«Pretendíamos realizar un gesto más ante la opinión pública y solicitar la mediación de la Iglesia»
(Eubilio Rodríguez, sacerdote de Madrid).- ¿De qué, de quiénes, estamos hablando?. L. es un ecuatoriano, trabajaba en la construcción, pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Confiado en su sueldo y en las enormes facilidades del banco, firmó una hipoteca con el aval de sus hermanos, también trabajadores de la construcción.
Se quedaron sin trabajo. Al no poder hacer frente a la hipoteca, le han desahuciado de la vivienda, pero tiene que seguir pagando aún, por la tasación fijada por el banco según el valor del piso en el momento de la firma, no según el valor actual. Tiene que hacer frente aún a unos 200.000 euros de deuda. Así cientos de miles de familias inmigrantes y españolas.
En las últimas décadas, la vivienda ha sido el gran negocio de entidades financieras, promotoras, constructoras. La vivienda, bien de primera necesidad y derecho constitucional se ha convertido en el más lucrativo de los negocios, al que los trabajadores se han visto obligados a acceder endeudándose muy por encima de lo normal.
De 2000 a 2007 el precio del metro cuadrado creció en un 106%, mientras que los salarios nominales (no la capacidad adquisitiva real que incluso descendió) solamente crecieron el 8 %. De esta manera – según el Banco de España – si en 2002 casi la mitad de las familias dedicaban el 40 % de su renta al pago de la vivienda, en 2005 debían dedicar ya el 71 % y el porcentaje siguió creciendo hasta el estallido de la burbuja. Para facilitar el negocio de los bancos, el anterior gobierno del PP redujo en un 30 % la construcción de viviendas de protección oficial.
De esta manera, la banca española y extranjera (acreedora de la española) con su orgía de créditos, han tenido unos años de beneficios extraordinarios. «El crédito total a residentes pasó de 701.663 millones de euros en 2002 a 1,8 billones en 2008. Un incremento gigantesco del negocio de la banca que en un 70 % fue dirigido a la construcción o actividades colindantes; a alimentar la burbuja inmobiliaria que se formaba en el proceso de constante revalorización de inmuebles.» (V.Navarro, J. Torres,A. Garzón, «Hay alternativas»Ed. Sequitur, 2012)
Ahora sus activos inmobiliarios se han derrumbado y sus acreedores -alemanes y franceses principalmente – exigen que los bancos españoles les paguen su deuda. Pero la carga se va trasladando hasta los últimos y más débiles eslabones de la cadena, familias inmigrantes y españolas, a costa de lo que sea. A costa, entre otras cosas, de dejar a muchas familias en la calle y con una deuda que les hipoteca para toda la vida a ellos y a sus avalistas.
B.- La Plataforma
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha constituido para defenderse de la voracidad de las entidades financieras que pretenden cargar sobre las espaldas de los trabajadores todo el peso de la situación. En los últimos meses, con el apoyo de las asambleas del 15-M y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid han conseguido aplazar algunos desahucios y cambiar n algunos casos las condiciones de ejecución de la hipoteca.
Pero la legislación, consecuencia del gran poder que los bancos tienen en nuestro país, sigue siendo básicamente la misma.
En la actualidad están realizando la campaña de recogida de firmas por una Iniciativa Legislativa Popular para que el Parlamento reconozca legalmente la dación en pago, como forma de saldar su deuda, como ya está reconocida en muchos países. Y están sensibilizando a la opinión pública para apoyar esta campaña. En este marco se decidió el encierro en la catedral de la Almudena de Madrid del viernes 29 de Junio.
En el Manifiesto que distribuyeron se decía : «Todos los poderes de este país están dedicados a rescatar a los bancos y cajas que disfrutaron de la burbuja inmobiliaria, bancos y cajas que vivieron una desenfrenada época de titulizaciones de hipotecas basura y que recurrieron a prácticas deshonestas e inmorales que condujeron a la gran estafa hipotecaria, arruinando a millones de familias trabajadoras que necesitaban un bien de primera necesidad como la vivienda.
En la actualidad, gracias a la acción judicial, las ejecuciones hipotecarias y los deshaucios están incrementando aceleradamente la cantidad de familias marginadas y arrojadas a la exclusión social, incumpliendo o estipulado en los tratados internacionales de derechos humanos y garantizando el poder de los banqueros sobre los derechos de las personas. … … …
Así pues, nos vemos obligados a levantar nuestra voz para exigir :
Dación en pago con efectos retroactivos
Paralización de los desahucios
Alquiler social
Investigación y sanción a los culpables de la estafa hipotecaria.
Demandamos ser recibidos por representantes del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Gobernador del Banco de España y por un representante del Gobierno.»
