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Cádiz. Objetivo: desactivar las protestas laborales en Cádiz -- Vanessa Perondi

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Público

Dos años sin barcos. Manifestaciones por las ciudades, movilizaciones, marchas desde las tres plantas (San Fernando-Puerto Real y Cádiz) hasta la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, exposición de los trabajos realizados por Navantia San Fernando en sus 300 años de historia y hasta donaciones de alimentos. Más de 30 movilizaciones desde octubre de 2011. El pasado 14 de noviembre, Gas Natural confirma que sus gaseros van a ser construidos por astilleros asiáticos. Se recrudece el conflicto entonces. “De momento, estamos al lado del Gobierno pero si se confirma que nos están engañando, pasarán a ser nuestros enemigos”, declaró entonces el presidente del comité intercentros, José Antonio Oliva.

La plantilla de Puerto Real reacciona. También lo hace la de San Fernando pero la falta de la autorización de la Subdelegación del Gobierno les impide realizar formalmente la protesta. Aun así, la llevan a cabo. Sin aspavientos y sin trifulcas y, en cualquier caso, bajo una multa de hasta 30.000 euros. La plantilla de Cádiz corta simbólicamente la carretera industrial. En suma, manifestaciones que van subiendo el tono sin llegar al estallido. Tras varios cortes que mantienen el puente Carranza cerrado al tráfico hasta siete días, el jueves 12 de diciembre la plantilla de Puerto Real se encierra en la factoría y decide concentrarse en la puerta por la tarde.

Los trabajadores desisten de cortar el puente pero diez jóvenes lo hacen por su cuenta y destrozan señales de tráfico y farolas dejando impracticable la vía de comunicación. No hay actuación policial, no hay limpieza y el tráfico no queda restablecido hasta casi las doce del mediodía del viernes. Pero ese mismo jueves, sí detienen a estos diez jóvenes de Puerto Real que, según fuentes policiales, tienen un largo historial de antecedentes penales y que, efectivamente, no son trabajadores de astilleros. Dos salen en libertad y los ocho restantes continúan en prisión preventiva y sin fianza. Hasta hoy.

Históricamente, ese puente, que da acceso a la capital gaditana desde Puerto Real, ha sido escenario de la lucha de los trabajadores de astilleros y del sufrimiento de millones de ciudadanos pacientes, o no, que han aguantado estoicamente colas kilométricas, retrasos e, incluso, días perdidos de trabajo. Los obreros lo saben, piden disculpas a la población pero alegan que si no fuera por estos incidentes, no les harían caso. Ahora se enfrentan además a la desconfianza de la gente al ver que, en esta situación de crisis, sus destrozos son cuantificados en 300.000 euros, según el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, y que provocan el cierre del tercer carril del puente ralentizando el tráfico. ¿Pero por qué tantos días?

Ni siquiera en los episodios más graves en la historia de los astilleros gaditanos, la respuesta judicial ha sido tan dura como la de ahora. Cierto es que hubo detenidos. Juicios, multas, penas de cárcel pero “nunca antes un trabajador ha estado más de dos noches en un calabozo”, explica Ramón Linares, presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real. “Tienen orden -continua- del Gobierno de paralizar las movilizaciones en Cádiz porque somos muy molestos”.

CUANDO ARDIÓ CÁDIZ

Hace 17 años el mismo escenario: el puente. La situación, más grave y, sobre todo, más clara. La Dirección de Construcción Naval (DCN) informaba del cierre del astillero de Cádiz y una drástica reducción del de Puerto Real. Las plantas de Cádiz y Puerto Real pertenecían a Astilleros Españoles SA (AESA) y aún no se había producido la fusión con los astilleros militares de la Empresa Nacional Bazán, como el de San Fernando, que luego daría lugar a Izar. Fue antes de eso, en 1995. Un año que será recordado por todos los gaditanos por vivir uno de los otoños más calientes en lo que a lucha obrera se refiere. Antes, en pleno verano, 100.000 ciudadanos se echaron a la calle el 16 de julio a defender la continuidad de sus astilleros (Cádiz y Puerto Real), según recogía la prensa local del momento. La tercera reconversión industrial se ceñía sobre la Bahía después de haber perdido 5.000 empleos. Ésta afectaba a nueve centros de seis comunidades autónomas, dos en Andalucía: Cádiz y Sevilla.

