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El presidente del Tribunal Supremo de Países Bajos afirma que la crisis climática «puede afectar seriamente al derecho a la vida y al bienestar de los habitantes» y que el Gobierno tiene «la responsabilidad a la hora de tomar medidas».
El Tribunal Supremo de Países Bajos ha ratificado este viernes que el Gobierno tiene la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta sentencia pionera establece que dichas emisiones, como el CO2, se deben reducir en, al menos, un 25% para 2020 respecto a los registros de 1990.
Esta sentencia da la razón a la ONG Urgenda, que llevó a los tribunales al Estado en 2013 por su inacción ante la crisis climática. Fue en 2015 cuando el tribunal de Primera Instancia de La Haya dio la razón a la Fundación ecologista. Sin embargo, el Gobierno, no conforme con el fallo, decidió apelar.
La segunda victoria de Urgenda llegó en 2018. Entonces, el Ejecutivo volvió a apelar pese a haber firmado el Acuerdo de París en la 21ª Cumbre del Clima. Ahora, el Tribunal Supremo obliga al Estado a cumplir con sus compromisos con los ciudadanos basándose en varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El presidente del Supremo, Kees Streefkerk, afirma que la crisis climática «puede afectar seriamente al derecho a la vida y al bienestar de los habitantes». El fallo, que no puede ser recurrido, dictamina que el país tiene «la responsabilidad a la hora de tomar medidas».
Por su parte, la ONG ha calificado la sentencia como «histórica». La directora de esta plataforma ecologista, Marjan Minnesma, afirma en un comunicado que el fallo «da esperanzas a las personas de todo el mundo». «Si los gobiernos no hacen lo suficiente para prevenir el cambio climático, entonces la Justicia puede proteger a los ciudadanos», advierte. Y la directora del Instituto Internacional del Derecho y el Medio Ambiente (IIDMA), Ana Barreira, considera que «se trata del primer caso de litigio climático en un país de la UE».
Este fallo «abre la puerta al reconocimiento y legitimidad para que los tribunales obliguen a los gobiernos a proteger el medio ambiente y a aplicar las normas vigentes», afirma Barreira. En este sentido en España, dos tribunales pararon los pies al alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida cuando su Gobierno estableció una moratoria a las multas en Madrid Central.