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Como la repercusión que tuvo el ahogamiento del pequeño Aylan en una playa de Turquía hace tres años, así fue la noticia de que uno de los inmigrantes, que se encontraba interno en la prisión de Archidona, reconvertida en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), fue hallado sin vida el viernes 29 de diciembre. Se trataba de un ciudadano argelino, Bouderbala Mohammed, de 36 años, que como otros internos esperaba su deportación. Esta persona había llegado a las instalaciones después de que un juzgado de Lorca (Murcia) dictara un auto con fecha 20 de noviembre en el que autorizaba su internamiento hasta el próximo 18 de enero.

Las fuentes explicaron que el hallazgo del cuerpo se produjo esa mañana. Sobre las nueve, cuando se ha ido a buscar al interno para el desayuno, se le encontró ahorcado con una sábana en la celda en la que se encontraba. Hoy sabemos que estuvo 18 horas incomunicado, sin comida y sin vigilancia específica.
En ese momento, se activó a la comitiva judicial, que se desplazó hasta las instalaciones para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo, al que se le practicó la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Málaga.

No era sino la secuencia final de las protestas de los internos, de la denuncia de la presencia de menores entre los internos, de la represión del motín que tuvo lugar el 28 de diciembre por la falta de comida y en la que tuvo que intervenir la UIP, del uso de bridas en las muñecas, de la falta de humanidad al gestionar las visitas de familiares a través de una mampara sin privacidad alguna, o del indecible sufrimiento al saber que van a ser deportados, como la noticia del 3 de enero que hablaba de que un total de 40 compañeros llegó ese día a la ciudad portuaria de Oran, repatriados desde Archidona, según informó la cadena de televisión argelina Ennahar TV, que difundió un vídeo de los migrantes.

Desde finales del pasado mes de noviembre el futuro centro penitenciario de Archidona se encontró realizando labores de CIE. Hasta allí fueron trasladados medio millar de inmigrantes procedentes de Argelia, llegados en patera a las costas murcianas a mediados de diciembre, con el vago argumento del colapso de los CIE, en los que no había más plazas, aunque otras fuentes afirman que como escarmiento para que otros jóvenes inmigrantes sepan lo que les espera si cruzan el Mediterráneo. Fuentes de Interior confirmaron una cifra total de 572 personas, 571 argelinos y 1 marroquí. Las mismas fuentes apuntaban a que no estaba previsto que esa cifra aumente mucho más. Los detenidos pasarían en Archidona un periodo de tiempo indeterminado, aunque no debería exceder de los 60 días, que es el periodo máximo que un inmigrante irregular puede permanecer privado de libertad en un CIE.

La idea de Interior era que los migrantes llegados masivamente en pateras a finales de noviembre fueran devueltos a Argelia. Confirmó que el Consulado de este país estaba trabajando en la identificación de los internos para que se apliquen los convenios de devolución que España tiene suscritos con este país, aunque no se atrevieron a poner un plazo ni saben si todos los migrantes serán identificados y deportados.

El Ministerio de Interior, de manera improvisada, se afanó en dotar de personal a esta improvisada cárcel para inmigrantes, ya que al estar sin estrenar y sin habilitar, no contaba ni con trabajadores de instituciones penitenciarias, ni servicios sanitarios. Ni siquiera con agua potable. Empezaron a trabajar varios traductores, tres médicos (uno de ellos de Cruz Roja) completándose a la semana siguiente con personal que trabajará allí de forma temporal. Según explicó  Ramón Cosío, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Interior apenas informó a su organización sobre esta medida, que considera “un parche” que “se salta las normas”. Cosío criticó la “falta de previsión” del Ministerio en este asunto teniendo en cuenta que las llegadas de pateras han repuntado de forma más que significativa en 2017, superando con creces los 15.000 migrantes atendidos a su llegada por Cruz Roja. Son cifras que duplican a las de 2016, cuando el aumento también fue llamativo respecto a 2015.

También según fuentes policiales, los agentes que custodian a los internos son miembros de las Unidades de Intervención Policial (policías antidisturbios), muchos de ellos destinados en Archidona tras pasar 50 días en Barcelona en el marco del dispositivo policial organizado para el referéndum independentista catalán del pasado 1-O. Según han confirmado las mismas fuentes policiales a principios de diciembre se cerró la convocatoria urgente que lanzó el Ministerio. Solicitaba 40 policías y varios subinspectores “en atribución temporal de funciones en el CIE de Archidona”, por un tiempo también indefinido. Hoy sabemos que eran voluntarios en comisión de servicio y que carecían de formación para este tipo de actividad, ya que su función es frenar manifestaciones y en absoluto cuidar a personas que solo han cometido una falta administrativa.
Interior, según esta convocatoria, ya consideraba de forma oficial esta cárcel como un CIE pese a que fue el propio Zoido quien firmó el 16 de marzo de 2017 la orden por la que se creaba este “establecimiento Penitenciario con la denominación de Centro Penitenciario Málaga II”, según consta en el Boletín Oficial del Estado.

