Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Un horizonte lleno de incertidumbres
No es baladí preguntarse por la salud de los derechos humanos al cumplirse el 58 aniversario de la proclamación por la ONU de la Declaración universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. No lo es aunque reclamarse defensor de los derechos humanos se haya convertido en muletilla que acompaña a todos los discursos políticamente correctos. De forma unánimemente sospechosa, todos los protegen, todos los defienden.
Reconozcamos de entrada que, pese al inevitable recelo, ello tiene no poco de positivo por cuanto implica suscribir que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el conjunto de Tratados y Convenios Internacionales que forman la arquitectura de la protección de derechos son el reconocimiento a la dignidad humana y la referencia imprescindible para en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Pero pese a ese reconocimiento, pese a todo lo que implica de referencia, nos atrevemos a diagnosticar que los derechos humanos se encuentran hoy en peligro. Que sufren una política consciente de acoso y desgaste cuyo objetivo es vaciarlos de contenido.
Hace meses asistimos con estupor a la firma del acuerdo con EE.UU. por parte de la Unión Europea por el que se facilitarán decenas de datos de los pasajeros aéreos y que supone como ha señalado la AEDH un ataque intolerable al respeto de la vida privada y a los derechos humanos.
El pasado 29 de septiembre, el Congreso de los EE.UU. daba el visto bueno a la Ley que en la práctica legaliza la tortura, poniendo en cuestión, letra sobre letra, la Convención de Ginebra y la propia Declaración Universal.
En el contexto de la ?lucha contra el terrorismo?? el gobierno de EE.UU. ha liderado el desmantelamiento de toda la arquitectura internacional de derechos humanos. Con la complicidad o la inacción de los gobiernos de la ?Comunidad Internacional??, el gobierno estadounidense ha recurrido masivamente a las detenciones y cárceles secretas, a las desapariciones forzadas, a las detenciones indefinidas sin cargos, a las detenciones arbitrarias, y a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Miles de personas siguen detenidas indefinidamente bajo custodia militar estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo tal como de forma angustiosamente insistente ha venido señalando Amnistía Internacional.
La propia invasión de Irak no fue sino una muestra más del desprecio hacia esa arquitectura, en este caso hacia la Carta de las Naciones Unidas. El ataque al Líbano sólo fue condenado por lo desproporcionado de la reacción israelí y no por la ruptura de ese marco en el que la Carta de las Naciones Unidas regula los conflictos entre Estados.
Las legislaciones de excepción tienden a extenderse como la pólvora entre los países democráticos. Con el objetivo de la lucha contra el terrorismo. Una lucha y contención que es absolutamente legítima pues toda sociedad tiene el derecho a protegerse de barbaridades tan escalofriantes como los atentados de Madrid.
Pero una lucha en la que no pueden traspasarse los límites del Estado de Derecho, en la que no se puede permitir que se vulneren los derechos fundamentales que tanto trabajo ha constado reflejar en leyes, constituciones y tratados. Si no se quiere que el fundamento mismo de nuestras sociedades, los valores que nos inspiran, queden seriamente dañados.
Las voces que claman, que exigen, que nos olvidemos de los principios jurídicos del estado de derecho son fuertes y poderosas. Y no pocas veces consiguen influir en una opinión pública atravesada por los miedos e inseguridades del mundo presente.
Afortunadamente junto a ello surgen indicios de acción desde la sociedad civil o desde las instituciones más cercanas a ella que exigen que el respeto escrupuloso a los derechos humanos, a todos los derechos humanos.
LA IGUALDAD INALCANZABLE
En todo caso, si la libertad se encuentra amenazada en la cuna que la hizo crecer, la igualdad, que fue parte del mismo grito, apenas consigue abrirse un pequeño espacio en un mundo donde la desigualdad gobierna el planeta. Los derechos humanos de lo que llamamos segunda generación, aquellos asociados a la igualdad, los derechos económicos y sociales, apenas han iniciado el camino del reconocimiento y la garantía.
La distancia entre países ricos y empobrecidos se agranda. Los constata la ONU y todos manejamos las cifras escalofriantes de la pobreza y la miseria, la existencia de cientos de millones de personas en el mundo en el límite mismo de la supervivencia. Cifras que conviven con cifras. Datos que bailan juntos para señalarnos que en el mundo campea la injusticia.
?? A finales del siglo XX, los habitantes de Europa y EE.UU. gastamos 17.000 millones de dólares en alimentos para animales, pero no logramos invertir los 13.000 millones de dólares anuales necesarios para eliminar el hambre
?? En el año 2000 la UE subvencionó con 913 dólares a cada vaca de su territorio, mientras destinaba 8 dólares a cada persona africana para ayudarla a salir de la pobreza
?? 70 personas concretas europeas tienen una riqueza superior a la renta de 1.455 millones de personas pobres en Asia.
?? La financiación anual del programa contra el sida y la malaria es igual a lo que se gasta durante medio día en la ilegal guerra de Irak
La pobreza extrema junto al despilfarro y la opulencia. A veces separadas tan solo por una estrecha franja 14 kilómetros de agua.
Y los objetivos y planes para acortar la brecha entre ricos y pobres, son sistemáticamente ignorados, como sucede ahora con los objetivos del milenio, inalcanzables ya casi antes de formularlos.
