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Quiero compartir con la gran familia de Redes Cristianas mi estupor con el Anteproyecto de reforma del Código Penal presentado al parlamento por el gobierno, que traspasa todas las líneas rojas. Hobbes entendía al ser humano preso en un determinismo de constante competencia que propicia el odio y la violencia. De aquí justificaba la creación de un Estado autoritario. Pues bien, el gobierno del PP quiere legislar desde esta visión humanista tan contraria a los valores humanos.

La propuesta de reforma del Código Penal afecta a los derechos y libertades fundamentales de las personas en general y de las personas con trastornos mentales en particular al ser consideradas como sujetos peligrosos, arrumbando así diversos principios fundamentales del Derecho (principio de seguridad, principio de certeza, principio de legalidad penal, etc.) y violando varios artículos de la Constitución al no buscarse una pena orientada hacia la reeducación y reinserción social, ni por acciones u omisiones que constituyan delito, falta o infracción administrativa. Con este Anteproyecto se abandona la idea de que las medidas de seguridad no pueden resultar más graves que las penas aplicables al delito cometido. Y como no puede justificarlo por la vía de la pena, porque jurídicamente es imposible al ser personas discapacitadas ajenas al principio de culpabilidad, echamos mano a las razones de seguridad ¡Qué miedo!

A la inmigración le pasa otro tanto. El anteproyecto se orienta hacia la exclusión y criminalización del colectivo de «inmigrantes ilegales o sin papeles». Primero fue su exclusión de los servicios sanitarios, si no los pagan. Ahora toca la reforma del código penal que legaliza el que se pudiera condenar hasta dos años de cárcel a los voluntarios que trabajan en Cáritas diocesana por ofrecer alimento o cama a personas extranjeras no comunitarias, ya que su ayuda planificada, organizada, sistemática y habitual, caería en la parte más gravosa del delito y serían comparables a criminales organizados. Como suena. Sería necesario demostrar que la ayuda sólo fue humanitaria y siempre quedaría a la libre discrecionalidad del fiscal de turno. Esto va contra todo principio moral al colocar a la hospitalidad bajo sospecha y condena penal.

En la Exposición de Motivos del Anteproyecto no se mencionan los convenios internacionales ratificados por España ni se explican los fundamentos de la necesidad de la reforma penal; el Anteproyecto no justifica la necesidad de medidas como la prisión permanente revisable o la reforma del actual sistema de medidas de seguridad, como tampoco incorpora las recomendaciones realizadas al Estado Español por organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Además, pasa por alto las recomendaciones efectuadas por el Comité de Derechos Humanos, como la adopción de medidas legislativas para garantizar que no prescriban los crímenes de lesa humanidad en los tribunales españoles, o la definición de terrorismo limitando su aplicación a las infracciones de indiscutible carácter terrorista. Igualmente se obvia la necesidad de velar para que cualquier restricción de la libertad de expresión y asociación sea necesaria, proporcional y justificada, según recoge el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

También se modifica la naturaleza jurídica de la libertad condicional, el principio de progresividad de la pena, no se asegura la compensación a las víctimas que queden en situación de especial vulnerabilidad cuando el infractor es insolvente. Se abole la institución alternativa a la prisión, y en definitiva, se atenta contra la inserción, la humanización de la pena y la dignidad del ser humano. Todo es un despropósito demencial que espero se humanice en sede parlamentaria si la bancada popular deja de rasgarse las vestiduras con sus moralinas mientras nos escandaliza, esta vez, con su leviatán penal.