El Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, pidió a los senadores estadounidenses que se haga efectiva la esperada reforma migratoria, recordándoles al mismo tiempo que dicho país fue constituido por inmigrantes. Las valoraciones del prelado católico se dan en el marco de la discusión de la reforma migratoria, la cual será retomada por el Senado la próxima semana: «En el caso de Estados Unidos hay que recordar que todos los que están en el Senado son inmigrantes o viejos inmigrantes», expresó.
Para el religioso, «La Tierra es el planeta para ser habitado por la gran familia humana, por lo tanto, debe haber una apertura para la migración, que sin embargo debe estar regulada por los diversos países, pero no para rechazarla sino para canalizar esta necesidad de trabajo que la gente tiene», agregó.
Además, consideró que «debe haber una legislación oportuna, pero teniendo en cuenta el principio general de que todos somos hermanos y que debe haber una ayuda considerable a quien necesita emigrar». Asimismo, dijo que «es lamentable que haya bastantes emigrantes que están moviéndose fuera de la Ley, lo cual está haciendo un daño a la buena fama de los otros emigrantes que son buenos trabajadores».
Por su parte Monseñor Sáenz Lacalle, elogió la gestión del Presidente George W. Bush «por el esfuerzo máximo que está haciendo para que se ablanden las condiciones y se permita la migración a mano de obra que debe estar, primero cualificada, y por otra parte que debe ser respetuosa con las Leyes estadounidenses».
También mencionó que «es mayor el beneficio que los países reciben a través de las remesas… ojalá que haya una buena voluntad y se consiga pronto una Ley que regule mejor y con mayor amplitud la estabilidad de los migrantes», concluyó él religioso.
En cuanto al tema de la prevención de jóvenes, el Arzobispo aseguró que los problemas de violencia y delincuencia que vive el país no son de exclusiva responsabilidad del gobierno, sino «de toda la sociedad». Según el religioso, en el país debería existir una legislación que permita el trabajo a menores, esto con el fin de prepararlos profesionalmente y alejarlos de los actos delincuenciales. Y es que según informes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, las cifras de menores que han ingresado en los últimos años a las pandillas asciende a mil 600, cuyas edades oscilan entre los 9 y 13 años.
«Podría ser una buena manera de combatir este fenómeno… que hubiese alguna legislación sobre el trabajo infantil a partir de una cierta edad, con algunas condiciones; de manera que sirva de entrenamiento para el trabajo verdaderamente profesional», agregó.
Además, dijo que «hace falta no ponernos en una manera estricta en la mayoría de edad para tener un trabajo, pero que el mismo no impida el seguimiento de sus estudios, con un sueldo apropiado al trabajo que están realizando, pero que de verdad les sirva para entrenamiento y como ocupación útil de su tiempo».
