Dos millones de personas en España trabajan y pagan sus impuestos, pero en las elecciones municipales de mayo no podrán votar porque son inmigrantes. Una veintena de entidades inician una campaña para pedir que se reconozca este derecho. Si viven, trabajan, pagan sus impuestos y aportan a la sociedad, entonces ¿por qué no se les permite votar en las elecciones como al resto de ciudadanos? Esta es la pregunta que formulan la Federación de SOS Racismo en España y una veintena de organizaciones agrupadas en la plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s.
Desde finales de mayo, todas estas entidades llevan a cabo una campaña que tiene la mirada fija en las próximas elecciones municipales de mayo y que pretende sensibilizar sobre el derecho de las personas inmigradas en el Estado español a ejercer también su derecho a voto.
En total, explican las ONG, son “dos millones las personas que viven, trabajan y pagan impuestos en el Estado español y que no podrán votar por cuestión de origen”, hecho que los convierte en ciudadanos “de segunda clase” y que “mina la calidad democrática” porque no reconoce el derecho de estos ciudadanos a sentirse representados.
Para sensibilizar sobre esta cuestión, las organizaciones pretenden durante los próximos meses informar a la ciudadanía y encontrarse con representantes políticos. Lo primero, explican, sería reconocer a los residentes extracomunitarios el derecho a votar y a presentarse como candidatos en los comicios municipales y europeos para, en una segunda fase, ampliar este derecho de participación política a las elecciones autonómicas y estatales.
En opinión de SOS Racismo y el resto de entidades –como Andalucía Acoge, Cear, Atime y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía- el primer paso hacia estas metas ya está dado porque, según los datos de marzo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el 79,6% de los encuestados eran favorables a extender el derecho a voto a las personas inmigradas.
Ceder el voto a los que no lo tienen
Una de las principales razones de SOS Racismo y la plataforma Tod@s Iguales es que la ciudadanía debería estar vincular a la residencia y no a la nacionalidad. El derecho a voto, dicen, no es la única condición para acceder a una ciudadanía plena, pero es “una condición imprescindible”. Para ello, las organizaciones instan a modificar la Constitución para que se reconozca el derecho a sufragio a todas las personas mayores de 18 años “independientemente de su origen”.
De momento, la campaña prevé reunirse con los partidos políticos con representación en el Congreso y propone, con motivo de las elecciones municipales de mayo, que la población se involucre y ceda su voto a las personas que, por ser inmigrante extracomunitario, no podrán votar. “Proponemos dar voz a los sin voz”, explican las ONG.
La iniciativa de la Federación de SOS Racismo y la plataforma Tod@s Iguales, Tod@s Ciudadan@s, que se lleva a cabo a nivel estatal, es la continuación de dos campañas que ambas organizaciones iniciaron en 2006 para sensibilizar sobre el derecho a voto de la población inmigrante.
En abril del año pasado, SOS Racismo puso en marcha en Cataluña la iniciativa 1=1, que pone el acento en el derecho a voto de la población inmigrada para promover de esta manera la cohesión social, y que incide en la necesidad de vincular el concepto de ciudadanía a residencia y no a nacionalidad.
Objetivo similar tiene la campaña Aquí vivo, aquí voto que la plataforma Tod@s Iguales impulsó en Andalucía y que pide empezar por reconocer el derecho a voto en las elecciones municipales y europeas. Las personas inmigradas “deben tener igualdad de oportunidades a la hora de optar a una vivienda protegida, a un empleo público, a becas y a subvenciones”, entre otros derechos, advierte la iniciativa.
