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Varios expertos analizan la crisis del constitucionalismo vigente
Esta semana se cumple el 35º aniversario de la Constitución española en un contexto de fuerte involución de los derechos sociales y un creciente cuestionamiento del sistema político que la actual Constitución ayudó a articular. Para contribuir a la reflexión sobre estos aspectos, FUHEM Ecosocial propone varios análisis publicados en su revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.
¿Pueden las constituciones defender a los ciudadanos ante los nuevos problemas o están siendo usadas para sostener medidas antidemocráticas? La reforma de la Constitución realizada en 2012, ¿ha eliminado cualquier esperanza de progreso social dentro del actual marco constitucional? ¿Hasta qué punto los cambios introducidos colisionan con los derechos socioeconómicos contemplados por el Estado social y reconocidos por la propia Carta Magna? Si los suelos de gasto garantizarían una vida digna a todos los ciudadanos, ¿por qué no hablamos de suelos de gasto social en lugar de plantearnos el techo del mismo? A todos estos interrogantes tratan de dar respuesta los siguientes artículos.
Titulado de forma global ?Nuevos problemas, nuevas constituciones??, el último número de la revista Papeles ofrece una reflexión crítica sobre la pérdida de legitimidad y credibilidad del constitucionalismo vigente. Destacamos dos artículos disponibles en la web de FUHEM Ecosocial.
A nuevos problemas, nuevas (y mejores) instituciones
Santiago Álvarez Cantalapiedra
El director de FUHEM Ecosocial plantea en este texto que asistimos a un momento de transformación crucial en todos los ámbitos, un punto de inflexión que se manifiesta en la actual crisis económica, social y ecológica a la que se suma también la dimensión institucional, puesto que las instituciones aún vigentes surgieron para un mundo que ya no existe y parecen estar diseñadas para reprimir las soluciones imaginativas que reclaman los problemas actuales.
Repasando las diversas instituciones de la sociedad española: organizaciones sindicales y empresariales, partidos políticos, monarquía, parlamento, judicatura, bancos centrales y entidades financieras, Santiago Álvarez reconoce que todas ellas generan poca confianza entre la población y concluye que la desafección ha alcanzado también a la Constitución española. ¿Por qué? Según el director de FUHEM Ecosocial esta norma se ha visto afectada por una deriva antidemocrática que se manifestó claramente en la reforma parcial y precipitada de la Constitución española en verano de 2012, con la que se salvaguardaron los intereses de los acreedores frente a las necesidades de la ciudadanía. Su análisis concluye apuntando que ante los nuevos problemas y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, habremos de hallar nuevos diseños institucionales que logren protegerla frente al mercado.
Sociedad civil y Estado en la Constitución de 1978: hacia un nuevo constitucionalismo democrático
Albert Noguera Fernández
En este artículo, Albert Noguera Fernández, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, sostiene que el constitucionalismo democrático moderno no implicó la eliminación de las injusticias políticas, sociales y económicas, pero sí estableció las bases para que se pudiera dar, en las sociedades europeas, un avance paulatino en el reconocimiento de derechos y la progresiva corrección de las mismas.
En lo que respecta al caso español, el autor explica que si bien la Constitución de 1978 incorporó inicialmente estas bases constitucionales, aunque de manera ilegítima, limitada e insuficiente, los recientes procesos y reformas han eliminado definitivamente cualquier esperanza de progreso social dentro del actual marco constitucional. Tras analizar estas cuestiones, Albert Noguera plantea los fundamentos sobre los que construir un nuevo constitucionalismo capaz de recuperar un marco democrático de convivencia y transformación social.
Planteando alternativas
Entre 2012 y 2013, FUHEM Ecosocial ha dedicado tres números de la revista Papeles a ofrecer ?Alternativas?? de diverso calado. El número 117 planteó una serie de claves para construir una alternativa al marasmo económico, ecológico y político actual. Entre ellas, destacamos por su actualidad dos artículos disponibles en la web de FUHEM Ecosocial.
Constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria y cláusula del Estado social
Luis Miguez Macho
En este artículo, Luis Miguez Macho, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela, ofrece interpretaciones alternativas al principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución tras la reforma de 2012.
Según el autor, tras este cambio, el recorte del gasto público se ha convertido en una imposición del más alto nivel de compromiso y se supeditan los derechos socioeconómicos contemplados por el Estado social al cumplimiento de los límites de endeudamiento establecidos. La restricción que recoge esta reforma constitucional la establece la Unión Europea dejando su desarrollo a cargo de los Estados nacionales, que refuerzan sus competencias para restringir el gasto público de las Administraciones Públicas. Miguez Macho sostiene que este cambio supone un choque frontal contra el Estado social y los derechos socioeconómicos que recoge la Constitución Española. Colisiona con la libertad e igualdad del individuo, al tiempo que los derechos socioeconómicos de los ciudadanos quedan condicionados a las restricciones económicas.
Servicios públicos y establecimiento de suelos de gasto para la garantía del Estado social en el contexto de crisis
Alba Nogueira y María Antonia Arias
En este análisis, Alba Nogueira y María Antonia Arias, profesoras de Derecho Administrativo en las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo, respectivamente, proponen el establecimiento de suelos de gasto público y de mejora regulatoria en la configuración de mínimos de calidad en las prestaciones sociales, como garantía de mantenimiento del Estado social que proclama la Constitución Española.
En el marco del Estado social que recoge el artículo primero de la Constitución, sostienen las autoras que los poderes públicos deben garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Actualmente, cuando se pone en cuestión la viabilidad del Estado de bienestar y triunfan las tesis neoliberales que consagran constitucionalmente la prioridad absoluta de los créditos bancarios para satisfacer el capital e intereses de la deuda pública, la configuración de los derechos sociales como auténticos derechos subjetivos podría evitar que las fuertes restricciones presupuestarias derivadas de la grave crisis económica hagan peligrar la efectividad de las prestaciones de carácter social y asistencial. Frente a ello, el blindaje de ciertos suelos de gasto o prestaciones mínimas contribuiría no solo a hacer efectiva la cláusula de Estado social ?la igualdad?, sino el principio democrático y la libertad de los ciudadanos al habilitar las condiciones precisas para que la ciudadanía pueda estar en condiciones de desarrollar con dignidad todos los derechos propios de una democracia avanzada.
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