Cualquier político condenado por delitos graves en Brasil no se podrá presentar por ningún cargo público. Esta ley que fue considerada por ?Le Monde?? como un ?hecho impresionante y sin precedentes??, es el resultado de una demanda popular de más de dos millones de firmas, movida por la ong Avaaz y que finalmente, después de muchos obstáculos y maniobras contrarias, fue aprobada por el Parlamento Brasileño.
Una consecuencia práctica ha sido que hay actualmente 330 cargos públicos que no se podrán presentar en las próximas elecciones. La propuesta ?FICHA LIMPA??, que significa ?EXPEDIENTE LIMPIO?? ahora se intenta extender a otros estados del mundo.
Esta noticia, por cierto muy poco divulgada entre nosotros, muestra una vez más la importancia de la iniciativa popular. Según las leyes los Parlamentos deben aceptar la posibilidad de trámite aquellas iniciativas populares que cuenten con un número determinado de firmas. Corresponde a la mesa del Parlamento decidir el sí o el no, y el cuándo y el cómo. En Cataluña la nueva ley sobre las corridas de toros fue impulsada por iniciativa popular.
Los partidos políticos tienen muy presente que una propuesta popular, dentro del marco de una sociedad libre y democrática, conlleva un alto valor significativo, que desfallecimiento pueden desatender, ya que ellos son los representantes elegidos por la soberanía popular manifestada en las elecciones. Una vez más la ley Brasileña ?Ficha limpia?? corrobora la importancia de la promoción de las iniciativas populares como un paso adelante en el proceso de profundización del sistema democrático.
Más allá de la forma como se ha tramitado el proceso de esta ley, es necesario también hacer una breve reflexión sobre su contenido. Una persona que ha sido condenada judicialmente por delitos graves no puede acceder a un cargo público. Evidentemente esta ley tiene varias dimensiones que miran el bien común de la sociedad. En primer lugar es preventiva de cara a que los cargo públicos, es decir de servicio a la sociedad, sean ocupados por personas no corruptas y que cumplen las leyes. Esta prevención es sabia y muestra prudencia por parte del legislador.
Que se pueden escapar algunos elementos, es cierto, pero resultará más difícil llegar a los cargos públicos a personas delictivas y corruptas. Tratar de impedirlo es de buena práctica democrática, que mira el bien común de la sociedad. En segundo lugar para todos los que ya están en los cargos públicos una ley así es un recordatorio de que su actuación debe ser según justicia ya que en caso contrario no sólo deberían afrontar un posible juicio, sino que en el caso de ser condenados, la puerta a ulteriores accesos a los cargos quedaría definitivamente cerrada.
Evidentemente hay un supuesto fundamental en esta cuestión que es la rectitud y honorabilidad de los tribunales. Se trata, sin embargo, de un tema más amplio, que afecta a toda la sociedad. Si hay corrupción o deficiencia en el mundo judicial, a la práctica esta ley corre el peligro de quedar, al menos en algunos casos, en papel mojado. De todas formas ella también puede representar el punto y final del ejercicio profesional de un magistrado si es condenado por delitos graves.
Un importante paso adelante es el que representa ?Ficha Limpia??. Si muchas sociedades la imitaran sería un bien global por nuestro mundo. Hay, pues, que felicitar al Parlamento de Brasil por su acierto en dar respuesta positiva a la iniciativa popular.