Veintitrés de los inmigrantes que viajaban en el Marine I y desembarcaron en Mauritania en febrero llevan 94 días custodiados por la policía de este país y la española sin causa alguna. ONG piden apoyo a Defensor del Pueblo y Fiscalía. No han sido acusadas de nada, pero llevan retenidas 94 días en Mauritania en un hangar de 25 metros, incomunicadas, en malas condiciones higiénicas y comiendo mal. Se trata de los 23 inmigrantes que viajaban en el Marine I y que el pasado 12 de febrero desembarcaron, junto a otras 346 personas, en el país africano.
Estas 23 personas son las únicas que todavía permanecen en Mauritania, bajo custodia de agentes de este país pero también españoles y sin que se les apliquen ninguna legislación nacional ni internacional en materia de asilo.
La situación que vive este grupo de inmigrantes la denuncian Amnistía Internacional, Cear y Médicos del Mundo. Según estas organizaciones, las 23 personas se encuentran en un “limbo legal” y la presión y las condiciones que soportan incluso les puede afectar mentalmente.
“Después de 94 días sin salir al exterior de la nave y bajo una incertidumbre sobre su futuro constante hemos apreciado que estas personas han presentado estados de angustia, depresiones, insomnio y la sensación de no conservar el control de su propia vida”, explica Pau Pérez, médico-psiquiatra de Médicos del Mundo.
Para las tres organizaciones, la solución a esta situación es que el Gobierno español, como parte implicada que tiene a los inmigrantes a su cargo, garantice un proceso de asilo en España y decida si la detención debe acabar o si formalmente se les acusa de algún delito.
Por eso, Médicos del Mundo, Cear y Amnistía han interpuesto un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por vulneración de derechos fundamentales, han anunciado que recurrirán al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado para que tramiten un habeas corpus, y no descartan presentar denuncia ante el Parlamento Europeo y el Comisario Europeo de Derechos Humanos.
“Las tres organizaciones transmitimos al Gobierno español nuestra preocupación por la detención indefinida de estas personas, sin aparente protección jurisdiccional durante más de tres meses”, señala Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía Internacional, que añade que “no se sabe en base a qué normativa se les ha internado ni cuáles son las garantías jurídicas con las que cuentan” los 23 inmigrantes detenidos.
En este contexto, las ONG exigen al Gobierno que explique bajo qué ordenamiento jurídico están retenidas estas personas y si han recibido asistencia letrada, y advierten del peligro de espacios fuera de las fronteras que escapan a la legalidad y donde los gobiernos pueden actuar con libertad y sin control judicial.
Los últimos inmigrantes del Marine I
Los 23 inmigrantes que permanecen retenidos en Nuadibú (Mauritania) desembarcaron en este país después de viajar durante semanas a bordo del Marine I y permanecer varios días a la deriva sin que nadie se hiciera cargo de ellos. En total viajan 369 personas.
De todas ellas, las 23 que están custodiadas por policías mauritanos y españoles son las únicas que permanecen en este país africano. Del resto, la mayoría han sido devuelvos a sus países de origen.
Como explica Cear, cuando los inmigrantes desembarcaron en Mauritania un grupo de 35 fueron trasladados a España para tramitar su petición de asilo. De los 35, sin embargo, nueve fueron finalmente repatriados a Sri Lanka, otros renunciaron a la petición de asilo y se acogieron al retorno y un grupo muy pequeño continua en España porque se ha admitido a trámite su petición de refugio.
Los 23 inmigrantes retenidos en Mauritania se han negado a regresar a sus países por “fundados temores de riesgo para sus vidas”. Por eso, desde Amnistía Internacional, Cear y Médicos del Mundo dicen que si las autoridades españolas están actuando fuera del territorio español deberían aplicar la legislación española y trasladar al grupo para que pueda tener un procedimiento de asilo con todas las garantías.
