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Carta abierta a la Corte Constitucional -- Varias organizaciones

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Justicia y paz Colombia

REDA
Seguimos valorando los aportes de la Corte Constitucional en la Protección de Derechos y esperamos que esta actitud se mantenga frente a presiones indebidas por todos conocidos como se conoce del Procurador General de la Nación, que limita derechos en una sociedad que pretende ser justa o de sectores empresariales y del propio gobierno en contra de los derechos de todas las comunidades y de las nuevas reclamaciones de derechos.

Queremos dar a conocer algunas consideraciones sobre la discusión del Marco Jurídico para la Paz y su Acto Legislativo

1. Porque somos víctimas y seguimos viviendo en medio de él, debemos afirmar que valoramos que se haya iniciado un proceso de conversaciones para solucionar el conflicto armado con las FARC y se requiere que se habilite el proceso con el ELN. Pero también decir, que dado la ausencia del cese de hostilidades, seguimos siendo víctimas de las operaciones del Estado y también de los grupos paramilitares que les apoyan, y de actuaciones del movimiento guerrillero. A lo que se suma, la continuidad contra derecho de operaciones empresariales con abusos, violaciones de derechos y daños sociales y ambientales inenarrables.

2. En las discusiones del Marco Jurídico para la Paz nunca fuimos escuchados por el parlamento y el ejecutivo por lo que no es cierto lo que afirman estos actores sobre nuestra participación en esas discusiones. Continúan siendo precarios los mecanismos y las formas de participación local. Reconocer la existencia del conflicto y la promulgación de la ley de víctimas ha sido un avance, pero en la realidad ciertamente limitado, por el fuero penal militar, por la forma como el presidente Santos se ha referido a las víctimas del Palacio de Justicia, al maltrato de las victimas por los agentes del Estado en el caso de Santo Domingo y Cacarica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

3. No experimentamos ni creemos que pueda calificarse de transición a la transacción ocurrida con grupos paramilitares por parte del anterior gobierno. Porque no solamente se ha negado la verdad y la reparación si no que los beneficiarios del paramilitarismo agentes estatales y empresarios, políticos no han sido sancionados. Adicionalmente, porque continúamos viviendo el desarrollo de nuevas estrategias paramilitares .

4. No puede hablarse hoy de justicia transicional y de paz integral si no hay una transición democrática. Esa transición no se observa hoy, tal como lo muestra un modelo social que amplia formas de exclusión, la imposibilidad de deliberación política con el ahogamiento a nuevas expresiones sociales. El espíritu transicional que se invoca es ahogado por los gestos contradictorios del propio presidente, sus actos fallidos sobre temas sociales, y la criminalización y montajes judiciales de los que seguimos siendo víctimas.

5. El Marco Jurídico para la Paz es un aparato constitucional que no es necesario para dar respuesta a los derechos a la Verdad, a la Justicia y la Reparación Integral de las víctimas ni para el juzgamiento de los daños y las conductas contra derecho de los movimientos alzados en armas.

6. Existen disposiciones internas que posibilitan máximo de justicia y también las posibilidades de alternativas para sentencias judiciales. No son necesarias reformas constitucionales, existen mecanismos internos. Renunciar a la persecución penal no hace ningún favor a la construcción de la paz, se requiere la verdad, la justicia y la reparación. Tal como lo expresó la Comisión Ética de la Verdad. Amnistía e indultos son posibles, ese no es el asunto de fondo. El asunto de fondo, es qué tipo de aparato judicial es el que tenemos, de qué hablamos cuando hablamos de justicia. Esos asuntos son los de fondo, Ese aparato judicial en nuestros casos no hace justicia, si no que es aparato de injusticia, que nos persigue, que nos monta procesos. ¿De qué justicia hablamos, la que exime y protege a beneficiarios de la violencia? Esa el la pregunta de fondo. Es un aparato que ha sido para preservar la guerra y los privilegios de unos.

7. Conocemos que la mayoría de hechos delictivos atribuidos a las guerrillas han sido investigados, muchos de los responsabilizados han sido sancionados. Es decir, no ha existido inacción judicial. Si existen, crímenes no esclarecidos se requiere evaluar las razones o no de la eficacia judicial, la definición de procedimientos más activos y la definición de tribunales ad hoc que habiliten la posibilidad del esclarecimiento judicial de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, que como tales puedan ser imputados.

8. El Marco Jurídico para la Paz no diferencia entre delito político y violaciones de derechos humanos. Los primeros atribuibles a las guerrillas, a delitos conexos, cometidos en razón de su alzamiento contra el orden constitucional y las violaciones de derechos humanos claramente atribuidos a los agentes estatales, entre ellos, la constitución de grupos paramilitares. Sobre estos es clara la impunidad.

