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Pone en tela de juicio la fiabilidad de las cuentas del tribunal eclesiástico, donde «no se exigían facturas para justificar lo que se anotaba como gasto», en la sentencia por la que condena a un juez y una notaria diocesanos por un desfalco de 3.840 euros.
“Parece que en relación con el libro de caja no se llevaba un control estricto de apuntes ni conceptos puesto que no se exigían facturas para justificar lo que se anotaba como gasto”, señala la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, Pilar Lahoz, en la sentencia del último capítulo judicial de la guerra de las sotanas que viene sacudiendo el arzobispado de la capital aragonesa desde que hace ya cinco años Roma ordenara la destitución de Manuel Ureña en una medida inusual en la iglesia occidental. ··· Ver noticia ···