Sectores progresistas del Episcopado se movilizan ante las pretensiones de los cardenales Rouco y Cañizares de censurar las reformas estatutarias
Blázquez y sus aliados tratan de frenar un documento que bendice la unidad de España
Cuenta Pedro Ontoso en El Correo que la Conferencia Episcopal no publicará, al menos por ahora, un documento doctrinal sobre la unidad de España, un tema que preocupa a una parte importante de los obispos y cuyo enfoque inquieta a otro sector de los prelados, sobre todo a vascos y catalanes.
Según ha trascendido, el propio Ricardo Blázquez es contrario a trasladar la reflexión a un texto oficial y monográfico, cuando el Gobierno impulsa una reforma de los Estatutos. Aunque la cuestión se aborda de manera colegiada, hace tiempo que tanto Antonio Cañizares como Rouco Varela, arzobispos de Toledo y Madrid respectivamente, vienen expresando de manera pública y con suma beligerancia su posición al respecto. Blázquez se encontró ya la agenda cerrada cuando accedió a la cúpula de la jerarquía católica, si bien ahora afronta una situación delicada e incómoda, al coincidir en su responsabilidad la diócesis de Bilbao.
Pero la Asamblea es soberana y el programa abierto. Los obispos cuentan con varios guiones-borradores para un análisis global sobre «la realidad de España» que incluyen muchos temas, entre ellos la unidad y el alto el fuego de ETA. Las ponencias serán introducidas, entre otros, por monseñor Romero Pose, un hombre de Rouco -redactó la polémica instrucción sobre el terrorismo- y el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, que no es partidario de una valoración teológica.
Tanto Cañizares como Rouco defienden la elaboración de un documento, pero el criterio generalizado es que se trasladará a la opinión pública una declaración genérica con la «preocupación» del Episcopado por la situación sociopolítica, muy crispada, con una llamada al consenso y a la solidaridad. Una declaración de mínimos, sin forzar la máquina para una instrucción pastoral, que se dejaría para más adelante.
Frente al órdago de Rouco y Cañizares, se articula una postura que certifica que los valores morales están más comprometidos en otras cuestiones que en la unidad de España. En este pulso, la plenaria del próximo jueves servirá para conocer la actual correlación de fuerzas en el Episcopado y será todo un test para saber si Blázquez ha ganado o perdido apoyos al frente de la jerarquía católica.
La llegada del obispo de Bilbao a la cúpula episcopal se fraguó, precisamente, tras una reunión de un grupo de obispos que pretendían evitar un nuevo mandato de Rouco Varela, al que se sitúa plegado a una estrategia política. Estos prelados consideran que la unidad de España no entra en las competencias de la Iglesia y que un pronunciamiento doctrinal en esta materia puede provocar una fractura en el Episcopado y en las Iglesias locales. «Sacar del Evangelio una reflexión sobre la unidad de España es imposible», señala un influyente obispo del sector progresista. Abriría, además, un nuevo frente con el Gobierno en vísperas de la llegada del Papa.
Rouco, Cañizares y Martínez Camino lideran una corriente que empuja en favor de una instrucción pastoral que complete la que se aprobó en 2002 sobre terrorismo y que incluyó una descalificación de los nacionalismos. El portavoz de la Conferencia ha adelantado que se realizará un análisis «moral» sobre la situación de España, que implica la unidad del país o cómo se está legislando sobre el matrimonio, la vida o la investigación con embriones.
El fundamento teológico de la unidad de España como bien moral la basan los obispos en el bien común. «Hay que analizar -insiste el padre Martínez- si la unidad de España, con valores contrastados a lo largo de los siglos, es mejor o peor que la fragmentación. La unidad de España no es una cuestión de fe, pero eso no quiere decir que no sea una cuestión sin implicación moral. ¿Por qué un Estado federal? ¿Va a ser mejor para España? ¿Va a fortalecer el bien común? Esa es la pregunta moral».
Campaña de Rouco
Esa es la pregunta, también, que ha sobrevolado en el curso ‘Catolicismo y España’, organizado por la Fundación García Morente y la Universidad San Pablo-CEU, con ponencias como ‘El papel de la Iglesia ante los nacionalismos’. En el núcleo de esta Universidad, de la que es gran canciller Alfonso Coronel de Palma -nuevo presidente de la Cope- funciona un ‘lobby’ de la derecha católica muy activo, en el que siempre tienen acomodo líderes del PP o las actividades de la FAES.
