Las distintas reacciones de la Iglesia ante la ley de la muerte digna sirven para descubrir hasta qué punto la Conferencia Episcopal Española está copada por los sectores más ultras. Repasen la cronología. A finales de mayo, su presidente, el cardenal Rouco Varela, dio su bendición a esta nueva ley que prepara el Gobierno. “No es una ley de eutanasia”, confirmó Rouco durante un acto público en el que dejaba claro que la Iglesia no se opondría a este proyecto, que ya habían repasado sus colaboradores sin encontrar nada raro en él.
Rouco tenía razón: la ley no despenaliza la eutanasia ni el suicidio asistido. Sí regula los cuidados paliativos, pero no va mucho más allá de lo que ya se suele aplicar de facto en la mayoría de los hospitales españoles, también en los de la Iglesia.
La paz de Roma ha durado sólo un mes. Ayer, la Conferencia Episcopal difundió un comunicado donde dicen que esta ley podría suponer “una legalización encubierta de prácticas eutanásicas” con “verdaderos homicidios” y piden incluso a sus fieles que no la cumplan porque “las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida no deben ser obedecidas”.
¿Qué ha ocurrido en este mes para que, tras el primer visto bueno, se llame ahora a la insumisión? Hay dos posibilidades. La primera, que Rouco haya sido sobrepasado por los sectores más ultras de la Iglesia: por el Opus, los kikos y los legionarios de Cristo. Aunque parezca increíble, hay más derecha a la derecha de Rouco. La segunda: que sea el propio cardenal quien lidere este giro porque ahora sí toca. Hace seis meses, Rouco pactó con el Gobierno una política de no agresión a cambio de la colaboración pública con la visita del Papa. Y esas generosas ayudas ya están aprobadas.
