiento de la soberanía alimentaria, disminución de la libertad de trabajar en asociación, no respeto de los derechos humanos. Éstas fueron algunas cuestiones presentadas por nueve organizaciones de países de América Central a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó una audiencia especial, del 17 al 21 de julio, en Guatemala, para tratar acerca de los impactos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y América Central (Cafta).
Las organizaciones afirmaron a los miembros de la Comisión que acuerdos de este porte ponen la independencia y la vida de los ciudadanos de los países involucrados, justamente los más pobres, en peligro, ya que no tiene en consideración las diferencias entre las naciones.
La audiencia especial servirá de auxilio para que sea posible iniciar algún tipo de proceso judicial contra cada uno de los Estados que firmó el tratado, a partir del momento en que los artículos violen los derechos humanos. El objetivo, destacan, es contar con elementos consistentes que puedan invalidar los acuerdos como el Cafta.
De acuerdo con las entidades, muchos de los artículos constantes del acuerdo, firmado el año pasado y ya en vigor en algunos de los países, lesionan los derechos considerados básicos.
«Difícilmente esos artículos serán violados en la población estadounidense, porque el Cafta tiene una jerarquía secundaria cuando se trata de leyes federales o de protección a los productores de EEUU. Por otro lado, este mismo contrato tiene carácter institucional en América Central y República Dominicana», destacan.
Según lo que entienden esas organizaciones, las empresas de América Central y de República Dominicana tendrán gran dificultad para entrar con sus productos en las empresas de Estados Unidos.
De ese modo, las diferencias ente los grandes y los pequeños, señalan, serán visibles. El ejemplo de México, que también firmó el tratado con Estados Unidos (Nafta) también fue citado a la Comisión.
La audiencia fue solicitada por organizaciones como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras, Programa América Central de la FLM, Fundación para el Estudio y Aplicación del Derecho, entre otros.
El objetivo fue resaltar la situación de las mujeres, niños, pueblos indígenas y demás ciudadanos a las amenazas a las que estos grupos sociales están expuestos ante acuerdos que no presentan ningún tipo de ventajas para sus países.
«Es posible hacer algo para detener la ambición de las transnacionales, es preciso fortalecer la soberanía, se debe garantizar la aplicación de la ley nacional y se debe proteger al ciudadano y a la ciudadana», afirmaron.
