Como sucedió con la primera sentada del 14 de mayo, de nuevo y desde hace varios meses un email anónimo está siendo reenviado por miles y miles de personas. Un email que hace un llamamiento a manifestarse por el derecho a la vivienda el próximo 23 de Diciembre en todas las ciudades del estado.
En Cádiz se ha convocado la manifestación a las 17:00h. desde la Pza. San Juan de Dios
El manifiesto
Esta abierto a la participación de todos. El «Wiki Manifiesto» se empezo a crear justo después de la primera sentada.
La Constitución Española en su artículo 47 establece que:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Desde el año 1998, nuestro país ha vivido una explosión del mercado inmobiliario sin igual desde la recesión económica española de comienzos de los años 80.
La situación actual no se puede explicar atendiendo a un único factor causante, como podría ser, por ejemplo, la existencia de tipos de interés en mínimos históricos e inferiores a la inflación. Tampoco el problema de la carestía de la vivienda es exclusivo de España. Otros países de nuestro entorno experimentan un fenómeno similar. Sin embargo, en España se dan una serie de factores que han hecho que el problema se haya agudizado de tal forma que nos coloca entre los líderes mundiales de la sobrevaloración de la vivienda.
Con el sector de la construcción como motor de la economía, ni el gobierno anterior ni el actual han reconocido la existencia del problema o no lo han abordado mediante políticas de Estado, o políticas que ataquen a los problemas desde su raíz. Más aún, en un país donde el fraude y el dinero negro constituyen un mal endémico, no se han activado medidas efectivas de control del fraude, el cual ha encontrado un caldo de cultivo ideal al calor de la escalada de los precios de las propiedades. Estamos hablando de fraude y corrupción a gran escala – promototas/constructoras, políticos, – y a pequeña escala – particulares.
Efectivamente, los poderes públicos que deberían actuar para paliar los efectos de la sobrevaloración se encuentran lamentablemente con que son arte y parte de la situación, movidos por codicia individual y necesidades de financiación del «aparato» correspondiente o de las arcas municipales. Aquí hay para todos.
Esta rueda de ambición, que sólo se sustenta mientras siga girando, es engrasada a su vez por las instituciones financieras, un colectivo altamente beneficiado, que facilitan unos préstamos hipotecarios que objetivamente suponen un riesgo muy elevado para personas y familias a medio y largo plazo. Por otra parte, las ampliaciones de hipotecas a los propietarios suponen unos créditos al consumo encubiertos que actúan como bálsamo ante un eventual parón en el consumo. Notarías, agentes inmobiliarios, sociedades de tasación, por poner algunos ejemplos, se convierten a su vez en valiosos colaboradores. La rueda sigue girando.
La mayor parte de las personas que en la actualidad son no-propietarios, están ya de hecho «fuera del mercado». Evidentemente, el problema es generalizado en la nuevas generaciones ya listas para emanciparse, en este caso con el agravante de encontrarse ante unas expectativas laborales desesperanzadoras. La sucesivas reformas del mercado laboral, ya de por sí limitadoras de derechos, tampoco han acometido (¡qué extraño!) un control efectivo para evitar los abusos y la precariedad.
No sólo desde el poder político, sino también en nuestro entorno social, se intenta o bien justificar la no existencia de problema alguno o bien tratarlo como algo inevitable. A fin de cuentas, «es hora de que estos jóvenes acomodados, a los que se les ha dado todo hecho, vean de una vez que en la vida hay que sufrir y trabajar». La mejora en las condiciones de vida lograda por nuestro progenitores y generaciones anteriores se convierte, de esta manera, en una mera ilusión transitoria. Para los que ya no son jóvenes, y que por necesidad, elección o modo de vida no compraron una vivienda en su día, «pues que lo hubiesen hecho, que ya les decía todo el mundo que la vivienda era una inversión segura». La naturaleza del problema, por desgracia, no fomenta la solidaridad entre propietarios y no-propietarios.
Aún así, es previsible que el gobierno actual o futuro anuncie diferentes ayudas como paliativo para demostrar su sensibilidad y saber hacer. Pero se necesita que estas ayudas se diseñen desde un enfoque radical – a «la raíz» del problema – y que se evalúe y revise si realmente cumplen sus objetivos. El nulo control en las ayudas no hace sino añadir nuevas injusticias a las ya existentes. Esta ausencia de control e inspección efectiva permite fraudes en la concesión y gestión de ayudas, efectos perversos de las mismas (desgravaciones o subvenciones indiscriminadas que estimulan aún más el incremento de precios), e incluso se intentan resucitar modelos que ya no son ayudas sino que superan en magnitud a un buen premio de lotería, como es el caso de las viviendas de protección otorgadas en régimen de propiedad.
