ACTA
A cinco años de la desaparición forzada del compañero Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, Guadalupe Godoy, abogada querellante en esa causa y secretaria de Derechos Humanos de CTA La Plata-Ensenada, en diálogo con este medio, cuenta cómo continúa la investigación de esta desaparición en democracia y qué cosas cambiaron en cuanto a la protección de los testigos.
El domingo va a haber un montón de movilizaciones en torno a la causa Julio López ¿Cuál es la característica de este nuevo aniversario?
Es un aniversario marcado por la impunidad. La causa está prácticamente paralizada y solo gracias a que hay un reclamo popular, que aunque no es masivo, en la Ciudad de La Plata es persistente, no está archivada. Por otro lado, este aniversario también está marcado por el inicio de un Juicio, como es el de Circuito Camps, donde la ausencia de López es bien palpable, porque hay imputaciones que tienen que ver con él, con lo que él testimonió y con su propio caso. Así que desde ese punto de vista, es un aniversario muy fuerte, muy especial.
¿La causa que investiga la desaparición de López en qué instancia está?
Sigue en instrucción, sin ningún imputado. Lo único que hubo durante este año fue alguna investigación de algún que otro anónimo. Lo que hubo desde siempre fue una resistencia muy grande a investigar donde se tenía que investigar, las líneas de qué sectores tienen interés y tienen capacidad como para realizar una desaparición en democracia. Pero obviamente una investigación de este tipo es una decisión política.
Julio López es un símbolo para los organismos de Derechos Humanos. ¿Qué significa esto para el trabajo cotidiano que ustedes llevan a cabo en la búsqueda de testigos y en el tratamiento del material de la investigación de los juicios?
Fue muy complejo al inicio, luego obviamente como en todo, se generan estrategias y formas de sobrellevarlo. Pero hay un antes y un después en los juicios, que tiene que ver con todo lo que generan, no tanto el tema de seguridad sino el impacto emocional que produce en principio un testimonio y luego la dificultad mucho mayor, que se agrava no solo por la desaparición sino por la impunidad de la desaparición. El efecto ahí lo tiene más que el hecho en sí, la impunidad posterior.
Con respecto a la Justicia y el tratamiento de los testigos, ¿Cambió algo el trato hacia los que atestiguan?
Se crearon un montón de programas de contención y protección, pero en general nosotros consideramos que tienen un eje errado, que es centrarse en los testigos, cuando lo lógico sería que se controle la inteligencia sobre quienes pueden atentar contra los testigos y contra otros actores de los juicios. Hay una relación inversa que no hemos logrado desandar, fundamentalmente porque hay una resistencia que tiene que ver con la falta de decisión política.
¿Quiénes creen que fueron los que desaparecieron a López?
Creemos que tiene que ver con la realidad que había en ese momento en la provincia de Buenos Aires, mientras se desarrollaban los juicios existía una pelea feroz de la Policía tratando de mantener sus privilegios, frente a la reforma que se estaba llevando adelante, que implicaba el descabezamiento de la cúpula policial, ahí hubo dos cuestiones cruzadas. De hecho el propio gobernador de la Provincia de Buenos Aires en ese momento, Felipe Solá y su Ministro de Seguridad, León Arslanián, en su momento nos dijeron que la bonaerense estaba implicada y cuando le pedimos gestos fuertes, que eran precisamente echar a todos aquellos que viniendo del proceso todavía estaban en actividad, ahí se tomó la decisión de no enfrentarlos.
