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Argentina: una nueva estafa al pueblo argentino -- Movimiento Proyecto Sur

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Frente al tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto de Ley sobre las retenciones, Movimiento Proyecto Sur denuncia una nueva y grave estafa económica e informativa.
Entre el 11 de noviembre del 2007 y el 31 de mayo del 2008, Argentina exportó soja por u$s 9.660 millones.

En ese período, las cerealeras le cobraron a los productores las retenciones vigentes (entre 35 y 49%, de acuerdo al momento) y sin embargo, le pagaron al Estado retenciones del 24,45% promedio (equivalente a u$s 2.361 millones). Es decir, se quedaron con una diferencia de u$s 1.169 millones.

Este hecho, reconocido en el debate en la Cámara de Diputados, por funcionarios del gobierno nacional y las propias cerealeras, fue denunciado por nuestro diputado Claudio Lozano, junto a Mario Cafiero, Eduardo Macaluse (SI), Verónica Benas (SI), Lisandro Viale (PS) y Emilio Martínez Garbino (Concertación Entrerriana).

Además, Claudio Lozano presentó –junto al bloque del SI- un proyecto alternativo, alineado con lo que venimos planteando desde un principio: RETENCIONES MOVILES Y MUY GRADUALMENTE SEGMENTADAS, para no recargar al pequeño y beneficiar al grande.

Resulta inadmisible que esta denuncia parlamentaria contra los exportadores de granos por defraudación y estafa en perjuicio del Estado haya sido desoída e incluso silenciada.

No fue obra de la naturaleza lo que en Octubre del 2007 combinó la filtración pública del primer aumento de las retenciones a la soja (del 27,5% al 35% en Noviembre) con el ¨no cierre¨ del registro de exportadores. No fue anecdótica la intervención del Senador Urquía (oficialista y dueño de Aceitera General Deheza, una de las principales beneficiarias del negociado) distorsionando los alcances de la ley que desde diputados se había elaborado para evitar el negociado. Tampoco resultó menor la decisión oficial de demorar cuatro meses la reglamentación de lo que quedó de la ley y que permitió la consumación efectiva del negociado.

Los elementos son obvios y contundentes y se requiere de una Comisión Investigadora que desde el Parlamento produzca todas las pruebas que correspondan, pero que además deje en claro si estamos en presencia de un simple negocio de algunos funcionarios con las cerealeras, o si la propia Resolución 125 se definió con el solo objetivo de cubrirles las espaldas a las mismas.

Tamaña cuestión no puede soslayarse. Es más, resulta francamente absurdo y abstracto luego de esta demostración, que el Parlamento siga debatiendo ratificar o suspender una resolución por la cual el Estado no ha cobrado un peso. ¡Y que ha servido para que los productores paguen retenciones por encima del 35 y 40% mientras el Estado ha percibido, como máximo, el 24,45%! Las diferencias de entre 11 y 25 puntos entre lo que le retienen al productor al comprarle la cosecha, y lo que terminan liquidándole al Estado, explican los u$s 1.1169 millones que Bunge, Cargill, Dreyfus, Aceitera Gral Deheza, LDC, Nidera, Molinos y otros se han apropiado a expensas de todos los argentinos.

Lo expuesto no supone solo una denuncia. Implica un cambio drástico del eje político bajo el cual se debe abordar la resolución de este conflicto. Este es el camino que desde un primer momento le propusimos al oficialismo parlamentario y que consiste en desplazar falacias y abstracciones para avanzar en:

– Frenar el negociado;

– Constituir una Comisión Parlamentaria de Investigación;

– Remoción de los funcionarios sospechados;

– Recuperar los recursos públicos;

– Instituir un nuevo sistema de retenciones móviles que tome en cuenta los costos de producción locales, que profundice la diferencia a favor de los pequeños y medianos productores con y sin tierra, al tiempo que compense adecuadamente al conjunto de los cultivos y no solo a la soja tal cual lo hace el proyecto oficial.