Nos encontramos, de esta forma, ante una situación que permite vivir a muchos propietarios por encima de sus posibilidades, una situación muy próspera para los multi-propietarios, pero en definitiva una situación que niega de facto a una gran parte de la población un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna en condiciones justas. El futuro para las generaciones venideras podría ser incluso peor, aunque quizá les corresponderá a ellos recoger los restos de la rueda que se dirigió sin frenos hacia su propio descalabro.
Desde este manifiesto, conscientes de que se nos está privando del derecho a una vivienda digna, y ante el riesgo de fractura social que ello supone, queremos proponer una serie de medidas susceptibles de ser acometidas por los poderes públicos:
Suelo
El Anteproyecto de Ley del Suelo fija una reserva de al menos un 25% del suelo de los Ayuntamientos para la construcción de VPO. Según los Ayuntamientos, arrogarse esta competencia es incostitucional dado que el Gobierno no tiene potestad para legislar sobre esta materia por ser competencia autonómica. El Art. 47 de la Constitución Española establece el derecho de todos los españoles a una vivienda digna asegurando la intervención de los poderes públicos para garantizar este derecho y evitar la especulación. Como Carta Magna, la Constitución Española ha de tener prevalencia sobre cualquier otra ley. Por ello, la obligación de reservar suelo para construir VPO debería fijarse en el 50% del suelo disponible de los Ayuntamientos con el fin de asegurar el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda. El suelo no puede utilizarse como fuente de financiación de los Ayuntamientos, ni como vía para la especulación, ni para sostener la corrupción de la que la prensa está dando en los últimos meses significativos casos. Por otro lado se ha de suprimir el sistema de subasta en el proceso de adjudicación del mismo por ser un sistema que favorece su encarecimiento.
Corrupción
1. Mano dura contra la corrupción de ayuntamientos, constructoras/promotoras y especuladores particulares (intermediarios del Canon inmobiliario).
2. Imponer claras limitaciones para vender las Vivienda de Protección Oficial. Los Ayuntamientos tienen medios para atajar estos grandes abusos. Recompra automática de la vivienda por los poderes públicos.
3. Se debe persiguir que las entidades financieras den hipotecas por un precio superior al declarado en el valor de venta. Control de las actividades de las Sociedades de Tasación.
4. En caso de que políticos elegidos esten beneficiandose en temas de viviendas, debe ser un agravante para tal delito. Que quede reflejado en el Código Penal.
5. Definición de especulador en Código Civil.
6. Acabar con la «financiación» de políticos a traves del suelo (recalificaciones y permisos de obra). La financiacion de partidos politicos a base de recalificaciones de terreno y permisos de obra debe acabar.
Leyes sobre viviendas vacías
1. Modificar las leyes vigentes para evitar la acaparación de viviendas.
2. Lucha contra la desocupación de viviendas: una casa vacía es un lujo que debe ser tasado.
3. Compañias electricas y de agua, deben cooperar para encontrar todas las viviendas vacías.
Alquiler
1. Protección legal tanto para arrendadores como inquilinos para facilitar el alquiler.
2. No declarar un alquiler debe acarrear graves consecuencias.
3. Derecho de arraigo en los alquileres a las personas desfavorecidas socio-economicamente y a los contratos que se han prorrogado en el tiempo.
4. Seguimiento y penalización por parte de la administración a los propietarios que desatiendan su obligación del mantenimiento de sus fincas, observar específicamente los casos de ruinas inducidas por el desatendimiento del propietario.
5. Mantenimiento de la población original de los barrios como patrimonio etnológico. Lucha contra el mobbing o deslocalización de las personas. (vease punto 3)
6. Apuesta clara por VPOs en régimen de alquiler, no en propiedad. (vease sección de Vivienda Protegida)
Fiscalidad
1. Enérgico aumento de la presión fiscal sobre los titulares de viviendas secundarias en ciudades y, sobre todo, para los de viviendas vacías.
2. Eliminación de las desgravaciones por compra de viviendas sin carácter retroactivo.
El segundo punto es un punto polemico, tanto el tema de suprimir la desgravación como el tema de si debe ser retroactivo o no. La discusión al respecto que habia ya no existe.
Vivivenda protegida
1. Apuesta clara por VPOs en régimen de alquiler, no en propiedad (origen de muchos fraudes e injusticias).
2. Instauración de un servicio para el control efectivo del fraude de la VPO y la vigilancia del estricto cumplimiento de los requisitos para acceder a una VPO. Inspecciones periódicas de las VPO para verificar que quien vive en ellas son los adjudicatarios.