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Los representantes de los principales partidos políticos expusieron, recientemente, sus posiciones respecto del problema de acceso a la vivienda (Idealista/News, 9.Abril.2019). Así, el Partido Popular ha vuelto a sacar a colación la agilización de las licencias municipales, tema ya bastante socorrido. Para este partido hay que aumentar la oferta de viviendas a toda costa. La desgravación fiscal al acceso a la vivienda es una debilidad tradicional del PP, que en este caso viene de la mano de lo que denominan ?blindaje fiscal del ahorro??.
El Partido Socialista destaca la conveniencia de sacar al mercado las viviendas vacías, respecto de las cuales no se conoce bien su real dimensión. Su oferta electoral pone de manifiesto la relevancia del Real Decreto-ley 7/2019, que ha permitido, entre otros aspectos, aumentar el plazo de los alquileres y controlar el alcance de las fianzas.
Destaca el papel que los socialistas atribuyen a los ayuntamientos en el mercado de vivienda, aprovechando la vía creada por el citado Real Decreto-ley para que puedan utilizar los remanentes en gasto en vivienda. Se concede trascendencia a una futura Ley Estatal de Vivienda que refuerce los derechos a la vivienda en toda España. También promete fomentar la promoción de viviendas de alquiler social.
Podemos considera a la vivienda como un derecho fundamental, a la vez que un bien económico que debe de estar sujeto a reglas. Propone multiplicar el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB (ahora supone unas escasas decimas de PIB) .Su oferta más destacada es el control de los precios abusivos del alquiler, pretendiendo eliminar la especulación en el mercado de alquiler. Se aspira a la creación de un gran parque de viviendas de alquiler público de precio asequible, mediante la nueva construcción y forzando la cesión obligatoria de vivienda a los bancos y a los grandes tenedores de vivienda.
Ciudadanos propone enfocar la VPO hacia el alquiler, reforzando la desgravación fiscal a los propietarios que ponen viviendas en oferta de alquiler. Vox habla de armonizar las normativas urbanísticas de las 17 autonomías y de crear un parque de vivienda social que llegue al 15% del total de viviendas, ahora situado en el 1,5%.
Se advierte más concreción en los programas de vivienda citados que en convocatorias electorales precedentes. La situación del acceso a la vivienda obliga a las fuerzas políticas a conceder más relevancia al problema. La llegada al mercado de grandes inversores confirma la creciente financiarización de la vivienda. Los precios de venta y los alquileres privados se elevan así a unos niveles lejanos de los ingresos de los hogares españoles.
Se debe revisar la normativa correspondiente a las inversiones de extranjeros en viviendas. El aumento del gasto público en vivienda suena bien, pero es conveniente aclarar primero que destino se le va a dar a los mayores recursos públicos asignados a la vivienda.
La creación de un parque de viviendas públicas de alquiler asequible es una exigencia inevitable. El dinero público debe destinarse a la creación de dicho parque, impulsando las iniciativas de los ayuntamientos, en los que no debe de faltar un registro de demandas de viviendas.
Las viviendas sociales de alquiler deben de integrarse dentro de las VPO, que deben destinarse básicamente al alquiler.
El parque de viviendas sociales de alquiler se crearía a partir de la construcción de nuevas viviendas, con gasto público o con financiación crediticia. A ello hay que unir buena parte de las viviendas ahora remansadas en los balances bancarios y en Sareb, cuya adquisición sería objeto de negociación. Se mantendrían las ayudas directas temporales a los inquilinos. Ese debería de ser el objetivo básico de cualquier política de vivienda que pretenda hacer frente al problema con seriedad.
La derecha atrae a cada vez más votantes con menores rentas y nivel educativo a pesar del aumento de la desigualdad
(Marina Estévez Torreblanca, el diario, 25-4-2019)
El 60% de la mitad más pobre de la población española apoyaba a partidos de izquierda en los años ochenta, un porcentaje que cayó por debajo del 50% en 2016 ,
Entre quienes solo tienen educación primaria, el 50-60% de ellos votaba a partidos de izquierda hace treinta años, y ha bajado al 40%.
En paralelo, las desigualdades han aumentado desde la crisis económica, según destaca un estudio del World Inequality Lab que destaca también que el conflicto dominante no es el del reparto de la riqueza, sino de identidad y autonomía regional.
