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(kaosenlared)
El Estado alega “necesidades que afectan a la defensa nacional” para hacer un trámite de emergencia sin concurso.
La aplicación del artículo 155 ha provocado una situación de excepcionalidad en muchos ámbitos de la política y la sociedad catalanas. Y la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre no escapa a ello. Según ha podido saber ARA, el recuento de los comicios se ha adjudicado a dedo a Indra, sin que el resto de compañías competidoras hayan podido optar al contrato. Indra es una empresa de la que el Estado es el principal accionista individual, puesto que controla el 18,7% del capital.

El mismo Estado ha usado lo que se denomina una tramitación de emergencia, una excepción que recoge la ley de contratos del sector público por si la administración “tiene que actuar de manera inmediata debido a acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan un grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional”. De hecho, el Boletín Oficial del Estado ya publicó que todos los trámites relacionados con el 21-D se harían por esta vía de emergencia.

El presidente español, Mariano Rajoy, convocó las elecciones el 27 de octubre. Este anuncio repentino daba un margen de menos de dos meses entre el anuncio de los comicios y la fecha de la votación. En un contexto normal, la administración que organiza las elecciones habría colgado el contrato en una página web pública junto con el correspondiente pliego de condiciones técnicas y económicas. A partir de aquí, las compañías interesadas habrían hecho sus propuestas y los técnicos escogerían la oferta ganadora.

Desde la aplicación del 155, el ministerio del Interior es quien ha asumido las competencias para convocar elecciones en Catalunya en lugar de los departamentos de Gobernación o Economía. Concretamente Juan Antonio Puigserver, el actual secretario general técnico del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, fue nombrado el 3 de noviembre para coordinar la organización del 21-D. Fuentes del ministerio del Interior, sin embargo, se excusaron diciendo que la adjudicación del recuento lo ha hecho la Generalitat y no el Estado (a pesar de que es el Estado es quien tomó el control de la Generalitat por el artículo 155). Fuentes del gobierno catalán explican que, por la falta de tiempo, se ha elegido a Indra porque era la última empresa que había hecho el recuento de unas elecciones catalanas (las del 27-S), cosa que reduciría el “riesgo” y evitaría “incidencias” en el recuento.

Habitualmente la convocatoria para el recuento de unas elecciones se hace con unos seis meses de antelación para que las empresas puedan preparar bien sus proyectos y los técnicos fijen las condiciones, pero el trámite también se puede acortar. Sea como fuere, bajo el contexto de emergencia que ha usado el Estado, este no tiene la obligación de tramitar ningún expediente ni de hacer pública la licitación, sino que puede escoger libremente a quien le adjudica el contrato. En este caso, la beneficiada ha sido Indra. De hecho, este procedimiento de emergencia es aplicable a cualquier compra que haga la administración pública, si puede justificar que lo hace debido a una catástrofe o para garantizar la defensa nacional. En caso contrario, la decisión se podría impugnar.

Así pues, hasta que el contrato no se haga público tampoco se podrán conocer cuáles han sido las condiciones económicas. De todos modos, fuentes del sector recuerdan que las últimas elecciones catalanas se adjudicaron por un presupuesto de unos 1,5 millones de euros. Aunque la adjudicación se ha hecho con un procedimiento sin precedentes, las mismas fuentes insisten que con los sistemas actuales de gestión de datos es muy difícil manipular una votación y que el trámite no tiene que influir de ninguna forma en los resultados del 21-D. De hecho, “para incrementar las garantías del recuento” en esta ocasión se publicarán los resultados no sólo por municipio sino también por mesas electorales.

Indra, que no ha querido hacer ninguna valoración, ha ostentado un cuasi monopolio en la gestión de elecciones de la historia de la democracia española. Sólo las ha perdido una vez, en las generales del 2015, cuando el recuento se lo adjudicó la catalana Scytl en consorcio con Tecnocom.

Además de tener el Estado como primer accionista (lo es a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Sepi), el resto de grandes accionistas de Indra son la Corporación Financiero Amanecer, sociedad que controla el Grupo March (con un 10,5%), y el fondo norteamericano Fidelity ManagementResearch (9,4%).

Convocatoria urgente
Aún así, esta no es la primera vez que el Estado acorta el concurso público para unas elecciones por la falta de tiempo. En las últimas generales del 26 de junio del 2016, el ejecutivo de Mariano Rajoy ya decidió utilizar un procedimiento negociado de urgencia para adjudicar el recuento. A diferencia de la tramitación de emergencia utilizada ahora, entonces se invitó un número limitado de empresas para que presentaran sus ofertas. Las escogidas para participar fueron la misma Indra, Scytl y Ibermática. En aquella ocasión tampoco se hizo público el concurso y las condiciones no se supieron hasta que se resolvió.

Entonces Indra obtuvo el contrato haciendo una propuesta que recortaba un 40% el precio original del concurso. Finalmente, la adjudicación se hizo por un presupuesto de cerca de 9,5 millones. En las próximas elecciones catalanas, sin embargo, no se ha contactado a ninguna otra empresa y Indra se ha adjudicado el contrato a dedo.