El 4 de septiembre de 1995, el astillero gaditano se queda sin barcos y comienza la guerra: corte del puente Carranza, de la carretera industrial, la vía del tren e, incluso, cierre del puerto de Cádiz con una cadena humana en el agua. A Sevilla también fueron para manifestarse con sus compañeros de AESA en una protesta que terminó con carga policial. Pero todo se desborda cuando la DCN anuncia el cierre definitivo de la planta gaditana y 1.300 personas a la calle. Entonces, arde Cádiz. Tres fechas clave: el 14 de septiembre, la sede provincial del PSOE, en la calle Ancha, es atacada, es objeto de pedradas y cócteles molotov que terminan por quemarla. Las barricadas se extendieron por toda la ciudad y las calles del centro se convirtieron en escenario de luchas entre agentes de la Policía Nacional y trabajadores. Y así, hasta extramuros, donde se registraron fuertes cargas policiales en la barriada de la Paz y en el Cerro del Moro. La prensa de entonces recoge lo que se ha repetido después como una leyenda urbana de Cádiz: “La gente tiraba a la Policía objetos desde las ventanas”. Tal cual.

Al día siguiente, viernes 15 de septiembre, la lucha en la ciudad continuó. Por su parte, los trabajadores de Puerto Real, cortaron el puente Carranza de manera consecutiva -operarios de los turnos mañana, tarde, noche- durante más de 25 horas. El balance fue de dos trabajadores y tres policías heridos y 14 jóvenes detenidos. El sábado se limpió el puente y se abrió al tráfico a las nueve de la noche. Las autoridades cuantifican los daños en la ciudad de 100 millones de pesetas y de tres en el puente. Aún quedaba lo peor. Cuatro días después, el 19 de septiembre, se produce una batalla campal en el puente que se recrudece cuando los trabajadores atacan la torre de control. El enfrentamiento es tan grave que seis policías resultan heridos y un trabajador pierde un ojo. Los daños ascienden a 20 millones de pesetas. A partir de entonces, el puente es custodiado por los antidisturbios con la intención de evitar la puesta en peligro del sistema de control de los tramos móviles, explicaba entonces el gobernador civil, el socialista César Braña.

La intención inicial de cerrar la planta gaditana y despedir a 1.300 trabajadores quedó, tras los meses de movilización, en la pérdida de 500 puestos de trabajo en la Bahía en la que sería la tercera reconversión naval. Un triunfo, a medias.

Nueve años después, en 2004, los tres centros -Cádiz, Puerto Real y San Fernando- unidos en la misma empresa, Izar, se enfrentan a un nuevo recorte y cierre. Y otra vez con el PSOE. Bruselas exige la devolución de las ayudas que el anterior Gobierno del PP concedió ilegalmente y esto pone a la empresa pública en una situación delicada. La solución: cerrar centros públicos civiles. En la Bahía, el de San Fernando, precisamente el que ha sido militar desde hace tres siglos, pasa a formar parte de la lista de desahuciados y de astilleros civiles que se iban a privatizar. La población isleña es ahora la que se echa a la calle en apoyo de sus trabajadores, que cortan la carretera CA-33 que une Cádiz con Chiclana y las traviesas del tren, impidiendo la circulación ferroviaria. El conflicto volvió a producirse en otoño y la lucha se prolongó durante cuatro meses. También hubo enfrentamientos duros en Cádiz y en Puerto Real, otra vez en el puente Carranza. En San Fernando, los cortes de carretera no tienen respuesta policial inmediata pero el incidente con la conexión ferroviaria provoca que el subdelegado del Gobierno de entonces, Sebastián Saucedo, ordene la intervención de las fuerzas de seguridad.

