El Estado beneficia a la Iglesia Católica con más de 36 millones de pesos anuales. Estos aportes para el “sostenimiento del culto” fueron aprobados por ocho leyes nacionales dictadas durante la última dictadura que favorecen exclusivamente a las arcas católicas.
“Cuando pensamos en ‘cómo se sostiene’ nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, lo primero que nos viene a la mente es la palabra AMOR”. Eso enseña el folleto de la “7º campaña para el sostenimiento de la Iglesia”, “Nuestra Casa nos necesita”, que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) distribuye en todas las parroquias del país para convencer a los fieles de donar dinero contante y sonante a la causa de Dios. Claro que la propia CEA sabe, aunque lo disimule, que en Argentina la Iglesia católica se sostiene con bastante más que ternura e inspiración vaticana. Para empezar, con 36.001.585 pesos que le deriva la Secretaría de Culto para pagar sueldos a curas y jerarcas varios.
Pero no es todo: también a eso hay que sumar los millones que la institución y sus miembros no deben pagar en impuestos, cargas sociales, aportes por Ganancias y otros descuentos terrenales a que están sometidas casi todas las instituciones y la ciudadanía en general. ¿El total de esos aportes que la propia CEA define como “indirectos”? Sólo Dios y la jerarquía católica saben.
Hay todavía un poco más: a estos números, los que existen y los que deben imaginarse, también se suman los fondos que los estados provinciales giran a las diócesis como aportes a las escuelas privadas confesionales. Lamentablemente en este último caso las cifras apenas pueden imaginarse: el Ministerio de Educación de la Nación gira fondos a sus pares provinciales, que a su vez derivan el dinero a los establecimientos.
Del total de escuelas privadas de Argentina, cuántas son confesionales es un dato que sólo puede presumirse: ningún organismo del Estado lleva la cuenta. Investigaciones periodísticas y de ONGs de los últimos años coincidieron en calcular que las escuelas religiosas dependientes de la Iglesia católica son más de la mitad del total de establecimientos de ese sector, es decir, unas cinco mil. A todas ellas se les derivan fondos públicos para acompañar la educación privada de gestión pública (el eufemismo, que impide discriminar entre laica o religiosa, la Iglesia lo debe a las buenas gestiones de Carlos Menem). Entre fondos transferidos directamente para mantener abiertas esas escuelas (alrededor del 10%, en las estimaciones más tímidas, del total de lo girado a educación privada) y los destinados a sus docentes (cerca del 15% del Fondo Nacional de Incentivo Docente), la institución espiritual se embolsa unos 378.472.440 pesos.
Aún sin terminar de desentrañar la madeja, se puede decir que en 2011 la Iglesia católica recibió más de 400 millones de pesos del Estado argentino, sólo considerando aportes directos.
Curiosamente, y todavía refiriendo datos del presupuesto de 2007, el Consejo de Asuntos Económicos de la CEA afirma que “para el sostenimiento de la Iglesia, el Estado asigna una partida de sólo $17.323.913 (N de R: recordemos que esos son números de hace 4 años), que entrega a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”, pasando por alto, con esa frase, el dinero girado desde otros sectores de la administración pública.
El mismo documento oficial de la CEA asegura que el dinero remitido a la institución por la Secretaría de Culto constituye “menos del 7 % de los ingresos que tiene la Iglesia Argentina”. Una cuenta tan actualizada como mal intencionada podría suponer, hoy día, que si los 36 millones de pesos transferidos desde esa Secretaría constituyen ese mismo porcentaje, los más de 400 millones significarían el 80 por ciento de todos sus ingresos. Un poco más también. Pero los libros episcopales son un secreto para el mundo laico y republicano.
Dios está en los detalles
Los aportes directos que la Iglesia católica recibe del Estado argentino están indicados en ocho leyes nacionales, dictadas y promulgadas todas ellas durante la última dictadura militar, entre noviembre de 1977 y octubre de 1983.
El armazón legal del “sostenimiento de culto” ampara asignaciones a arzobispos, obispos, auxiliares, vicarios capituales y administradores apostólicos (eméritos y en actividad, leyes 21.540, 21.950 y 22.552), a párrocos de frontera (ley 22.162 y decreto 1928/80); asignaciones mensuales vitalicias “a sacerdotes seculares no amparados por regímenes previsionales” (ley 22.430); el “sostenimiento para la formación del clero de nacionalidad argentina” (ley 22.950), algo que incluye la ayuda económica a los institutos de vida consagrada, y el “otorgamiento de pasajes a representantes del culto católico” (decreto 1991/80). En esos ítems, tan poco espirituales, se van los 36.001.585 pesos de presupuesto asignado por la Secretaría de Culto.
