Especialistas en servicios sociales y beneficiarios de la ley presentan su queja en el Congreso
Consideran que está habiendo una «derogación encubierta» de la norma
La Ley de la Dependencia está sufriendo una “demolición controlada” y una “derogación encubierta”. Así lo entienden la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Dependencia y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que este jueves han entregado en el Congreso de los Diputados 250.000 firmas para exigir que se cumpla la norma y que se dé respuesta a los derechos de más de un millón de personas en situación de dependencia y sus familiares.
Las dos entidades denuncian que se han reducido las cuantías de 400.000 prestaciones económicas, que 170.000 cuidadoras familiares han dejado de cotizar a la Seguridad Social, que se financia menos a las Comunidades Autónomas – mediante la supresión de aportaciones o la reducción en un 13% de las ayudas por persona que le corresponden al Estado- , que se dilatan los plazos hasta la desesperación –dos años y medio-. «La burocracia invade el sistema y hay más de doscientas mil personas sin atender por el sistema, aun cuando tienen reconocido el derecho a ser atendidas», añaden.
Además, recuerdan que en noviembre de 2011 eran 1.048.424 las personas dependientes con derecho a atención, mientras que en noviembre de este año este número se ha reducido hasta las 940.642, es decir, en solo dos años 107.782 personas menos a las que se les reconoce el derecho de acogerse a la norma.
Los especialistas en trabajo social y los dependientes y sus familiares también censuran que el Gobierno emplee “eufemismos como mejora o sostenibilidad” para referirse a “lo que no es más que la destrucción planificada del sistema con intereses perversos de favorecer el negocio del aseguramiento privado, calificando de insostenible esta Ley, para provocar un modelo dual donde los seres humanos y sus necesidades sean tratados como mercancías”.