No hubo el despliegue de 1995, cuando se desplazaron a Cádiz 240 agentes antidisturbios de Málaga, Sevilla y Madrid y hasta un helicóptero de vigilancia, que los trabajadores bautizaron como el de Tulipán. Pero los enfrentamientos en San Fernando en 2004 llegaron a alcanzar momentos de intensa violencia. Sin embargo, la ubicación de este astillero, alejado de la ciudad, provocaba que estas batallas campales entre trabajadores y policías pasaran desapercibidas para la población porque los agentes no les dejaban casi salir de la factoría. En cualquier caso, la ciudadanía respondió y protagonizó una manifestación nunca antes vista en el municipio. Así que, en diciembre de ese año, llegaron los acuerdos que dotaron a los astilleros de la Bahía de pedidos militares que los mantenían casi hasta 2012: reparaciones, el Buque de Aprovisionamiento de Combate (BAC) y los Buques de Acción Marítima (BAM) para San Fernando y Puerto Real, como pedidos más importantes.

“NOS TENDRÁN QUE LLEVAR A TODOS A LA CÁRCEL”

Los trabajadores echan la vista atrás y no recuerdan una represión tan grande a sus protestas como la que están sufriendo ahora. Sobre su apoyo a los detenidos tras desmarcarse de los actos vandálicos que éstos protagonizaron en el puente, el presidente del comité de empresa de Navantia Puerto Real aclara: “Efectivamente, dijimos que no teníamos nada que ver con esas acciones pero no los vamos a dejar solos. En todo caso, entendemos la frustración de los jóvenes, porque sin Navantia, la Bahía se muere. ¿Qué empresa es capaz de generar tanto trabajo?”.

De eso se encargó el presidente del comité de Navantia San Fernando, José Antonio Oliva. De recordar lo que significan los astilleros, en la marcha que el pasado jueves tuvo lugar en la ciudad con el apoyo de una representación de las plantillas de Puerto Real y Cádiz y de las familias de los ocho detenidos. 8.500 empleos en seis años, catorce buques construidos, más de 200 millones de euros para empresas de la Bahía: “Eso somos y eso queremos seguir siendo. Queremos trabajar, no queremos caridad ni limosna. Por eso seguiremos, aunque seamos molestos y aunque nos quedemos solos”. El representante sindical también pidió la libertad para los ocho. “Si no, nos van a tener que llevar a todos a la cárcel”, gritaba un espontáneo. Para Oliva, “esto responde a una línea política clara del Gobierno del PP. La Policía la manda la Subdelegación”, pero advierte, “hasta para ser autoritarios, hay que ser flexibles”.

Oliva sabe bien de lo que habla. Es uno de los tres imputados, ahora por la vía de lo penal, por los incidentes ocurridos en San Fernando en 2012 en la movilización por las calles del centro. Entonces, “hasta catorce lecheras” nos esperaban y la policía actuó “brutalmente” contra los trabajadores. Vecinos asomados a sus balcones increpaban a los agentes por su actitud. Y ahora, han sido informados de que la Fiscalía entiende los hechos constitutivos de un delito y no de falta. “Estamos peor que si estuviéramos en guerra. Quieren criminalizar a los trabajadores y tienen que permitir que la Bahía pueda expresarse”, sobre todo, “en la situación que estamos”, aclara otro de los históricos del astillero de San Fernando, Francisco Sobrero.

Una situación que empeora por momentos. La planta de San Fernando aún puede aguantar con las lanchas de desembarco para Australia hasta 2015 pero les preocupa no poder generar más empleo para la industria auxiliar. La de Cádiz, dedicada a reparaciones, se mantiene, pero la de Puerto Real no tiene pedidos de ninguna clase. La opción de los gaseros era su esperanza y se ha esfumado. El Gobierno habla de un quinto al que va a optar Navantia. “Nos lo tienen que demostrar porque no nos creemos ya nada”, dice Linares. Y aunque fuera cierto, no sería hasta 2016 cuando empezaría a construirse. “Ninguno queremos decirlo, pero la empresa no podría aguantar hasta ese año”. De hecho, ya está en quiebra técnica, explica Oliva, por lo que muchos trabajadores temen que todo esto suponga una “reconversión encubierta”. “Van a dejar a tres gatos para desactivarnos y que perdamos fuerza”. Pero la gente del naval es dura y el jueves lo recordó el representante sindical: “Vencidos puede, pero de rodillas, nunca”.

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