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Brasil, un destino incierto. Pandemia y política antisocial, un coctel explosivo -- Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza

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Atravesado por una crisis política e institucional significativa, jaqueado por la
pandemia que supera ampliamente la centena de miles de infectados, con la puerta amazónica de Manaos declarada en colapso sanitario y funerario, la lupa de la comunidad internacional lo observa críticamente. No solo por las centenas de decesos diarios en el mes de mayo -superando las 12 mil muertes por el COVID-19*-, sino por las políticas oficiales de extrema desatención social.

“Las políticas de austeridad en Brasil ponen en riesgo millones de vidas”
denunciaron dos personalidades de las Naciones Unidas, en un comunicado
( https://news.un.org/es/story/2020/04/1473622 ) divulgado recientemente en Ginebra.
Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente argentino en derechos humanos y
el australiano Philip Alston, relator especial sobre la pobreza extrema, constatan que
el sistema sanitario del país sudamericano está sobrecargado y no consigue
proteger el derecho a la salud y la vida de millones de brasileños. Y sugieren
necesaria la derogación de la Enmienda Constitucional del 2016, que, junto con
otras medidas de austeridad, son contrarias al derecho internacional en cuanto a
derechos humanos.

La Enmienda número 95, también conocida como la PEC do Teto, promulgada
finalmente por el Congreso el 15 de diciembre del 2016, impuso un techo al gasto
público en Brasil para los próximos 20 años.
A nivel de ejemplo, señalan los expertos, sólo el 10 % de los municipios brasileros
tienen camas de cuidados intensivos y el Sistema Único de Salud no cuenta hoy, ni
siquiera, con la mitad de las camas de hospital recomendadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

“Los Estados de todo el mundo deberían construir un futuro mejor para sus
poblaciones, no fosas comunes”, señalan los dos expertos. Quienes insisten en que
“los recortes del Gobierno al financiamiento han violado las normas internacionales
de derechos humanos”, incluyendo el derecho a la educación, la vivienda, la
alimentación, el agua y saneamiento, así como a la igualdad de género. “El brote de
COVID-19 ha magnificado los impactos adversos” de esa política de reducción del
gasto público, indican.

Historia de un ajuste antisocial

¿Una postura retórica más de parte de la comunidad internacional o una advertencia
severa? Sobre todo, se infiere del tono de la crítica, un enojo ascendente, ante la
impermeabilidad de la administración brasilera que desde tiempo hace oídos sordos
a las sugerencias provenientes de las organizaciones internacionales.

Ya a inicios de agosto del 2018, un grupo de expertos onusianos -entre los que se
encontraba el mismo Bohoslavsky- habían expresado “que Brasil debe colocar los
derechos humanos por sobre la austeridad”. Apuntaban entonces al aumento de las
tasas de la mortalidad infantil, por primera vez en 26 años, en aquel entonces en el
contexto de la epidemia de Zika y de la crisis económica
( https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23426&LangID=E )

“La gente que vive en situación de pobreza y otros grupos marginalizados están
sufriendo desproporcionalmente como resultado de medidas económicas rigurosas
en un país que ya fue ejemplo de políticas progresistas de reducción de pobreza y
de promoción de la inclusión social”, enfatizaban. Para ubicar el momento político, el
3 de agosto del 2018, día de ese pronunciamiento de los expertos de la ONU, dirigía
el país Michel Temer, que había llegado al Palacio de Planalto en Brasilia dos años
antes, luego de la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff, que, con la
fisonomía de un Golpe de Estado institucional, cerraba abruptamente 13 años de
gestión gubernamental del Partido de los Trabajadores, con Lula da Silva y Dilma
Rousseff.

