Persiste sin merma en Honduras el potencial de una violencia estatal en gran escala tras el regreso del Presidente Zelaya al país y las acciones ilegales del gobierno de facto contra la embajada brasileña donde él se vio obligado a buscar protección.
Las exhortaciones televisadas del dirigente del golpe, Micheletti, solicitando el «perdón de los hondureños» y su promesa de anular los decretos de emergencia «tan pronto como sea posible» suenan huecas frente a las continuas denuncias de detenciones, «desapariciones», muertes y la suspensión general de las libertades básicas documentadas por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, otras organizaciones de derechos humanos respetadas internacionalmente y el Frente Nacional contra el Golpe de Estado de Honduras. Las voces críticas desde el Parlamento de Honduras como reacción a las últimas medidas atestiguan la creciente fuerza de la resistencia nacional, dirigida por los sindicatos, y no el accionar de la diplomacia entre bastidores.
Incluso después de la expulsión de la misión previamente acordada con la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos continúa enviando lo que eufemísticamente se describen como «señales mixtas». Los estadios de deportes convertidos en centros de detención proyectan una larga sombra en América Latina, y EE.UU. tiene una responsabilidad especial. La Unión Europea y sus Estados miembros, que a diferencia de Estados Unidos suspendieron las relaciones diplomáticas y adoptaron una posición basada en principios, también cuentan con instrumentos que pueden utilizar para ejercer presión en favor de una solución democrática a la crisis.
Si se realizan negociaciones, estas sólo pueden llevarse a cabo contra un trasfondo de crecientes presiones y la clara amenaza del aislamiento político total si fracasaran. Estados Unidos y la Unión Europea deben declarar de modo inequívoco que rehusarán reconocer el resultado de toda elección organizada por el «gobierno de facto» de Micheletti; reafirmar su respaldo a Manuel Zelaya como el Presidente electo de Honduras; suspender toda la ayuda y apoyo internacional al gobierno de Honduras hasta el retorno a un sistema constitucional; eliminar las preferencias arancelarias para Honduras bajo los acuerdos comerciales regionales y el SGP de la Unión Europea; así como brindar un enérgico sostén a todos los que defienden los derechos humanos en Honduras. Asimismo, se deben implementar sanciones contra todos los que ocupan ilegalmente posiciones de autoridad o quienes participaron activamente en el golpe. Ahora es el momento para la acción.
[Enviado por Rebanadas]
* Rel-UITA= Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