Sintetizando, la Resolución 125 no se cumple. El Estado no ha cobrado un dólar de las famosas retenciones móviles por encima del 35% que las exportadoras sí les han cobrado a los productores, y lo más paradójico del caso, es que de esta forma no se están entrando un solo peso al Fondo para hospitales y escuelas creado por el gobierno en el medio del conflicto.

PROYECTO SUR fue -oportuno es recordarlo- la primera fuerza que desde los orígenes del conflicto planteo que tanto el gobierno como el campo estaban dejando afuera del problema a las mayores beneficiarias de la renta agraria -las exportadoras del cereal- y denunciamos las reiteradas estafas contra el fisco producidas por la tercerización de las exportaciones y operaciones en negro. ¿Qué puede decirse de un gobierno que todavía ha sido incapaz de imponer un eficaz control público sobre las exportadoras de granos, minerales e hidrocarburos? ¿Cómo puede aceptarse que la riqueza de la Nación, que son sus recursos naturales, se extraiga y exporte a simple declaración jurada de las corporaciones? ¿A qué ciudadano o empresario nacional le permiten llevarse divisas de los bancos públicos y meses después declarar lo extraído? ¿La justicia no debería proceder contra estos delitos de negligencia o complicidad de los mayores funcionarios con el saqueo de la Nación?

PROYECTO SUR ha defendido desde sus orígenes las retenciones móviles y segmentadas y exigió que se hagan extensivas a la minería. Hemos criticado la aplicación del proyecto que metía en la misma bolsa a poderosos y pequeños, como lo hace con su reaccionario sistema impositivo que iguala injustamente a todos con el IVA.

PROYECTO SUR, a través de Claudio lozano, presento junto al bloque del SI un proyecto alternativo al del oficialismo que –estamos seguros- hubiera puesto fin a este conflicto, consolidando la facultad del Estado de intervenir en la economía. Y reclamó ante todo, la formación de una Comisión Investigadora de la Estafa que se está cometiendo.

Estamos convencidos que no es cierto de que haya dos posiciones, la del gobierno y la del campo. Una popular y democrática y otra golpista y «destituyente». La realidad es más compleja. Y no puede ser simplificada por la existencia de grupos minoritarios y marginales con vocación «golpista» que pretenden sacar provecho del reclamo del «campo». Este planteo dicotómico, por un lado, relativiza el negociado y, por otro, niega la existencia de miles de pequeños y medianos productores junto a la emergencia de una burguesía media rural, todos protagonistas de los pueblos del interior y que son claves –junto a las comunidades originarias, los agricultores familiares y los y las trabajadores/as rurales y urbanos- para un proyecto de desarrollo nacional con soberanía popular y justicia social.

En tal sentido, ratificamos la necesidad de definir una política agropecuaria nacional de amplio consenso, regida por los principios de la soberanía alimentaria y la democratización de las relaciones económicas, que sea capaz de distinguir los diferentes sectores sociales del agro y también las diferentes regiones a la hora de los costos, con políticas que tengan especialmente en cuenta a los agricultores familiares y que castiguen fuertemente el trabajo precario e ilegal en el campo.

Ha sido la negativa tozuda e incomprensible a la justa solución que planteamos lo que ha impedido la construcción de un proyecto de consenso y lo que explica nuestro voto negativo. Voto conciente contra la mentira y la estafa. Voto que en todo momento sostuvo que este problema no se resolvía ni con un amontonamiento antikirchnerista en el que conviven las buenas intenciones con los que no quieren regulación alguna, ni tampoco con propuestas regulatorias asociadas al negociado. Es el gobierno y sus profundas contradicciones el responsable de tanto desatino y, por supuesto, de sus consecuencias.

MOVIMIENTO PROYECTO SUR

Claudio Lozano Pino Solanas Mario Mazzitelli

Leopoldo González Alcira Argumedo Jorge Selser

Jorge Cardelli Luis Brunati Carlos Del Frade

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)

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