Anticipando la declaración del 27 de abril del 2020, el documento de la ONU de
agosto de 2018 subrayaba que algunas de las decisiones de política financiera y
fiscal de los últimos años afectan derechos esenciales, entre los cuales, el acceso a
la vivienda, a la alimentación, al agua y alcantarillado, a la educación, a la seguridad
social y la salud. Situación que amplía las desigualdades preexistentes, explicaba el
grupo de personalidades de la ONU, integrado también por el brasilero Léo Haller
(derechos humanos y agua); la croata Ivana Radacic (discriminación contra la
mujer); Hilal Elver de Turquía (alimentación); la canadiense Leilani Farha (derecho a
la vivienda), Koumbou Boly Barry de Burkina Faso (educación) y Dainius Puras, de
Lituania, (salud física y mental).

Según el análisis realizado entonces, las mujeres y los niños se encontraban entre
los más afectados por el ajuste estructural en marcha. Así como los
afrodescendientes, las poblaciones rurales y la de asentamientos informales.

Agregando que Brasil, que “fue campeón en la lucha contra el hambre y la mal
nutrición”, ve como se han revertido importantes políticas de seguridad alimenticia.
En el área de la vivienda, agrega, el “importante programa Mi Casa, mi Vida, sufrió
cortes drásticos”. Con respecto al agua y saneamiento sanitario, el presupuesto
“será reducido en un tercio”, según las previsiones de 2018.

La seguridad alimentaria amenazada
La de afuera no es la única mirada sobre el país sudamericano. “En un futuro
próximo el coronavirus dejará un lastre terrible en nuestra sociedad: se profundizará
el escenario de la pobreza, la falta de empleo, de acceso a los alimentos básicos.
Será difícil para la gente intentar de vivir con dignidad”, señala Djalma Costa, un
activo dirigente social urbano y defensor de derechos humanos de San Pablo, el
Estado más golpeado con más de un 40 % del total de casos del país.

La crisis planetaria, en general, y la de mi país en particular, no tienen precedentes.
Tendrá un impacto enorme en la vida de los más pobres, que ya viven marginados y
sin lo básico para sobrevivir. Pienso que la seguridad alimentaria constituirá la
preocupación principal en el futuro cercano, enfatiza Costa, quien participa también
en la dirección de un Centro de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes en el
suburbio de Interlagos y coordina el programa Brasil de la ONG suiza E-CHANGER.
Adicionalmente, toda la salud de la población brasilera saldrá afectada.

Difícil predecir todas las enfermedades que se agudizarán a causa de esta situación,
reflexiona Costa. “Sin olvidar, el impacto sobre la salud mental de la población. Esta
crisis sanitaria y sus corolarios, seguirán matando mucha gente”.
Además de esta crisis sanitaria y social, completa el dirigente social, “el país carece
de un liderazgo nacional confiable que esté a la altura de los acontecimientos para
hacer frente a los desafíos impuestos por esta situación.

El presidente Jair Bolsonaro se comporta como un enemigo de la gente.
Constantemente actúa contra las autoridades de los Estados y del Distrito Federal
en su lucha contra la pandemia. Y subestima a los responsables de la salud pública.
La política hacia los pueblos indígenas es horrorosa y las señales nefastas que nos
llegan del impacto del virus en la Amazonia en general, en Manaos en particular, da
miedo”.

Adicionalmente, la ayuda financiera para la gente más pobre demoró mucho en
concretizarse y no se elaboró un banco de datos eficiente que permitiera que la
misma, llegue realmente a quien más la necesita, explica el dirigente social.
¿Señales de esperanza? En esta coyuntura todo es muy relativo, responde Djalma
Costa. “Mi optimismo se alimenta en la capacidad popular de recomenzar, de
reinventarse, aunque en este momento el desánimo impacta enormemente a
amplios sectores sociales”. Si algo nos alienta, concluye, es pensar “que allá, en el
horizonte, la lucha seguirá siendo nuestra compañera cotidiana”.

*el 12 de mayo se registraron 942 muertes en Brasil a causa del COVID-19. Para esa fecha se
contabilizaban 178 mil infectados y cas 12.500 decesos

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