¿Cómo se desgrana el número? Por empezar, siguiendo los trazos del esquema jerárquico fuertemente verticalizado propio de la Iglesia, que se replica en las valoraciones económicas de cada cual.
La ley 21.540, del 25 de noviembre de 1977 y firmada por Jorge Rafael Videla, estipula que arzobispos y obispos eméritos “gozarán de una asignación mensual y vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia”; en tanto, para los auxiliares eméritos asigna el “sesenta por ciento (60%)” del mismo salario de referencia. (En ambos casos, “emérito” refiere a jerarcas que hayan dejado de ejercer sus cargos por tener 75 o más años, o bien estar incapacitados para mantenerlos). Actualmente, el salario bruto de un juez nacional de Primera Instancia es de 16.080 pesos (unos 12.250 de bolsillo). De allí que a cada arzobispo y obispo emérito (de acuerdo con la CEA, son 32 en total: 7 y 25, respectivamente) corresponda una asignación mensual de 11.256 pesos. No hay, actualmente, obispos auxiliares eméritos.
La ley que asigna dinero mensual a dignatarios en actividad es la 21.950, del 7 de marzo de 1979 (insólitamente vigente con carácter retroactivo: “a partir del 1º de enero” de ese año) y firmada por Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz y Carlos W. Pastor. De acuerdo con ella, arzobispos y obispos “gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración” de un Juez Nacional de Primera Instancia; a los obispos auxiliares, en cambio, corresponde “una asignación mensual equivalente al 70%” de ese mismo salario. En este momento, 74 clérigos perciben 12.864 pesos mensuales del Estado (59 son obispos, 15 arzobispos); 13 obispos auxiliares, por su parte, reciben 11.256 pesos.
A párrocos y curas vicarios de zonas de frontera, por un combo de dos leyes y un decreto (las 22.162, de febrero de 1980, firmada por Videla; la 18.575, de enero de 1970, firmada por Juan Carlos Onganía; y el decreto 1928/80), les corresponde “una asignación mensual, para el sostenimiento del Culto Católico Apostólico Romano, equivalente a la que corresponde a la categoría 16 del Escalafón del Personal Civil de la Administración Pública Nacional”. La cantidad de beneficiarios no es tan transparente como la de los jerarcas, pero cada uno de ellos percibe alrededor de 800 pesos al mes.
Una cifra similar perciben los sacerdotes seculares “no amparados por regímenes previsionales” (ley 22.430, del 16 de marzo de 1980), y los seminaristas (ley 22.950, del 14 de octubre de1983) que revisten en los 413 institutos de vida consagrada.
Cabe repasar una distinción: técnicamente, estas asignaciones no constituyen salarios, de modo que clérigos y jerarcas están eximidos de descuentos jubilatorios, pago de impuestos y cargas sociales.
Finalmente, cuánto debe devengar el Estado en concepto de pasajes otorgados a “representantes del culto católico” es difícil de precisar.
Hace ya diez años, en la imperecedera revista Criterio -think tank de la derecha católica argentina-, el abogado y docente de la UCA Juan G. Navarro Floria señalaba que el hecho de que los aportes para sostenimiento de culto beneficien exclusivamente a la Iglesia católica “suscita en muchos no católicos el reclamo de violación de la igualdad ante la ley, y discriminación religiosa. Por este motivo la Argentina ha sido acusada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de violar el art.26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que tutela la libertad religiosa. Sin embargo, si el fundamento histórico tradicional (reparación por la confiscación de bienes) es válido y mantiene vigencia, puede servir para refutar esa crítica, en la medida en que ninguna otra confesión religiosa sufrió las confiscaciones de bienes que padeció la Iglesia Católica”.
En todo caso, hasta el momento ni esas denuncias ni la expropiación de los bienes eclesiásticos que decidió Bernardino Rivadavia (tradicionalmente se interpreta que la Constitución Nacional refiere el sostenimiento del culto por parte del Estado para remediar el déficit que eso generó a la Iglesia) parecen haber fundido a la institución. Las arcas de la Iglesia gozan de buena salud; los fondos del Estado algo tienen que ver con ello.
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