9. La justicia transicional, que no es el Marco Jurídico para la Paz, que es más que ella, debe partir la diferencia entre los tipos de delitos y debe al máximo identificar los mecanismos de impunidad que cobijan los crímenes de Estado desarrollado por los agentes estatales y sus estructuras paramilitares. Sobre los crímenes de guerra, y otros que contempla el Estatuto de Roma, debe crearse mecanismos ágiles y expeditos, incluso, con el concurso de actores internacionales y de instancias independientes que despoliticen la mirada del aparato judicial interno.

10. La suspensión de condenas y determinadas favorabilidades jurídicas no pueden partir de la indistinción de responsabilidades penales. Una cosa es el crimen de Estado y otra es la comisión de crímenes de alzados en armas y en tal sentido debe asumirse por la Comisión de Verdad que se pueda crear.

Reiteramos que lo que se quiere discutir y definir, es qué es la justicia, qué aparato de justicia es el que requiere la paz con justicia socio ambiental en Colombia, no un remedo de justicia para encubrir responsables institucionales de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Si las guerrillas deben reconocer los derechos de sus víctimas, mucho más el Estado.

11. La Comisión de la Verdad que contempla el Marco Jurídico para la Paz, sobre la cuál de la mano de la Comisión Ética de la Verdad, hemos formulado propuestas no puede sustituir el derecho a la justicia. La verdad histórica no es verdad judicial. Se requiere que estás sean coherentes sí, pero la una no puede sustituir a la otra. La verdad histórica es sustancial para sanción social. Nuestra propuesta de Comisión de la Verdad debe ser conocida, discutida tal como lo hemos intentado plantear en el Movimiento de Víctimas y en sendas comunicaciones públicas al gobierno, a la sociedad y a las guerrillas

12. Si se quiere una justicia transicional se requiere una democracia transicional y esta supone un nuevo Pacto Social, es en ese pacto, fruto de la participación de todas y de todos, sin exclusión que se funda un nuevo aparato judicial para la justicia, el debido proceso y los derechos de las víctimas, en los cimientos de nueva democracia con justicia social, ambiental, que posibilite nuestra participación en escenarios políticos y la reconstrucción de un Estado Socio Ambiental de Derecho
Esperamos que la justicia integral, no solo penal, habilite las posibilidades de la construcción de la paz en una nueva democracia, el perdón es también un derecho, pero este supone verdad y justicia para que Nunca Más se repita, lo que hemos vivido.

Suscriben

• Asociación agroecológica Esther Cayapú, ASOESCA,Trujillo, Valle.

• Asociación agroecológica Koinonia, ASOKOINONIA, Trujillo, Valle.

• Asociación Campesina Agroecológica Huerto Renacer, Sucre, Cauca.

• Asociación agroecológica de familiares víctimas de Playa Rica, ASAVIP, Trujillo, Valle

• Asociación Campesina en la memoria de Dumar Aljure, Mapiripán, Meta.

• Asociación Cultural y Ambiental “Arte y Barro”, Sucre, Cauca

• Asociación de familias víctimas de desplazamiento forzado de Argelia, Cauca

• Asociación de familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales «Sembradores de Paz», San Antonio, Inzá, Cauca.

• Asociación de Trabajadores del Campo ASOTRACAMPO, Galapa, Atlántico.

• Asociación de Víctimas de la Violencia de Riosucio, CLAMORES, Municipio de Turbo, Antioquia.

• Comunidad Civil de Vida y Paz, CIVIPAZ, municipio de El Castillo, Meta.

• Comunidad de Vida y Trabajo “La Balsita”, municipio de Dabeiba, Antioquia.

• Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad, CAVIDA, municipio Riosucio, Chocó.

• Comunidades de Nueva Unión, Pedeguita y Mansilla, Carmen del Darién, Chocó.

• Comunidades de Santa Rosa del Limón y Vigía del Curvaradó, Carmen del Darién, Chocó.

• Consejo comuniatrio y biodiverso El Porvenir, Buenaventura, Valle.

• Consejo comunitario de la comunidad negra del río Naya

• Consejo Regional del Pueblo Nasa del Putumayo, Puerto Asís, Villa Garzón, Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo.

• Escuela de Derechos Humanos Zona de Encuentro, Autonomía y resistencia Nasa, resguardo san Francisco, Toribio, Cauca.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y
Zonas de Biodiversidad de Curvaradó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias de los Consejos comunitarios que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Familias del consejo comunitario de Bijao, Onofre en Pedeguita y Mansilla.

• Familias del consejo comunitario de Nueva Unión en Pedeguita y Mansilla.

• Jóvenes unidos por el Bajo Calima, JUBCA, Buenaventura, Valle.

• Pueblo Kamëntsá de San Francisco, Sibundoy y Colón, Putumayo.

• Resguardo Humanitario Ambiental – Urada Jiguamiandó, So Bia Drua, Pueblo Embera, municipio Carmen del Darién, Chocó.

• Resguardo Biodiverso Santa Rosa Guayacán Pueblo Nonam, Buenaventura, Valle.

• Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, ADISPA, Puerto Asís, Putumayo.

• Zonas de Biodiversidad “Grupo Porvenir”, Puerto Asís, Putumayo.

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