Hacía un año que no se reunía la Comisión Mixta Iglesia-Gobierno. Lo hizo ayer y lo único conseguido fue la celebración misma de la reunión. Eso sí, en un «ambiente de cordialidad», pero sin resultado alguno.
El único acuerdo es darse un plazo de 10 días para volver a reunirse y tratar de limar las profundas «discrepancias» que enfrentan al Ministerio de Educación y a la Conferencia Episcopal sobre el desarrollo reglamentario de la LOE respecto a la enseñanza de Religión y al profesorado que la imparte.
La nueva ministra de Educación, Mercedes Cabrera, acompañada por el secretario y el subsecretario de su Ministerio, Alejandro Tiana y Fernando Gurrea respectivamente, recibió durante hora y media a una delegación de la Conferencia Episcopal, encabezada por su vicepresidente, cardenal Antonio Cañizares, acompañado del obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez, del secretario del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, y del director del secretariado de la comisión episcopal de Educación, Modesto Romero. Faltó, como ya es habitual, el máximo responsable de estos asuntos en el Episcopado, el obispo de Málaga, Antonio Dorado.
Según Gurrea, la reunión transcurrió «en un ambiente de voluntad de conciliación, trabajo y acuerdo». Para el padre Martínez Camino, «se nos ha escuchado con atención». Y según la nota emitida por los obispos, «se ha dialogado sincera y constructivamente».
Cordialidad, pues, en las formas, pero profundo desacuerdo en cuanto al fondo. Los obispos siguen repitiendo que «la LOE no cumple los acuerdos con la Santa Sede». Y, por eso, según su secretario general: «¡Ojalá pudiésemos derogarla!», pero «no nos queda otro remedio que intentar que los flecos que quedan abiertos no se desarrollen unilateralmente, sino de forma acordada y consensuada».
A los obispos no les gusta en absoluto la ley, pero saben que ya está aprobada. «No estamos pidiendo al Gobierno que cambie la LOE. No pedimos imposibles», explica el portavoz episcopal, pero sí quieren consensuar su aplicación. «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos», señaló Martínez Camino, parafraseando al conde de Romanones.
La Iglesia está especialmente atenta al desarrollo reglamentario de las disposiciones 2ª y 3ª de la LOE, que tratan de la asignatura de Religión y del profesorado que la imparte.
Los obispos quieren que la Religión sea una asignatura «equiparable a las fundamentales» o, dicho de otra forma, «una asignatura reglada con las siguientes condiciones: horario, evaluación, rigor académico y profesorado adecuado», explica Camino. En definitiva, lo que más temen los obispos es que la clase de Religión no tenga alternativa o se imparta en los centros, pero fuera del horario escolar.
El otro temor del Episcopado es perder el control absoluto que hasta ahora tenía sobre los 13.000 profesores de Religión. Según la nueva ley, la remoción de estos profesores «se ajustará a derecho» y su contratación laboral será con las administraciones educativas y de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores.La propuesta para la docencia corresponderá a las confesiones y «se renovará automáticamente cada año».
En cambio, el Gobierno quiere que los profesores sólo dependan de la Iglesia para proponerlos de una vez por todas, pero no para pagarlos ni para quitarlos. Las espadas siguen en todo lo alto en torno a la cuestión religiosa en la escuela pública.