El Congreso pide que se entreguen a España a los responsables del genocidio de Ruanda.
Los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad, el 11 de noviembre, en la Comisión de Exteriores del Congreso, una proposición no de ley por la que instan al Gobierno a activar los mecanismos necesarios para que se entregue a España a los militares acusados de las masacres en los años 90 en las zonas de Ruanda y los Grandes Lagos.
La Audiencia Nacional ya ha procesado a 40 de los supuestos responsables de estos genocidios, que habrían causado la muerte, entre otros, de nueve españoles entre 1994 y 1997.
Esta iniciativa de CiU pide que el Ejecutivo de Zapatero ?siga contribuyendo?? a que se mantenga una investigación ?plena, objetiva e independiente del atroz asesinato?? de estas nueve personas y del resto de fallecidos en las masacres. El pasado 6 de febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ya ordenó la detención de 40 militares de la Armada Patriótica Ruandesa como presuntos responsables de crímenes internacionales de genocidio, crímenes contra la humanidad, y de guerra y tortura. Sobre ellos pesan órdenes de arresto internacional tramitadas ya por la Interpol y el sistema europeo Sirene.
No obstante, según denunció el diputado Jordi Xuclà, nueve de estos procesados ocupan actualmente ?puestos clave y de cierta relevancia política y diplomática fuera de las fronteras de Ruanda??. Entre ellos, se encuentra por ejemplo el embajador ruandés en la India. Además, otros forman parte de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU y de la Unión Africana para Darfur.
También el diputado José Ignacio Landaluce mostró el respaldo de su grupo a la proposición e insistió en que se haga una investigación ?exhaustiva?? de los hechos para poder capturar a los culpables y adoptar todas las medidas posibles para preservar a los cooperantes, puesto que de los nueve asesinados en Ruanda, seis desarrollaban labores humanitarias. La misma idea compartió el diputado Aitor Esteban, quien pidió además la comparecencia del general español Vicente Díaz de Villegas, que ocupó la jefatura militar de la misión de la ONU para el Congo durante cinco semanas.
Esa justicia fue la que pidió, antes de la reunión de la Comisión, Jordi Palau, abogado de las nueve víctimas españolas y de varias ruandesas, que mostró su satisfacción por la iniciativa. A su juicio, el Ejecutivo, además de tramitar la extradición de los responsables para que sean juzgados en nuestro país, ?puede hacer mucho políticamente?? para que los procesados sean puestos finalmente en manos de la justicia.
VV/Agencias
KINSHASA: El director del Centro de Estudios Para la Acción Social (CEPAS), Ferdinand Muhigirwa, jesuita congoleño, ha explicado que, «si la comunidad internacional lo quisiera realmente, la guerra en la República Democrática del Congo terminaría en pocos días». Además es el sentir de la Compañía de Jesús. ?Está claro que la raíz del conflicto son los minerales, de los que se benefician las empresas mineras y los países extranjeros, pero no la población autóctona que se ve obligada a vivir con menos de un dólar al día??.
El CEPAS se dedica, entre otras cosas, a garantizar el aprovechamiento de los recursos minerales de la zona y a tratar de que se dé un reparto equitativo de la explotación del suelo que beneficie a la población. «Es necesario llegar a un equilibrio entre lo que extraen la compañías mineras y lo que percibe el Gobierno, para que éste pueda invertirlo en la población, con la creación de infraestructuras y la concesión de prestaciones sociales». (E. Press)