Varios grupos de apoyo mutuo de los distritos madrileños de Tetuán y Moratalaz han elaborado un Cuaderno de quejas en torno al Ingreso Mínimo Vital, con 30 propuestas para su mejora, que han enviado a los ministerios de Seguridad Social y Derechos Sociales. El documento completo puede descargarse en: http://bit.ly/3J1JtHR.
A partir del trabajo con las personas afectadas, se llega a la conclusión de que el IMV no está cumpliendo los objetivos perseguidos. En primer lugar, porque los requisitos exigidos son restrictivos para varias franjas de población en situación de gran precariedad; en segundo lugar, porque la normativa es muy complicada; y en tercer lugar, porque los procedimientos de gestión utilizados son arbitrarios, lentos y oscurantistas.
Se constata un avance parcial importante a raíz de la salida del ministro Escrivá: por primera vez en cuatro años el Ministerio de Seguridad Social ha hecho público el número de prestaciones de IMV que se están pagando (376.073 en febrero 2024, muy lejos del objetivo de 800.000), pero todavía se constatan importantes problemas: la mayoría de quienes lo necesitan no lo ha solicitado, muchas solicitudes son denegadas (dos de cada tres en 2022) y las familias que lo conservan sienten estar en una «montaña rusa» en la que pueden descarrilar.
El Cuaderno de quejas presentado a ambos ministerios sugiere medidas concretas para una reforma urgente de la Ley 19/2021 y del RD 789/2022, así como para el abandono de ciertas interpretaciones arbitrarias del INSS y para la mejora de los procedimientos de gestión. Entre ellas, las siguientes:
– Regulación del complemento de vivienda paralizado desde junio de 2020.
– Supresión de los condicionantes de excepción puestos exclusivamente a determinadas franjas de población: personas que comparten piso porque no pueden permitirse otra solución habitacional, o menores de 30 años (con tasas de desempleo y pobreza altísimas).
– Punto final a las suspensiones del pago del IMV a causa de que otras administraciones públicas no renuevan anualmente de oficio ciertas acreditaciones pese a que les obliga la Ley 19/2021.
– Revisión del procedimiento de determinación de cuantía y/o revisión anual, para evitar que un porcentaje altísimo de las familias beneficiarias cobren cuantías erróneas durante al menos diez u once meses cada año, enfrentándose luego a exigencias de devolución de cientos o miles de euros.
– Normalización, al modo de las rentas mínimas en las comunidades autónomas, de los ajustes a realizar si en una familia se produce la entrada o salida de algún miembro, lo que actualmente produce graves anomalías en la gestión del IMV sin base legal para ello.
– Revisión de la exclusión total del acceso al IMV que padecen las familias en las que un miembro no tiene residencia legal en España o la tiene desde hace menos de un año.
– Modificación de la interpretación arbitraria y alegal que el INSS hace sobre las condiciones de acceso a la Ayuda para la Infancia para familias que no tienen derecho al IMV básico.
– Revisión de los ingresos considerados no-computables a efectos de IMV, impidiendo que prestaciones como el bono térmico o el bono joven se descuenten del IMV a percibir en el año siguiente.
– Detección por el INSS, en colaboración con otras entidades públicas, de núcleos susceptibles de ser beneficiarios de IMV, para informarles de ello y explicar de forma comprensible los pasos a dar, pero sin cometer los errores ocurridos con el ya caducado Ingreso Mínimo Vital Transitorio.
Si la ?opción por los pobres?? es signo de identidad de Redes Cristianas, debemos reclamar el cumplimiento de la tarea asignada al IMV: «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas» (art. 1 de la Ley de IMV).