Además de policías, que según Interior, comenzarían a llegar a lo largo de estos primeros días de diciembre, el departamento de Zoido también tenía previsto que personal de la Cruz Roja trabajara en Archidona. La ONG lanzó una convocatoria de empleo en la que solicitaba 24 “monitores/as de migraciones” que hablen francés o árabe para trabajar en “Málaga y/o Archidona”, y especifica en su oferta laboral que “acaban de abrir un CIE”. Esta colaboración de Cruz Roja con el Gobierno, que ya tiene suscritos convenios para dar asistencia en otros CIEs, ha sido criticada en redes sociales por activistas y otras ONG, que les acusan de colaborar en una vulneración de los derechos de los migrantes. El tirón de orejas al Ministro Zoido se lo dio el Defensor del Pueblo, que visitó por sorpresa la cárcel donde se alojan los inmigrantes.

Esta decisión de internar a personas inmigrantes en una cárcel ha hecho saltar por los aires la legislación vigente. La medida contraviene la propia Ley de Extranjería española, puesto que ésta impide explícitamente que las personas migrantes sean encerradas en centros de carácter penitenciario sólo por estar en situación irregular. Así se lo recordaron al Gobierno decenas de ONGs, sindicatos, abogados y hasta el Vaticano, que ha respaldado una queja de Cáritas ante el Defensor del Pueblo por considerar que se está incumpliendo la Ley de Extranjería. Pero el departamento de Juan Ignacio Zoido siguió aplicando su política de oídos sordos y hechos consumados en lo que a la gestión migratoria se refiere, como ya hiciera con las devoluciones en caliente tras la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta medida “temporal y excepcional”, según reitera Interior, ha costado por el momento algo más de 1,4 millones de euros entre traslados, alimentación, contrataciones y otros gastos, según detallaron fuentes del Ministerio a Público. Mientras se vulneran los derechos de cientos de personas, decenas de familiares de algunos de los migrantes encerrados acamparon en los alrededores de la cárcel para protestar contra esta medida. Algunos han podido verles en los últimos días. Otros, no. Varios de los abogados que prestan atenciones a los migrantes afirman que estaban  nerviosos y en una situación de incertidumbre, ya que no saben si están detenidos, si van a ser devueltos a sus países o si van a quedarse en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Mientras se acumulan las denuncias y la oposición ha solicitado su comparecencia en el Congreso. Zoido insistió en que el encarcelamiento de migrantes en Archidona es «una situación excepcional y provisional», y que la prisión «tiene infinitamente mejores condiciones» que cualquier otro CIE de España. «Es una infraestructura a estrenar”, dijo el ministro tras lamentar que se hayan producido en estos días «destrozos», como que se hayan arrojado fuera mantas, almohadas y colchones.

Ha explicado que en este centro «los internos tienen los mismos derechos y garantías que en cualquier otro CIE» y disponen de unas instalaciones en «infinitamente mejores condiciones que cualquier otro de los CIES que hay distribuidos por todo el territorio» y hace hincapié en que siete juzgados diferentes han dictado el ingreso de los migrantes en esta prisión
Pero una lluvia de protestas manifestaron que no se ajustaba a la verdad y las reacciones ante el fatal suceso del suicidio de Bouderbala Mohammed no se hicieron esperar, ya que fueron numerosas las asociaciones, colectivos y organizaciones que estuvieron siguiendo de cerca los movimientos en la prisión.

Así, desde la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes, se ha calificado el hecho de «previsible», ya que no es el primer suicidio que se produce en un CIE en suelo malagueño. «Esto ya ocurrió en el CIE de Capuchinos, estos centros son lugares para el sufrimiento, no para el salvaguardar los derechos de los internos». Apoyada en sus más de 22 de experiencia, la Plataforma manifestó que los inmigrantes internados en los CIE tienen mucha presión porque saben que van a ser devueltos a su país de origen, donde además de la pobreza que les llevó a salir, les espera una deuda con quienes que les ayudaron a cruzar el Mediterráneo.
Desde ACAIP, el sindicato mayoritario de prisiones, también ha habido reacciones.

