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A través de informe, Amnistía denuncia desalojos forzados en campamentos para desplazados en Haití -- Tatiana Félix

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Adital

Más de tres años después del terremoto que devastó a Haití en enero de 2010, cerca de 320 mil personas todavía están desamparadas, viviendo en campamentos para desplazados. Para empeorar la situación, parte de esas personas han sufrido desalojos forzados promovidos por autoridades del gobierno. Es para denunciar esta desidia que Amnistía Internacional (AI) elaboró el informe «Ningún lugar donde ir: expulsiones forzadas en campamentos de personas desplazadas de Haití” (‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haití’s camps for displaced people), basado en tres visitas de investigación, entre 2011 y 2012, con enfoque en los desalojos forzados en la capital Puerto Príncipe.

En el informe Amnistía afirma que 977 nuevas familias fueron desalojadas por la fuerza entre enero y marzo de este año, volviendo a aumentar la ocurrencia de estos casos, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En total, casi 61 mil haitianos/as ya fueron desalojados/as de los campamentos improvisados desde julio de 2010. A pesar de las condiciones precarias que los campamentos ofrecen, por falta de agua, saneamiento y recolección de basura, que facilitan la transmisión de enfermedades infecciosas, además de violencia e inseguridad, los/las desplazados/as se ven sin un lugar adonde ir.

Basado en los testimonios recogidos, AI relata que los desalojos forzados son frecuentemente acompañados con intimidación, persecución y violencia. En la mayoría de los casos, los/las desplazados/as pierden no sólo su precario albergue provisorio, sino también todos o los pocos objetos que tenían dentro, incluyendo pertenencias personales, alimentos y hasta material de trabajo.

«Estamos ante una situación de violaciones continuas de derechos humanos, que causan gran sufrimiento. Quienes más han padecido los efectos del terremoto han sido las personas que vivían en condiciones de extrema pobreza. Residen en campamentos, donde soportan terribles condiciones de vida y, por si esto fuera poco, corren el riesgo de sufrir desalojos forzosos y, a la larga, de quedarse una vez más de sin hogar. Cada vez les cuesta más encontrar un lugar nuevo donde rehacer su vida y medios para ello”, resaltó Javier Zúñiga, asesor especial de AI.

Dijo también que los llamamientos realizados por Amnistía Internacional y por otras ONGs para que el gobierno haitiano pusiera fin a los desalojos forzados no fueron atendidos; todo lo contrario, el gobierno permitió el aumento de desalojos a comienzos de este año. Las degradantes condiciones de vida en los campamentos para desplazados sólo agravó el problema de vivienda ya existente en el país antes del terremoto, cuando se calculaba que había un déficit de 700 mil viviendas en todo el país.

El informe «Ningún lugar donde ir: expulsiones forzadas en campamentos de personas desplazadas de Haití” (‘Nowhere to go’: Forced evictions in Haití’s camps for displaced people) es parte de la campaña ‘Exige Dignidad’, que tiene como foco de atención las violaciones de derechos humanos que agravan la pobreza en diferentes regiones del planeta.

Contexto

El terremoto ocurrido el 12 de enero de 2010 en Haití mató a cerca de 200 mil personas, dejó 2,3 millones de personas sin vivienda y a muchos heridos. Pasados tres años de esta tragedia, miles de personas todavía viven en albergues para refugiados, en condiciones precarias de vivienda y sin acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Según la OIM, a pesar de haber disminuido el número de desamparados y de los más de 1.500 campamentos desde julio de 2010, actualmente todavía existen 385 campamentos donde viven 320.051 personas.

Aunque cientos de desplazados hayan conseguido albergue fuera de los campamentos a través de proyectos y programas sociales, AI denuncia que los desalojos forzados pueden haber contribuido en la aparente reducción del número de personas que aún residen en los campamentos temporarios. Normas internacionales de derechos humanos determinan que el desalojo forzado debe ser utilizado como último recurso, después de haber sido cumplidas una serie de garantías de procedimientos para esas personas como previo aviso, vivienda alternativa e indemnización.

Periodista de Adital


Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

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