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Campesinos y mineros no aguantan más

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Justicia y paz Colombia

Cuando el país no ha visto una solución a la problemática del Catatumbo, que pasa por presentar alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos, inversión social, inversión en infraestructura y la instauración de una zona de reserva campesina; sectores mineros y cafeteros se manifiestan en defensa de sus actividades económicas.

La respuesta del gobierno ha sido la misma que utiliza ante cualquier manifestación social: señalarla para intentar deslegitimarla, pretender levantarla con represión policial, dilatar la negociación para desgastarla y hacer algunos compromisos que no cumple a cabalidad.

Mineros de Marmato

Los mineros artesanales de Marmato en el departamento de Caldas, aseguran hacer frente a la arremetida de la locomotora minero-energética con un paro desde el pasado 17 de abril. Dicen que los ha obligado a ello la falta de una legislación favorable al pequeño minero tradicional; la imposibilidad de una legalización de esa actividad por la falta de áreas libres para ser adjudicadas; la falta de oportunidades para la legalización negada pese a que muchos mineros llevan más de 13 años en ese proceso; la iniciativa que viene adelantando Minerales Andinos de Occidente, filial de la Gran Colombia Gold, para la integración de áreas de los títulos ubicados en la zona alta del cerro El Burro y sus áreas colindantes.

Asimismo, el paro es una medida en contra de los nuevos decretos expedidos por el Ministerio de Minas que perjudican esa labor porque criminaliza a los mineros sin título; niega la oportunidad de continuar los procesos de legalización; impide a los municipios y a los concejos municipales ordenar en sus territorios los usos del suelo, dejando en manos de la agencia nacional de licencias ambientales y la Agencia Nacional Minera el ordenamiento minero del país.

“La minería de Marmato fue la que pagó la independencia de Colombia, dio la plata para que Bolívar costeara su ejército. Eso muestra lo tradicional que es. A todas las minerías las meten en el mismo costal, no caracterizan al minero colombiano. El nuevo decreto ilegaliza a los mineros artesanales y da potestad para penalizar ese tipo de minería”, explica el antropólogo e investigador, Oscar Palacios.

El oficio se ha heredado por generaciones en esa población de 90 mil habitantes, quienes de manera artesanal han sobrevivido sin que el Estado haya aportado para que se tecnifiquen y generen planes de mitigación de daños ambientales. Allí, la economía de ese municipio y la de varios a su alrededor se basa en la extracción de oro en un 95% y plata en 5%.

Los mineros bloquearon la vía que conduce de Manizales a Medellín pero fueron desalojados de manera violenta por el ESMAD. Ahora, mientras están dialogando la bloquean de manera intermitente por espacios de dos horas.

Por otra parte, los consejos comunitarios y comunidades indígenas y mestizas de Chocó, atendieron el llamado al paro nacional minero indefinido que convocaron la Confederación Minera de Colombia y la Federación de Mineros del Chocó, Fedemichocó, ya que comparten las problemáticas que la política pública minera genera en el país.

Están atentos a las negociaciones.

Incumplen a cafeteros

De otra parte los cafeteros, representados en Dignidad Cafetera, concluyeron que ha habido incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno nacional para levantar el paro realizado hace unos meses.

Entre los puntos incumplidos está que al momento de venta del café se pagará el valor de Protección del Ingreso Cafetero, PIC, al caficultor y, tampoco, en el sentido de que llegue a todos los caficultores. Esta situación es gravísima para los caficultores más vulnerables, en especial para los del sur del país que, además, están recogiendo su cosecha central.

Muchas oficinas del Banco Agrario no están cumpliendo con los programas de normalización de cartera cafetera, en parte por la falta de claridad y coherencia con lo pactado. Además, continúa la persecución a los caficultores para que se sometan a condiciones anteriores a la firma del acuerdo de la mesa de crédito y al cobro de intereses sobre intereses.

También, el Banco Agrario niega la aplicación de parte de los acuerdos a los que se llegó con el gobierno para normalizar muchos créditos de deudores anteriores a 2013 y que fueron excluidos de los beneficios acordados.

Los cafeteros reiteran al gobierno nacional su desacuerdo con la entrega de territorios cafeteros a grandes monopolios mineros que destruyen el agro, atentando contra el paisaje y la producción cafetera.

Con estos argumentos llamaron a un nuevo paro para el próximo 19 de agosto, y aseguran que ya cuentan con el apoyo de los arroceros del Meta y Casanare y esperan respuesta de los cultivadores de Córdoba, los sectores del cacao, la panela, la papa y la caña de azúcar.

Catatumbo

En la zona de Catatumbo las negociaciones no avanzan. Los diálogos se rompieron cuando el gobierno se negó a las solicitudes de los campesinos. Como parte de sus tácticas dilatorias el gobierno había enviado negociadores sin capacidad de decisión, quienes tenían que estar consultando con el Ejecutivo en Bogotá cada uno de los pasos a dar y los compromisos a los que podían llegar. Ahora, se pide que los campesinos levanten el paro para que los emisarios gubernamentales vuelvan a la mesa.

Según César Jerez, “La propuesta consultada con las bases campesinas de esta movilización es si continuarán o no los bloqueos. La gente votó y continuarán hasta tanto el gobierno no entre en sensatez y envíe un equipo coherente para dialogar”.

Apoyo desde el Senado

Desde el inicio de las manifestaciones, la senadora Gloria Inés Ramírez, las apoyó y en comunicado aseguró, “Mientras la “locomotora minera”, que les rinde caudalosas ganancias a las compañías transnacionales a cambio de escasas regalías y de unos pocos puestos de trabajo, deteriora el medio ambiente, sobreexplota a los trabajadores y les deja una secuela de pobreza y enfermedades a muchos colombianos, la pequeña minería es estigmatizada y perseguida con los peores métodos.

“Los pequeños mineros no son delincuentes ni deben ser tratados como tales. Muchos de ellos tienen la minería como una actividad ancestral de la que derivan precarios ingresos que apenas les permiten sobrevivir. Lo que el gobierno debe hacer es prestarles apoyo y ofrecerles alternativas que les permitan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo”.

La solución a la compleja problemática sigue en manos del gobierno nacional, quien no ofrece garantías para la protesta ni posibilidades reales de soluciones. Estas pasan por la revisión y el cambio del modelo, ese que se niega a discutir con la insurgencia en La Habana, pero que cada vez más sectores sociales en las calles de las grandes ciudades y en los campos le exigen cambiar.

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