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Argentina: la dictadura clerical y el aborto clandestino -- Eva Baez

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La situación de la Mujer en Mendoza
El debate nacional sobre la ley de matrimonio igualitario demostró no sólo el carácter totalitario y medieval de la Iglesia Católica , que, en el medio de un desprestigio a nivel mundial por los escándalos de pedofilia y la pérdida de miles de fieles, da “manotazos de ahogado” para disimular su crisis y mostrarse como guardiana del “orden”, la “familia”, etc.; demostró también los profundos vínculos que mantiene con el Estado, tanto ideológicos como políticos y económicos.

Más allá de los 25 millones de pesos que asignó el presupuesto nacional 2010 a la Iglesia católica o de los sueldos de 10 mil pesos que cobra un obispo, según las leyes de la dictadura que siguen vigentes (lo cual aclara la verdadera posición del kirchnerismo que no está dispuesto a romper los vínculos del Estado argentino y la Iglesia Católica), en Mendoza en particular existe una verdadera dictadura clerical sostenida por el Estado provincial. Militantes del Verbo Encarnado, organizaciones pro-vida o el Opus Dei ocupan puestos en el Estado, en hospitales, colegios y universidades públicas.

Los funcionarios públicos, gobernadores e intendentes son funcionales a la Iglesia (cuando no provienen directamente de sus filas), le otorgan peso político en la salud y la educación públicas por medio de “Comités de Bioética” para impedir abortos no punibles o “Consejos Interreligiosos” para frenar la educación sexual en las escuelas, dan vía libre a sus campañas antiabortistas u homofóbicas; pero también son los principales guardianes de sus intereses económicos.

Sólo en los últimos 4 gobiernos, la Iglesia ha recibido más de 2 millones de pesos del presupuesto provincial en diferentes subsidios, y más de 15.000 m2 de terrenos públicos, sin contar lo otorgado por los municipios. Según el Obispo Auxiliar de la provincia de Mendoza: “Cualquier persona puede advertir que la Iglesia Católica en Mendoza tiene muchas propiedades: 60 parroquias, 4 cuasi parroquias, 2 vicarías, 186 templos y lugares de culto, 10 templos, 59 institutos católicos de educación, 3 Facultades católicas”.

No se trata de un problema ideológico solamente, sino de los privilegios materiales de esta nefasta institución, sostenidos por los sucesivos gobiernos peronistas y radicales. Con semejante peso económico, ¿cómo no va a tener la enorme capacidad de presión que ha sostenido sobre la educación sexual, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el acceso a anticonceptivos, etc.? No podemos esperar nada de los políticos patronales que sostienen esta dictadura clerical sobre la vida de las mujeres y LGTTB.

Hay que ir a la raíz del problema: una institución con este poder económico nunca va a dejar de tener su poder político si no es con la separación total y definitiva de la Iglesia del Estado, eliminando todos los subsidios estatales, y expropiando todas las propiedades y terrenos que pertenecen legítimamente a los trabajadores y sectores populares y se encuentra bajo su poder.

Día a día somos sacudidos por algún escalofriante caso relacionado con el aborto en Mendoza. En 2009, una niña de 12 años, violada por su padrastro, fue sometida a las presiones más aberrantes por parte de grupos fundamentalistas católicos para no abortar y finalmente tuvo que seguir adelante con el embarazo. Poco tiempo después, Romina Gelves, de sólo 22 años, moría de una infección generalizada en el Hospital Español producto de un aborto clandestino.

En Mendoza, un 20% de las mujeres que dan a luz en hospitales públicos son adolescentes; se calcula un aborto por cada 4 nacimientos; han sido desbaratadas varias clínicas de abortos que funcionaban clandestinamente e incluso una red de venta de bebés ligada a una de estas clínicas, comandadas por una médica que ejercía en el Hospital Militar; varios casos han aparecido públicamente suscitando la furibunda reacción de grupos fundamentalistas ligados a la Iglesia Católica ; la realidad de las mujeres que abortan en la provincia no es terrible sólo por los peligros de la clandestinidad, sino por el obstáculo que representa el régimen para conquistar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Los distintos gobiernos peronistas y radicales, con profundos vínculos con la Iglesia y los sectores más reaccionarios, se han manifestado, sin dejar dudas, en contra del aborto, incluso en los muy reducidos casos en que lo permite el Código Penal. En casos de este tipo, forman Comités de Bioética con representantes religiosos o impiden judicialmente acceder a este derecho. El gobierno de PJ impide hace años que entre en vigencia un protocolo que permitía eliminar algunas trabas administrativas para la realización de abortos no punibles.

En el 2009 se prohibió la venta libre del misoprostol, justamente porque es una droga utilizada para hacer abortos en forma clandestina. No se trata de las presiones de grupos fundamentalistas aislados, sino de una política criminal de parte del Estado que además de privar a las mujeres del derecho a la educación sexual laica y científica en las escuelas públicas y el libre acceso a los anticonceptivos, condena a las mujeres y niñas a seguir adelante con los embarazos no deseados o a morir por abortos clandestinos, la mayoría mujeres trabajadoras y pobres: un aborto hecho por un médico en una clínica privada de Mendoza cuesta alrededor de 5 mil pesos, mientras que en los barrios pobres las mujeres se realizan abortos con parteras por 200 pesos en condiciones que ponen su vida en grave peligro.

Cuando el tema empezó a debatirse en el Congreso el año pasado, de todo el bloque kirchnerista se presentó únicamente una diputada para votar, y finalmente el dictamen para que se trate el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto fue anulado. Por eso, no se trata de luchas parciales por la venta libre del misoprostol o el protocolo de aborto no punible: estas restricciones son posibles justamente porque el aborto es ilegal en Argentina. Hay que conquistar el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Por comisiones de apoyo a la legalización del aborto para impulsar una campaña activa y un plan de lucha para que la ley se apruebe en el Congreso.

(Información recibida de la Red Mundial de Comunidades Eclesiales de Base)

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