Su presidente, ha sido tajante: “Avisamos y denunciamos en su momento que las cárceles no son el sitio de los inmigrantes, existe una grave irregularidad en todo lo que ha acontecido. Esperamos y deseamos que los grupos parlamentarios y las ONG demanden responsabilidades políticas a quienes han tomado esta decisión”. Igualmente se ha refirió a una petición del juzgado de Vera (Almería) al Ministerio, que requirió que se aclarase si el centro es una cárcel o un CIE y que no ha sido contestada. “¿Acaso el ministerio no sabe dónde se ha suicidado esta persona?”. A su vez ha defendido que “las cárceles están diseñadas para los profesionales”, y que las cosas “nunca debieron hacerse así”. Este sindicato presento una denuncia en los juzgados de Vera por  delitos de estafa procesal, falsificación de documentos públicos y de desobediencia.

Málaga Acoge, por su parte, ha asegurado que todo el tejido social que rodea este caso está «impactado». «Es la reproducción de lo que pasa en cualquier CIE. Ha asegurado que el Defensor del Pueblo ya ha sido avisado y que van a solicitar que los testigos se queden en suelo español”. También un portavoz de la plataforma contra el CIE de Archidona, apuntó que algunos internos habían avisado de intentos de autolesión. Andalucía Acoge presentó al poco de la llegada de los inmigrantes ante la Fiscalía de Málaga un escrito para que “inicie la investigación correspondiente por si pudiese haber existido una extralimitación de las fuerzas de seguridad al privar de libertad” a estas personas “en un lugar distinto al indicado por la autoridad judicial”. El equipo jurídico de esta ONG adjunta como prueba varios autos judiciales de internamiento de los migrantes en los que el juez dicta su reclusión “bien en la Jefatura Superior de Policía de Archidona, bien en el centro habilitado de internamiento que corresponda”. Dado que no hay Jefatura Superior de Policía y que la Ley de Extranjería prohíbe la privación de libertad en centros penitenciarios a los indocumentados, la ONG aprecia un “posible incumplimiento de las decisiones judiciales dictadas”.

También, durante el fin de semana, varios abogados presentaron ante el Juzgado de Guardia de Archidona una solicitud de hábeas corpus en representación de uno de los migrantes internados. Según ha explicado Gonzalo Boye, uno de los abogados que representa a varios de los internos, se había producido una detención ilegal por incumplir la resolución judicial que dictaba el ingreso en un CIE, no en una prisión. Sin embargo, la solicitud fue denegada  sin posibilidad de recurso, al entender que la intervención judicial ya se ha producido.
La Plataforma de Solidaridad con los y las Inmigrantes de Málaga, de la que forman parte una veintena de organizaciones, convocó el sábado, día 30 de diciembre, a las 19,00h, una concentración en la Plaza de la Merced de Málaga.

Además, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y ha demandado una la apertura de una «investigación inmediata» para aclarar lo sucedido. Añade que esta situación es «consecuencia directa de la opacidad, desesperación y plena inoperatividad de un centro y un personal que no está preparado para lo que está sucediendo».

Asimismo, la Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía (APDH) abunda en el que «ese meterlos en el primer sitio que encontraron, una prisión cerrada, fuera de servicio, saltándose el primer ‘stop’ del pórtico de regulación de los CIE y con la mala gestión material al ser un recinto cerrado trae un colofón de consecuencias».
Y es que la decisión del Gobierno de internar a más de medio millar de inmigrantes irregulares en la cárcel de Archidona puede acabar en los tribunales. Así IU está estudiando llevar ante la Fiscalía la actuación en este caso del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pues entre otras cosas hay incumplimiento de la normativa penitenciaria, incumplimiento del reglamento de los CIE y el incumplimiento de la ley de protección a menores, según anunció a fínales de diciembre, en Málaga, el coordinador federal de la coalición de izquierdas, Alberto Garzón, tras reunirse junto a sus homólogos de Andalucía y Málaga con colectivos sociales de la provincia, que atienden a inmigrantes

El PSOE ha hecho público que pedirá la comparecencia de Zoido en el Congreso por la muerte de un inmigrante en el edificio de la cárcel de Archidona.
En el ojo del huracán se ha ido expandiendo. La tensión en el centro fue incrementándose con el paso del tiempo. Sobre todo en las últimas semanas, cuando comenzaron las devoluciones de los inmigrantes a su país. Desde entonces los motines y altercados se han repetido varias veces en el interior de las instalaciones.

