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¿Pagamos mucho o hay que pagar menos? ¿Nos aliviará Montoro la carga fiscal para
desahogarnos los finales de mes? Estas y otras preguntas parecidas nos hacemos todos
recurrentemente. Pero nos engañan hasta en esto porque no son estas las preguntas más
importantes, como trataré de demostrar en estas líneas.

Si alguien con capacidad de intervención en la estrategia fiscal nos preguntase si queremos pagar menos impuestos, naturalmente que le responderíamos que sí. Lo que pasa es que ese alguien debería cuestionar “la cosa” de otra manera si quiere ser honesto con los sufridos sujetos impositivos. Lo que debiera preguntarnos es si queremos mantener el estado del bienestar actual (mejor dicho, el estado de los derechos humanos del trabajo, sanidad, educación, pensiones, servicios públicos variados… con nuestros impuestos).

Y a continuación preguntarnos si nos parece que la carga fiscal actual es equilibrada y justa. E incluso debería hacerse él estas preguntas y contestarse con
honestidad, que para eso cobra de nuestros impuestos. Porque la realidad en el Estado
español es que el porcentaje de recaudación apenas llega al 37% del PIB (2012) cuando
para ser sostenibles nuestros servicios públicos, deberíamos pagar en torno al 44%. (En la UE-27 ha sido el 45,4% en 2012).

Si los impuestos son más altos en la UE, es por algo. Pero junto a esto, hay que
preguntarse inmediatamente sobre el equilibro de las cargas fiscales. Y aquí hay que
poner el dedo en dos llagas: la primera llaga, es que el fraude fiscal es enorme sobre todo entre quienes más tienen. La segunda llaga, es la descompensación fiscal: en la época de Adolfo Suárez como presidente de gobierno, las personas con mayor
poder adquisitivo pagaban más que ahora con Rajoy, y los que menos ingresos tenían,
pagaban menos fiscalidad que ahora. Además, el IVA es un impuesto muy injusto si
sobre él pivota la recaudación del Estado ante el desequilibrio económico-social tan
pronunciado como para hacer un rasero común al alza en la carga impositiva de los
ciudadanos.

El fraude fiscal y su hermana melliza la corrupción, por una parte, y el desequilibrio fiscal para que no paguen más quienes más tienen, por otra. Con mantener el foco encendido sobre ambas realidades las cuentas cuadrarían los principales servicios públicos. La lucha eficaz contra las corruptelas estructurales nos ayudaría a recomponer la eficiencia en el gasto público. De lo contrario, es cierto que no existen recursos suficientes para la sanidad, educación, servicios sociales y pensiones públicas y menos de calidad; si bajan los impuestos, todavía menos. Así las cosas, no creo que a una mayoría le plazca el modelito norteamericano de que el que quiera servicios básicos, que se los pague. Y si no tienes dinero, pues qué pena.

Cuidado pues, con la mentirosa argumentación de que nos bajarán los impuestos para
aliviarnos el fin de mes como zanahoria electoral. Si no cambia nada más, la solución
será a costa del palo de las privatizaciones que pretenden desmantelar el estado de los derechos humanos básicos. En la Comunidad de Madrid hemos visto un ensayo del
mal camino que además encarecería los servicios al haber de por medio un beneficio
que ahora, con lo público, no existe. Y el papa Francisco hablando de inmoralidad y
cosas peores pero los que nos llevan al despeñadero no se dan por aludidos; al contrario: algunos llegan a decir qué majo es este papa.