La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante las Elecciones Municipales y Autonómicas
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP), ante las próximas elecciones autonómicas y municipales creemos obligado hacer varias reflexiones.
La primera es que tras la finalización del proceso de transferencias en 2001, la Sanidad es una competencia casi exclusivamente autonómica, a lo que hay que sumar la falta de sistemas eficaces de cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por ello este proceso electoral es de especial importancia en el ámbito de la salud porque va a definir la política sanitaria de las CCAA.

La segunda es que existen grandes diferencias interautonómicas en el estado de salud de la población y en el funcionamiento de los sistemas sanitarios regionales, tal y como se ha detectado los 7 Informes sobre la situación de los servicios sanitarios de las CCAA, elaborados por la FADSP desde 2004, y en las informaciones del portal estadístico del Ministerio de Sanidad, en los que cabe resaltar:

1. Se han detectado diferencias muy importantes entre las CCAA en cuanto al estado de salud de la población, destacando las siguientes diferencias entre las situaciones mas extremas:
– 2,6 años en la esperanza de vida
– 5,7 años en esperanza de vida libre de incapacidad
– 3,6/1.000 nacidos vivos en la tasa de mortalidad infantil
– 5,9 /100.000 en la tasa de mortalidad por tumor de mama
– 21,4% en la valoración del estado de salud como bueno o muy bueno.

Diferencias tan acusadas no parecen justificables, menos aún cuando no existe información disponible sobre las que hay dentro de cada autonomía, y suponen una importante fuente de desigualdad que habría que tratar de eliminar y/o disminuir de una manera significativa.

Tampoco conviene olvidar que estas diferencias, en vez de disminuir, se han incrementado desde las transferencias de la Sanidad a las CCAA.

2. Estas importantes diferencias se objetivan también entre los servicios sanitarios, siendo las más destacables (igualmente entre los valores extremos):

– En la puntuación obtenida en el grado de satisfacción con los servicios sanitarios: 1,30

– En el promedio de personas que habiendo utilizado los servicios sanitarios los consideran como buenos o muy buenos: 17,97%

– En el porcentaje de los que opinan que los servicios sanitarios de su autonomía han mejorado desde las transferencias: 16,33%

– En el presupuesto sanitario público per capita: 556,71 €

– En el numero de camas: 1,81 /1.000 habitantes

– En el numero de TAC: 4,77 /millón de habitantes

– En las tarjetas sanitarias por médico general: 746 tarjetas

– En el gasto farmacéutico per capita: 122,46 €

– En el crecimiento del gasto farmacéutico: 9,71%

– En el porcentaje de gasto farmacéutico en medicamentos genéricos: 10,64%

– En la mortalidad por tumor de colon: 6 /100.000 habitantes

– En la mortalidad por efectos adversos: 0,5 /100.000 habitantes

En el análisis de las puntuaciones asignadas, en el informe realizado por la FADSP en 2010, se obtiene una diferencia de 59 puntos (rango de 19 a 78, media de 44,05 y ratio entre las puntuaciones extremas de 2,15). Como sucede con lo referente a la situación de salud las diferencia se han incrementado y parecen también excesivas (ver informe CCAA 2010. http://www.fadsp.org/pdf/INFORME.ccaa2010.doc)

3. El sistema de financiación de las CCAA es una parte del problema. Primero porque se parte de una insuficiencia general que ha sido reconocida por el propio Gobierno en la Conferencia de Presidentes. Segundo porque esta basado en la capacidad de las CCAA para generar recursos, a pesar de que la riqueza, medida en PIB per capita, (según datos del INE publicados en 2010), tenia un rango en 2007 entre 16.164 € (Extremadura) y 30.562 € (Madrid) lo que supone una gran diferencia a la hora de la recaudación tributaria; y tercero porque el actual sistema de financiación deja al libre criterio de cada una de las CCAA la decisión de su gasto sanitario.

Cuarto, porque la transferencia de fondos a cada comunidad como conjunto y las partidas extras (como las procedentes de los fondos de cohesión o del céntimo sanitario) no son finalistas y cada Comunidad puede destinar finalmente esos dineros a donde electoral o coyunturalmente mas le interese, independientemente de la necesidades reales de salud o servicios sanitarios de su población.

4. Se ha detectado la falta de una política de personal homogénea del SNS con gran heterogeneidad de las mismas en las distintas CCAA. Ello supone importantes discrepancias en aspectos esenciales de la misma que van desde las retribuciones, la existencia o no de dedicación exclusiva, los modelos de carrera profesional, y sobre todo en la capacidad de generar empleo. Es una evidencia que la mayor privatización de los servicios sanitarios influye en un empeoramiento general de las condiciones laborales y profesionales (mayor carga de trabajo, menores recursos humanos, etc.) sin aumentar la eficiencia de los servicios prestados o incluso empeorando estos.

5. Se ha producido un proceso generalizado de privatización de los servicios sanitarios, proceso que abarca a la introducción de mecanismos de mercado (separación entre financiación y provisión), el aumento de los fenómenos de concertación y externalizaciones, la creación de una multiplicidad de los llamados «nuevos modelos de gestión» que introducen la lógica de la gestión mercantil en el sistema sanitario público, y las concesiones administrativas (bien totales, bien las PFI). Este proceso tiene mayor intensidad en algunas CCAA (Valencia, Madrid) que tienen gobiernos del PP, pero esta presente en la mayoría de las CCAA ,y solo 3 parecen apostar claramente en sentido contrario, es decir el refuerzo del sistema sanitario público ( Cantabria, Castilla – La Mancha y Extremadura).

En ningún caso, la evidencia existente en España como en otras partes donde se han aplicado estos modelos privatizadores y de mercado, ha demostrado que hayan supuesto aumentos de la calidad o de la eficiencia de los servicios prestados que incluso han empeorando (Informes Reino Unido, OMS, etc) pues en ellos prima la rentabilidad económica y el ánimo de lucro sobre la rentabilidad en salud o sociosanitaria.