Al igual que en otros países occidentales, en las tres últimas décadas las clases menos pudientes y con menor nivel educativo han ido votando cada vez más a los partidos de derecha en España frente a las formaciones de izquierda. Un estudio del Laboratorio Mundial sobre Desigualdad (World Inequality Lab) que compara la evolución del voto por nivel de renta y educación entre 1982 y 2016 así lo indica. Es una tendencia que podría haberse acentuado con la posterior emergencia del partido ultraderechista Vox.
Mientras en los años ochenta la mitad más pobre en renta y quienes habían accedido a un menor nivel educativo (aquellos con estudios de educación primaria) tenían una probabilidad mayor de votar a partidos de izquierda en España (8 puntos porcentuales más), en los últimos años esta posibilidad se ha reducido considerablemente. En el caso de los menos formados, el escenario de que voten a la derecha es incluso mayor que a la izquierda. En paralelo, como es común a otras democracias desarrolladas, quienes cuentan con estudios secundarios y universitarios tienen una mayor probabilidad de votar a la izquierda.
Así, aproximadamente el 60% de la mitad más pobre apoyaba a partidos de izquierda en los años ochenta y hoy es menos del 50% de esta parte de la población. Para los que solo tiene educación primaria entre el 50-60% de ellos votaban a partidos de izquierda en los años ochenta, comparado con el 40% hoy, según los autores del informe.
Los investigadores Amory Gethin, Clara Martínez?Toledano y Marc Morgan han analizado la evolución de la desigualdad desde los años ochenta, y la han comparado con la evolución del voto de la izquierda por nivel de renta y educación.
Su conclusión es que en España el conflicto dominante no es el de las divisiones de clase o la demanda de una mayor distribución económica, sino los conflictos históricos basados en la identidad, básicamente la autonomía regional y la corrupción, que son los temas a los que prestan más atención políticos y medios. Y ello a pesar de que, según el CIS, cerca de un 60% del electorado considera el desempleo el principal problema del país. Pero solo el 7% piensa que es el tema más debatido por los políticos.
Se da la circunstancia de que el 50% más pobre representa un 90% de la población desempleada (menos del 20% dentro del 50% más pobre está empleado, comparado con casi el 80% dentro del 10% más rico).
Evolución de la desigualdad
En paralelo a esta evolución del voto hacia la derecha de los menos pudientes y con menor titulación académica, los autores documentan el incremento de la pobreza y la desigualdad en España a raíz de la crisis. Entre los datos que manejan, recalcan que el 10% más rico en España posee cerca del 60% del total de riqueza personal, con una riqueza media de 800.000 euros. En cambio, la riqueza media para la mitad más pobre es de menos de 20.000 euros.
En 2007 se marcó el mínimo histórico de desempleo en España, 8,2% (ahora la tasa está en el 14,7% según la última EPA). Y desde mediados de los ochenta hasta aquel año, pico de la burbuja inmobiliaria, la renta media nacional por adulto había crecido considerablemente (22% entre 1996 y 2007 y 26% en la década previa).
Sin embargo, con la recesión económica se revirtió la tendencia, y la brecha aumentó. Mientras las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, incluyendo las rentas del 0.1%, que aumentaron aproximadamente un 70%, el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media (2%). Todos los individuos dentro del 1% experimentaron un incremento de más del 10%, y en conjunto la media fue del 24%.
Otro reciente informe del WIL, que tiene entre sus cien investigadores de más de setenta países a los conocidos Thomas Piketty y Gabriel Zucman, recoge que entre 1980 y 2017 el promedio del 1% de los mayores ingresos ha crecido al doble de velocidad que el del 50% de los menores en Europa.
Y aunque las desigualdades en este continente son «significativamente» más bajas que en EEUU, advierten de que si la Unión Europea quiere contener la brecha en el futuro «deberá crear las condiciones para una financiación equitativa y de largo plazo de los servicios públicos, en particular a través de impuestos más progresivos (más altos cuanto mayores sean los ingresos y ganancias) a individuos y empresas».
