Asociación Pro Derechos HUmanos de Andalucía
Amnistía Internacional envió el pasado 14 de septiembre, una carta a la Vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega para expresarle los motivos de preocupación de la organización en relación con la situación de los extranjeros que están llegando a la Frontera Sur de España y, en concreto, a las Islas Canarias. En lo que va de año y hasta el 12 de septiembre, el número de llegadas total era de 24.467 personas.
AI reconoce los esfuerzos que las autoridades españolas han estado realizando para dar respuesta a la llegada de miles de personas en los últimos meses, en especial, en relación con el rescate y la asistencia a pie de playa, y las condiciones de acogida de los centros de internamiento. Sin embargo, a juicio de la organización, cada vez existe un riesgo mayor de que se vulneren los derechos de las personas migrantes.
?En estos momentos, sólo se habla por parte del Gobierno español de endurecer el control migratorio y de expulsar a las personas que tienen una situación administrativa irregular, mientras que las alusiones a sus derechos humanos están cada día más ausentes de los discursos??, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. ?Es importante que el gobierno trasmita claramente el mensaje de que no tener papeles no significa no tener derechos. Esto ayudaría a evitar respuestas racistas o xenófobas en la sociedad?? añadió.
Las normas internacionales de derechos humanos amparan a las personas que migran a otros países. En concreto, la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, fue aprobada en 1990, y ratificada por 34 Estados, ninguno de ellos de la Unión Europea.
Esta Convención garantiza los derechos humanos de las personas migrantes y la protección de todas las personas con independencia de su situación administrativa, y atiende a la especial vulnerabilidad de los migrantes frente a los abusos de los derechos humanos, especialmente de los que se encuentran en situación irregular, las mujeres y los menores. Diversos organismos internacionales como la Relatora de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes, ha solicitado a España que firme y ratifique la Convención.
Preocupaciones de Amnistía Internacional
En la carta dirigida a la Vicepresidenta, Amnistía Internacional mantiene seis importantes preocupaciones en relación a los derechos humanos de los inmigrantes que están llegando a las Islas Canarias:
1. Indefensión de los inmigrantes que llegan. Aunque se está facilitando información por escrito sobre sus derechos, la organización considera que los inmigrantes no tienen en la práctica acceso efectivo a derechos esenciales como la asistencia efectiva de abogado e intérprete.
2. Invisibilidad de los solicitantes de asilo. La organización ha constatado la ausencia de mecanismos adecuados que faciliten la identificación de las personas que huyen de violaciones de derechos humanos tanto en las intercepciones en alta mar en las aguas de Marruecos y Mauritania, como en las Islas Canarias.
3. Riesgo de vulneración de derechos en las expulsiones masivas. Según declaraciones del Ministro de Interior, en lo que va de año se han llevado a cabo 52.757 devoluciones. A la organización le preocupa que los procedimientos de expulsión no se estén realizando de manera individual, asegurando que la persona repatriada a su país de origen o a un tercer país no va a ser sometida a tortura o malos tratos.
4. Vulneración del derecho a la salud. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente que no se esté informando a los inmigrantes de los resultados de las analíticas que se les realizan a su llegada a las Islas Canarias; que no se esté haciendo un seguimiento en los centros de internamiento o cuando son enviados a la península en los casos que se han detectado enfermedades; y que no estén recibiendo el tratamiento médico necesario.
5. Derechos de los menores extranjeros no acompañados. Ante el debate sobre la situación actual y el posible traslado desde las Islas Canarias a la península de menores extranjeros no acompañados, Amnistía Internacional recuerda que cualquier medida que se adopte a este respecto debe ser respetuosa tanto con la Convención de Derechos del Niño como con la legislación española, primando en todo caso el interés superior del menor.
Demandas de Amnistía Internacional al gobierno español
Ante esta situación, Amnistía Internacional insta al gobierno español a garantizar el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes con la adopción de las siguientes recomendaciones:
?? Facilitar información adecuada sobre sus derechos y su situación legal, tanto a las personas que llegan a la costa, como a las que son interceptadas en alta mar, asegurando en todo el proceso asistencia letrada y de intérprete efectiva.
?? Garantizar que las personas que huyen de violaciones de derechos humanos pueden pedir asilo y obtener protección.
?? Ratificar el Protocolo 4º de Derechos Humanos de la Unión Europea en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes.
?? Respetar el derecho a la salud de todos los inmigrantes que llegan a las Islas Canarias, acreditando que las analíticas que se están realizando se hacen con el consentimiento expreso e informado de los interesados, garantizando que se les comunican los resultados, y garantizando, cuando sea necesario, que reciben un tratamiento médico adecuado.
?? Proteger y amparar a todos los menores inmigrantes no acompañados que llegan a territorio español, cumpliendo la Convención de los derechos del Niño y en especial el principio de ?interés superior del menor??.
?? Adoptar medidas que eviten la invisibilidad administrativa de los inmigrantes y garanticen el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales, medidas que deben estar orientadas a reducir su vulnerabilidad frente a los abusos y violaciones de derechos humanos -especialmente en el caso de las mujeres y los menores extranjeros- y estar en consonancia con el derecho internacional.
?? Firmar y ratificar por parte del Gobierno español la Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus familias de Naciones Unidas, con el fin de combatir la explotación que sufren estas personas.