Las protestas de los internos fueron constantes, apuntaron diferentes ONG. Era frecuente que los detenidos arrojaran objetos por las ventanas y gritando y exigiendo su puesta en libertad. Ya el día 17 de diciembre hubo un intento de suicidio en una canasta deportiva. Pero los motines fuertes fueron los 13 y 28 de diciembre.
El lunes 11 de diciembre comenzó la expulsión de las personas encerradas en la cárcel de Archidona. Un número no confirmado de personas – unas 40 según algunas fuentes – habían salido de la cárcel en un operativo compuesto de dos autobuses y varias furgonetas de policía. Se presume que con destino a Alicante (por la conexión con el ferry). Al parecer desde el pasado jueves, día 7 de diciembre, según algunas fuentes, o desde este fin de semana, según otras, se ha procedido a notificar a los internos sus órdenes de expulsión.

Aunque no es necesario, en esta notificación han estado presentes abogados de oficio del colegio de abogados de Antequera – que se han visto «obligados» a montar un turno de prisa y corriendo – seguramente para dar una imagen de extrema pulcritud en el proceso, ya que sus posibilidades de intervenir jurídicamente eran más bien escasas. En ese sentido, algunas fuentes afirmaban que ya había 200 personas notificadas. Las deportaciones continuarían hasta el 10 de enero de 2018. A nivel jurídico bien poco se podía hacer, más allá de tratar de ver si los abogados de Antequera se podían preocupar por los casos de menores y/o solicitantes de asilo. El fleco de la salida de algunas personas internadas por motivos de salud fue un alivio y actualmente están ubicadas en CEAR y Cruz Roja.

Mientras Andalucía Acoge y la familia del inmigrante fallecido en Archidona recurrirán el archivo del caso por el juez de Archidona. La abogada que representa a la familia, Amanda Romero, ha mostrado la sorpresa ante la «premura y celeridad» en archivar esta causa por unos «hechos tan graves», cuando «ni siquiera las partes hemos tenido acceso a todas las actuaciones», porque se les dio traslado de la prueba documental pero no de los DVD con las imágenes de las cámaras de vídeo vigilancia. Además, Romero ha lamentado que se haya archivado el procedimiento «sin tener la oportunidad de poder proponer la práctica de más prueba» una vez visto todo lo que hay en la causa, y ha apuntado que el juzgado como tal «no ha realizado diligencia propia alguna, lo único que ha hecho es recibir la investigación policial».

Para Málaga Acoge y la familia, personadas como acusación particular, es «imprescindible» que se tome declaración a los agentes que hallaron el cuerpo y también a los que llevaron al migrante en la habitación aquel día y que fueron las últimas personas que lo vieron con vida; así como al equipo médico que le asistió. Considera que «no se puede archivar una causa sin el informe completo de autopsia».
La abogada ha indicado que el primer objetivo es «aclarar todas las circunstancias que rodean a la muerte», aunque ha señalado que «si el resultado de todas las diligencias de investigación es que la causa fue el suicidio, eso no excluye la posibilidad de que pudiera haber una responsabilidad penal porque hablamos de una persona privada de libertad bajo custodia policial».

Por su parte el Gobierno argelino ha anunciado el inicio de una investigación para esclarecer la muerte de esta persona. «La Fiscalía ha abierto una investigación sobre la muerte de Mohamed Bouderbala en un centro de detención del sur de España y hemos pedido a las autoridades españolas el cuerpo del fallecido para que podamos practicarle una autopsia», ha confirmado el ministro de Justicia, Tayeb Louh, en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias argelina APS.
Cuando el miércoles, día 10 de enero de 2018, sabíamos que ya a los últimos internos se los habían llevado a Tarifa, Madrid y Barcelona quedaba ningún interno en el la cárcel y por tanto que aquel “experimento” de cárcel-CIE había terminado, entendimos mejor que nuestra políticas migratorias no dejan ni un resquicio a la hospitalidad. Europa y España parecen haber olvidado su tradición migratoria en función de intereses inconfesables.

En un comunicado de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones del 31 de Diciembre de 2017 se dice que la represión en la cárcel de Archidona, usada como Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) pese a las incompatibilidades legales, termina con la muerte de uno de los internos en su celda, y exige:
● Una investigación independiente sobre los sucesos y responsabilidades.
● Señala la necesidad de identificar al fallecido y establecer vínculos con su familia y medidas de reparación.
● La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones exige la dimisión del Ministro de Interior
Según la información disponible hasta el momento, un ciudadano argelino de 36 años ha muerto, supuestamente por suicidio, en una celda de la cárcel de Archidona, mientras esperaba su deportación.