El viernes nombraron en este campus a Rouco doctor ‘honoris causa’ en un acto al que asistieron Aznar y Gallardón. Tanto Rouco como Cañizares vienen repitiendo en todos los foros el mensaje de que la contribución del catolicismo ha sido «decisiva» en la configuración de España, ahora «en peligro» por el avance del laicismo, que estaría en la propia concepción del Estado. El purpurado gallego alertó el pasado jueves en ese marco universitario de «los particularismos que dividen».
La presentación reciente de las memorias de Carlos Abella, ex embajador ante el Vaticano, se convirtió en un mitin contra la política de Zapatero con duras intervenciones de Mariano Rajoy. Entre los reunidos en San Pablo se encontraba Cañizares, que resaltó las dotes del diplomático contra la actuación de representantes del nacionalismo catalán y vasco ante la Santa Sede.
Cañizares no ha perdido ocasión para defender la fe cristiana como base de la unidad de España, lo que asume como una misión, según lo anunció el pasado mes de mayo en la toma de posesión de ‘su’ basílica como cardenal en Roma. Cuatro meses antes, en su homilía con motivo del patrón de Toledo, el primado advertía de la gravedad de estos momentos, en los que «está en juego la unidad de España, la herencia de valores humanos y cristianos de los españoles, que se sienten miembros de una única nación».
Rouco Varela ha destacado siempre la estrecha relación entre la Iglesia católica y el Estado, la primera como un «instrumento constitutivo del ser y de la evolución de la nación española». Esa es una línea argumental que sobresale a lo largo de un reciente libro -‘España y la Iglesia Católica’ (Planeta)- que recoge parte de su pensamiento, en el que sostiene que el «laicismo ambiental» afecta a la propia historia de España, un proyecto compartido desde la época visigoda y constituido desde la identificación con el cristianismo. La presentación del libro ha sido valorada como una declaración de intenciones para influir en la plenaria del próximo jueves. «Rouco ha roto su ostracismo y ha entrado en campaña», interpretan algunos analistas.
Al arzobispo de Madrid le preocupa la revisión de los Estatutos, ante lo que considera un riesgo de liquidar el «principio de solidaridad» y del «bien común». A su juicio, la reforma roza «con la vigencia de aspectos esenciales de la Constitución, sobre todo en la parte fundamental de los derechos de la persona».
Los postulados de Rouco y Cañizares han tenido ya eco en el episcopado andaluz, donde los prelados de las 10 diócesis cuestionaron en una dura nota la iniciativa del presidente Chaves, al considerar el texto estatutario «fuertemente intervencionista». Los obispos defienden el derecho a oponerse a la iniciativa legislativa y critican la definición de Andalucía como «realidad nacional», al relativizar «un bien moral indudable, como es la unidad históricamente lograda de España como nación».
En Cataluña lo de «realidad nacional» no es el caballo de batalla. La Conferencia Episcopal Tarraconense decidió no orientar el voto en el reférendum que hoy se celebra, pese a advertir sobre algunos puntos del texto que «contradicen el espíritu del humanismo cristiano».
Descalificación del nacionalismo
El embrión de un documento sobre la unidad de España se encuentra en la instrucción pastoral ‘Valoración moral del terrorismo en España’, aprobada por la Conferencia Episcopal en noviembre de 2002, y que incluía un capítulo polémico titulado ‘El nacionalismo totalitario, matriz el terrorismo de ETA’. El texto declaraba «moralmente inaceptable» que las naciones pretendan unilateralmente una configuración política de la propia realidad y «la reclamación de la independencia en virtud de su sola voluntad» y defendía los «largos y complejos» procesos históricos de España, que no pueden ser «ignorados, distorsionados o falsificados». Los obispos apoyaban la Constitución como marco jurídico «ineludible» y llamaban a tutelar el «bien común» de una sociedad pluricentenaria.
Aquella instrucción fue contestada desde Euskadi y Cataluña, por entender que suponía una descalificación del nacionalismo, al que se vinculaba con la violencia. El documento salió con ocho votos en contra y cinco abstenciones, algo que empieza a ser habitual en el Episcopado. El reciente texto sobre la teología también encontró un núcleo de oposición -16 obispos no lo suscribieron-, al considerarlo «demasiado duro». Según conocedores del debate, fue Blázquez quien abrió la puerta a las enmiendas, aunque el documento estaba ya camino de la imprenta.