El Gobierno ha regulado los contenidos mínimos que deben estudiar los alumnos de primaria de toda España, entre los que se encuentra la polémica cuestión de la religión y su alternativa para quienes no quieran cursar la materia confesional. El real decreto, en fase de borrador, señala sólo que los que no estudien religión deben recibir la debida «atención educativa», aunque el Gobierno ha explicado que esto implica que los colegios podrán decidir si quieren o no impartir alguna alternativa, lo que supone una novedad. Si un centro opta por no ofrecerla, podría colocar la asignatura al principio o al final del día y los alumnos que no cursen religión podrían ausentarse esa hora.
El Ministerio de Educación lleva meses negociando este asunto con la Conferencia Episcopal. El Gobierno baraja ofrecer esas dos opciones (actividades complementarias diversas o nada) para quienes no quieran cursar religión. Que los padres tengan libertad para no elegir ninguna de las dos parece muy razonable en un Estado aconfesional, para que los derechos de unos no supongan una obligación para otros. Del texto del real decreto se puede deducir que existe la opción de no cursar como alternativa esta «atención educativa» que se entiende como voluntaria para los padres. Pero no se afirma de forma expresa, lo que permite concluir que la propuesta peca de falta de claridad en un asunto que precisamente constituye el meollo de unas de las principales reyertas educativas de las últimas décadas.
El problema de fondo es saber en manos de quién se deja la regulación de la alternativa. La pretensión de ceder la decisión a los colegios o a las comunidades autónomas es muy discutible. Aunque la política educativa de esta legislatura se caracteriza por dejar la máxima autonomía a los centros en todas las cuestiones, precisamente en este tema no resulta lo más adecuado.
Dado que esta polémica ha aparecido a partir de los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y el Estado español, sería aconsejable que fuese el Gobierno quien adoptara una posición clara sobre la alternativa y que fuera establecida del mismo modo para toda España. Esto evitaría tanto que la alternativa se regule de un modo distinto según el partido político que gobierne en cada autonomía, como que los alumnos que no quieran cursar religión sean tratados de modo desigual si se cambian de colegio.