C.- El encierro
Estos fueron los motivos del encierro en la catedral de la Almudena. Las reacciones de la opinión pública han sido diversas. Quiero responder a algunas. Hay quienes, aún considerando la causa y la acción justificadas, piensan que no es la catedral el lugar adecuado para llevarla a cabo. Lo consideran como una manipulación e instrumentalización del espacio religioso para algo que no es propio del templo. Que en una sociedad democrática ya hay otras instancias donde acudir para plantear y solucionar estos problemas.
Nosotros pensamos que , efectivamente, hay otras instancias donde acudir, pero los que integran la Plataforma y los cientos de miles de afectados por los deshaucios, en su mayoría trabajadores inmigrantes, no disponen de cauces donde hacer valer sus derechos de manera efectiva. Los únicos que hasta ahora les están apoyando son las personas integradas en diversos movimientos sociales.
Han planteado la Iniciativa Legislativa Popular para sensibilizar a la opinión pública, pero me temo que, como en otras ocasiones, su presentación en el Parlamento no servirá para mucho; ya que la influencia de los bancos en la legislación hipotecaria de este país es determinante.
Al encerrarnos en la Almudena pretendíamos realizar un gesto más ante la opinión pública y solicitar la mediación de la Iglesia. No creemos que ello suponga instrumentalizar su misión. Los responsables de la catedral insistían en que «el templo está hecho para orar, no para acciones de este tipo».
Pero tradicionalmente los templos, y la Iglesia en general, también se han ofrecido como lugar de refugio a todos aquellos que sufrían exclusión social. Considero que este es el caso en estos momentos en que, a pesar de vivir en instancias formalmente democráticas, cada vez más los mismos poderes políticos están de hecho sometidos a la voluntad de una minoría de entidades financieras.
En una sociedad cada vez más sometida a poderes económicos despiadados, a una real dictadura de las entidades financieras españolas e internacionales, me parece que esta función de la Iglesia no ha perdido ninguna actualidad. Aunque lo deseable fuera, efectivamente, que todos los grupos sociales tuvieran la capacidad y las plataformas suficientes para defender su dignidad y sus derechos, sin tener que recurrir a instancias religiosas, la realidad está lejos de ser esa hoy y aquí.
Se nos dice también que la Iglesia ya está haciendo todo lo que puede en la atención diaria de tantos despachos parroquiales de Caritas y con sus proyectos de ayuda a la vivienda para personas en exclusión. Y los curas del Foro somos los primeros en vivirlo cada tarde en nuestras parroquias.
Pero la actuación de la Plataforma pretende reivindicar algo más que ayudas puntuales y asistenciales. Pretende encontrar una salida global, política, a un problema ante el que las mismas Caritas de las parroquias se ven desbordadas . Y pretende reivindicar, sobre todo, su solución como resultado del reconocimiento de un derecho fundamental de toda familia a la vivienda, para construir su hogar.
Quieren sentirse sujetos activos, ciudadanos con toda su dignidad, no simples objetos de asistencia social. Tendrán que acogerse a la beneficencia cuando no les quede otro remedio. Pero no renuncian a sus derechos fundamentales como personas humanas y como trabajadores que participan en la creación de riqueza . De una riqueza más real que los que no hacen otra cosa que alimentar, con el dinero de todos, operaciones especulativas, burbujas inmobiliarias, alimentarias, etc. etc.
No se puede hacer depender la dignidad y los recursos de las familias de la mera buena voluntad de las instituciones asistenciales y degradar los derechos fundamentales hasta hacer depender su implementación de la compasión de la buena gente.
La doctrina de la Iglesia en este sentido es clara : «El servicio de la sociedad a la familia se concreta en el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de la familia, Todo esto requiere la realización de auténticas y eficaces políticas familiares» (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2211)
Para ello es preciso que el sistema financiero esté al servicio de los ciudadanos . Ya Pio XI en la gran depresión del 1929 denunciaba » el dominio de los que se apoderan de las finanzas y señorean sobre el crédito administrando a su voluntad y arbitrio la sangre de la que vive toda la economía, de modo que nadie puede respirar contra su voluntad»(«Quadragessimo anno», nº 109)
Justamente la primera lectura de la fiesta de San Pedro y Pablo que celebrábamos el día del encierro presenta a Juan y Pedro encontrándose con un lisiado de nacimiento pidiendo en la puerta del templo. Y al que sólo esperaba una limosna más «Pedro se le quedó mirando y le dijo : – Plata y oro no tengo, lo que tengo te lo doy: en nombre de Jesús Nazareno, echa a andar» (Hech. 3 / 1-6).
Se trata, no principalmente de ejercer la beneficencia, sino de que los lisiados y desahuciados de la vida y la sociedad se pongan en pie, echen a andar y recuperen su dignidad personal , familiar y colectiva.