Votantes de Trump perjudicados por sus políticas
En EEUU los propios votantes de Donald Trump serían los más perjudicados por políticas anunciadas (aunque aún no ejecutadas) como la reforma de la ley sanitaria de Obama que amplió la cobertura del sistema a las capas más desfavorecidas de la población. Un estudio de la Kaiser Familiy Foundation (una organización sin ánimo de lucro que estudia temas de salud en Estados Unidos) afirmaba que los 25 condados que más votaron por Trump (95% de sus votantes) tendrán que pagar más ?en algunos casos hasta 3.000 dólares al año- por su cobertura médica con el plan de los republicanos, que por el momento se ha pospuesto.
En el caso estadounidense el diagnóstico generalizado es que los votantes de las zonas rurales se sentían abandonados por las élites demócratas que viven en la burbuja progresista de las grandes ciudades, y, cada vez más empobrecidos, compraron la idea de volver a hacer grande América que les prometía el millonario republicano.
En España, el análisis del programa económico de la formación ultraderechista Vox revela que las políticas que preconizan afectarían muy negativamente a las menores rentas, con medidas como la supresión de beneficios fiscales para pymes, en contraste con la rebaja de tributación de multinacionales; la profundización radical en la reforma de las pensiones que pondría en riesgo su futuro y una apertura mayor que nunca a la privatización en educación y sanidad.
Los accionistas privados de Bankia y Aena se han embolsado ya 2.000 millones solo por dividendos
(Vicente Clavero, público, 24-4-2019)
La mayoría de ese dinero ha ido a parar a grandes fondos de inversión internacionales que participaron en las privatizaciones parciales de ambas compañías.
Estas fechas suelen llegar cargadas de buenas noticias para los accionistas de algunas sociedades cotizadas, que reparten sus dividendos en abril. Es el caso de dos controladas por el Estado, pero con una parte importante de su capital en Bolsa: Bankia y Aena.
La cuarta entidad financiera del país (sólo por detrás de Santander, BBVA y Caixabank) distribuyó el pasado día 11 un total de 353 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio de 2018. La gestora aeroportuaria española hizo lo propio este lunes, aunque la suma fue sustancialmente mayor: 1.039 millones.
El principal beneficiario de tan cuantiosos dividendos ha sido el Estado, principal accionista de ambas sociedades, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y de la empresa pública Enaire (dependiente del Ministerio de Fomento), respectivamente.
El FROB se ha embolsado este mes 219 millones de euros procedentes de Bankia, de cuyo capital posee un 61%. Gracias a su participación en Aena (51%), Enaire ha recibido 530 millones.
El resto hasta los 1.397 millones de euros repartidos en total (es decir, 649 millones en números redondos) han ido al bolsillo de inversores privados, muchos de ellos grandes fondos internacionales, que aprovecharon las privatizacionesparciales de Bankia (2014 y 2017) de Aena (2015) para hacer negocio.
Entre los accionistas de la entidad financiera figuran el fondo soberano noruego Norges Bank y el estadounidense Inesco. La gestora aeroportuaria tiene como socios al fondo británico TCI, al banco HSBC y al Deutsche Bank.
Tanto el dividendo de Bankia (11,576 céntimos por título) como el de Aena (6,93 euros) son superiores a los del ejercicio anterior (un 5% en el primer caso y un 6,6% en el segundo), como consecuencia del aumento de los beneficios cosechados por las dos sociedades.
Bankia ganó 703 millones de euros en 2018, un 39,3% más que en 2017, año en que se contabilizaron los costes extraordinarios derivados de la absorción de Banco Mare Nostrum (BMN). Aena obtuvo 1.328 millones (+7,8%).
Desde su intervención por el Gobierno en 2012 y el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como presidente, Bankia ha repartido cinco dividendos por un importe global de casi 1.510 millones de euros. Al Estado han ido a parar algo más de 920 millones, lo que supone un 4,1% de las ayudas recibidas para su rescate (22.400).
Aena, que salió a Bolsa en febrero de 2015, ha distribuido cuatro dividendos, que sumaron cerca de 3.000 millones de euros, de los que las arcas públicas han recibido 1.527,7 millones.
Los inversores privados, por tanto, han ganado con ellas hasta ahora la nada despreciable cifra de 2.060 millones de euros, a los que hay que añadir la revalorización experimentada por las acciones, que en el caso de Aena se han triplicado.