La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones denuncia esta muerte como un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación. Con la cárcel de Archidona, el Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas, como está investigando la justicia; ha intentado deportar a adolescentes; y el 30 de diciembre, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona. ¿Qué hechos han llevado a la muerte de esta persona y en qué circunstancias?

Desde que se abrió el primer CIE y comenzaron a practicarse deportaciones en 1987, al menos 8 personas han fallecido en dependencias de encierro y traslado forzoso: siete vidas cuya custodia y responsabilidad recaía sobre el Estado. La muerte en el CIE no es una excepción sino una macabra normalidad.

Mientras los comunicados oficiales evitan toda referencia a la identidad de las personas fallecidas, fomentando su olvido, consideramos imprescindible honrar su memoria de las personas con nombres y apellidos, siempre que sea posible:
Osamuyi Aikpitanyi 2007 (durante su deportación; Vuelo Iberia Madrid-Lagos;Nigeria)
Ciudadano nigeriano de 47 años. 2008. (CIE Zapadores. València)
Jonathan Sizalima 2009 (Comisaria extranjeria P.N, BCN)
Mohamed Abagui 2010 (CIE Zona Franca, BCN)
Samba Martine 2011(CIE Aluche, Madrid)
Idrissa Diallo 2012 (CIE Zona Franca, BCN)
Alik Manukyan 2013 (CIE Zona Franca, BCN)
Bouderbala Mohammed de 36 años. 2017 (Cárcel Archidona, Málaga.). 

La Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las Deportaciones exigía:
● La dimisión del Ministro Zoido como responsable directo de esta muerte.
● El cierre inmediato de Archidona y de todos los CIE del Estado español.
● La liberación inmediata de las personas internadas en Archidona.
● Una investigación judicial transparente de lo sucedido.
● La identificación de la persona fallecida, y medidas de reparación para con su familia.
El Papa, en su primer mensaje de principios del año 2018, grita “somos hijos de las migraciones y es una obligación ética acoger a las personas inmigrantes”. Sus verbos más repetidos son cuatro: acoger, proteger, promover e integrar.

¿Qué podemos decir ante esta situación? Urgir que se activen las políticas internacionales de asilo y refugio, mayor relevancia a las políticas de reasentamiento y acogida, considerar “criminales” aquellas políticas de seguridad que blindan fronteras y levantan muros. Criminalizar la fabricación y exportación de armas. Y sobre todo pedir que existan unos cauces legales, unos cauces mínimos, para que las personas que tienen en peligro sus vidas y las de sus familias puedan encontrar asilo y refugio en su país o fuera de su país. Acoger a los que vienen del este sin olvidar a los que vienen del sur.

Importancia de la cooperación internacional. No detraer fondos de la cooperación para cubrir esta situación de emergencia.
No estigmatizar al Islam.
Replantear las políticas de asilo y refugio. ¿Por qué no funcionan?
Pedir que existan cauces mínimos para emigrar desde los países empobrecidos.
Demandar una cédula humanitaria integral para los refugiados que llegan.
No hay duda de que, de acuerdo con las convenciones internacionales, los “refugiados” (los que huyen de una guerra) tienen una prioridad total respecto de los “inmigrantes”, (los que buscan un futuro mejor), ya que los países tienen la obligación de concederles el asilo. No sabemos hasta qué punto esta distinción no debería desarrollarse y matizarse más, pues las guerras matan, pero la miseria y el hambre también, aunque sin hacer ruido.

Monseñor Agrelo, arzobispo de Tánger dice «Las fronteras siempre me han parecido vejatorias». «No creo que haya nadie con capacidad moral de prohibir el paso al pobre», “las políticas de inmigración europeas con muros que sólo obligarán al pobre a arriesgar la vida en su camino”. Según el arzobispo, que ha trabajado en barrios marginales de Roma, acompañando a presos y colaborando con las religiosas oblatas en proyectos de apoyo a mujeres prostitutas o dirigiendo un albergue para personas sin techo, «aunque la Iglesia no tenga capacidad de decisión política», necesariamente «debe estar donde están los pobres, porque no tiene otros destinatarios».

Recordando el viejo relato bíblico, no entendemos la opción por Caín en Archidona, en detrimento de Abel, haciendo más patente la encrucijada en que se encuentra Europa: ¿Va a mostrar un liderazgo basado en su compromiso con los valores de los derechos humanos y la solidaridad, o va a optar por excluir a las personas refugiadas del acceso a una vida digna y segura, dando paso a las agendas nacionalistas y populistas? Lo de Archidona parece ser una apuesta por lo segundo.
El “experimento” del señor Zoido no ha sido solo que un fracaso, sino una tragedia y 572 sueños rotos.

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