Es verdad que en la Unión Europea franjas sociales situadas en lo que la ONU ha denominado la pobreza absoluta, es decir las personas cuyos ingresos apenas les permiten la supervivencia vital, son muy reducidas. Pero también es cierto que el enriquecimiento global que se viene produciendo en los llamados países desarrollados (en gran parte gracias al expolio e imposición de mercado a los países empobrecidos) va acompañado de una cada vez más clara dualización, con la perpetuación e incluso incremento de las franjas de población situadas en la pobreza y en la exclusión social.
Es fácil que convengamos que no es ajeno a ello el progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar que en buena parte de Europa se forjó tras las II Guerra Mundial. Para la estrategia del neoliberalismo de crecimiento ilimitado y obtención del máximo beneficio, estorban muchos derechos sociales, aunque el coste sea el propio ser humano.
LA ANDALUCÍA DEL MÍNIMO
Si existe algún caso paradigmático de ello es nuestra tierra andaluza, que nunca llegamos siquiera a llegar a disfrutar de ningún Estado del Bienestar. En Andalucía, como si se tratara de una maldición bíblica, se perpetúan las cifras del empobrecimiento. Un 31, 1% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. De ellas mas del 15%, hasta un 5,5% de la población, en situación de pobreza severa. De los veinte municipios con mas de 50.000 que son mas pobres de toda España, nada menos que catorce son andaluces.
Dos millones de pobres entre 8 millones de habitantes en Andalucía, no es cifra para que se pueda hablar de una Andalucía imparable. Tampoco es cifra que pueda obviarse, pese a que no se cite nunca a la hora de hablar de presupuestos, de informes económicos o de planes de inversión. Y, así, la situación se eterniza y se está convirtiendo en estructural.
Pero quizás lo mas cruel sea la existencia de casi 400.000 personas en Andalucía que subsisten como pueden en situación de pobreza severa y de grave vulnerabilidad social. Y desde nuestra modesta experiencia, lo más grave y doloroso es la falta de políticas públicas que prioricen acabar con esta lacra de la exclusión social en Andalucía
Y, sin embargo, se trata de una realidad oculta y ocultada. Una realidad apenas mencionada y menos tenida en cuenta a la hora de elaborar o diseñar las políticas socio-económicas que se desarrollan en esta tierra. Incluso en el nuevo Estatuto de Andalucía, la cuestión de la pobreza y la exclusión social no han quedado suficientemente explicitadas como una de las realidades sangrantes que es imprescindible abordar. Y por tanto ausentes las propuestas políticas que inspirasen medidas concretas para superarla.
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, decía no hace mucho en un debate parlamentario al respecto, que Andalucía tenía los recursos suficientes para acabar con las situaciones de pobreza extrema. Y estamos de acuerdo. La pobreza y la exclusión social en Andalucía no son ni una plaga bíblica ni responden al ser andaluz. Son consecuencia de políticas concretas, o de la falta de ellas.
No es pues falta de recursos. Hay, por tanto, que pasar de las palabras a los hechos. Se trata sin duda de un problema de prioridades. Del uso de esos recursos. Y mucho nos tememos que los derechos humanos de las personas mas excluidas, el acabar con la situaciones de marginación y pobreza, con la deficiencia de los servicios sociales, con la escasez de recursos dedicados a la protección de los mas débiles, con el paro endémico?? no sea hoy todavía la principal prioridad.
Por eso se echan de menos las políticas que habría que poner en marcha, se echan de menos recursos para las administraciones locales y eficacia en los servicios sociales, políticas contra el paro que vayan mas allá de incalculables gastos de formación muchas veces inadecuados y las mas tirados a la basura. Miramos lo que se hace y no encontramos políticas integrales, sino parches; no encontramos previsiones y actuaciones con perspectiva, sino ir día a día con respuestas parciales y a veces equivocadas.
EL DEBER DE UNA ANDALUCÍA SIN EXCLUSI?N SOCIAL
Llegada pues una nueva conmemoración del aniversario del día aquél en que fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de aquél día en que se reconoció la dignidad intrínseca del ser humano, no está de más que volvamos la mirada a nuestra tierra y contemplemos el rostro de las personas sin hogar, de los que malviven en barrios de exclusión, de inmigrantes sin papeles, de los enfermos de toxicomanías o de los que terminan con sus huesos en las cárceles??
Y, desde esa mirada, nos planteemos con urgencia que la exclusión forma parte de la realidad de nuestra Andalucía, que debe ser desvelada y visibilizada y que es prioritario tomar las medidas necesarias para erradicarla.
Sin despreciar la bondad de los Pactos propuestos a la oposición por el Sr. Presidente de la Junta, ¿no sería lógico que dentro de ellos, desde un proceder de justicia, se incluyese un pacto para erradicar la exclusión social en Andalucía?
No creemos que sea irrelevante preguntar que fue de la prometida ley de inclusión social. O porqué han hecho aguas los objetivos del Plan de Inclusión 2003-2006. O tal vez no esté de más interrogar porque son ignorados los objetivos de la Unión Europea contra el empobrecimiento y la exclusión. O cual es el papel de la renombrada Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social que parece querer responder mejor a sectores sociales de clases medias, votantes mayoritarios, que a las clases sociales más desfavorecidas, a la medida parece de una publicitada Andalucía al Máximo, incapaz de dar una respuesta de mínimos.
Son necesarias otras prioridades hoy ausentes. En el día de los derechos humanos, modestamente, nos atrevemos a plantear que la pobreza y la exclusión social en Andalucía tienen que convertirse en agenda política, en prioridad presupuestaria, en política concreta, en acción social y económica.
Es un deber moral, es una cuestión de justicia y de derechos humanos.
¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos.
Pablo Neruda (versos del capitán)