Las elecciones generales del 28 de abril del presente año 2019, realizadas en todo el Estado español, mostraron a una ciudadanía con alto grado de responsabilidad, pacifismo solidario, cultura democrática y participación electoral, a pesar de la manipulación informativa de los medios de comunicación mayoritarios que están en manos de individuos y grupos poderosos. Causaron admiración las personas que fueron a votar por correo, por su paciencia y tenacidad ante las largas esperas en las colas y los dos o tres días que tuvieron que emplear, debido a la burocracia de las instituciones oficiales encargadas de ese menester que se debe solucionar en un futuro. Asimismo, es necesario que en esta legislatura se superen los inconvenientes a los votantes españoles residente en el extranjero (voto rogado).
Después de sufrir durante el último mandato del Partido Popular la corrupción inmoral (ya hay más detenidos que diputados), la política de austeridad y la bajada de nivel de vida de la ciudadanía para privilegiar a los poderes financieros y económicos bajo el pretexto de solucionar la crisis, los resultados electorales han transmitido a las mayorías trabajadoras una moderada esperanza de recuperar los derechos sociales que les arrebataron, pues al triunfar el PSOE, y si se formaliza el apoyo de Unidas-Podemos y otras fuerzas de izquierda y de centro, parece que se puede constituir un frente progresista que haga posible la mejoría del Estado de Bienestar, sin que el tripartito de la derecha (PP, Cs y Vox) pueda bloquearlo. La ciudadanía ha castigado electoralmente la escandalosa corrupción y la mentira como actuación política.
No obstante, el PSOE como los partidos que apoyen políticas beneficiosas para atender las aspiraciones a una vida mejor de los españoles se van a encontrar condicionados: en primer lugar, por la contradicción evidente del sistema neoliberal, donde la democracia política está mediatizada por la dictadura capitalista; y en segundo lugar, la globalización impone que nuestros poderes ejecutivo y legislativo de España sean forzados por las potencias políticas y conglomerados económicos a beneficiar la acumulación de beneficios e intereses geopolíticos por encima del bien común y los derechos de las mayorías trabajadoras.
Los partidos políticos, para servir al bien común, han de luchar democráticamente para alcanzar el poder, y, desde ahí, realizar políticas de justicia social, derechos humanos y las igualdades de género, de clases sociales y también étnicas. El problema que se les plantea es que la lucha por el poder, en muchísimas ocasiones, les aboca a minusvalorar el bien común.
El moderado buen resultado electoral a nivel nacional para las izquierdas (PSOE y ERC) habrá que complementarlo en las próximas elecciones del 26 de mayo para cubrir los cargos políticos locales, autonómicos y europeos. El PSOE, además, ha conseguido mayoría en el Senado. Ahora queda el complicado sistema de pactos, pues el bipartidismo ya no tiene posibilidades en la etapa actual. El PSOE pretende gobernar en solitario con acuerdos programáticos con UP y otras fuerzas de progreso. Pero en UP, cuyos resultados electorales han sido escasos, no se fían de los socialistas; manifiestan que, para apoyar la investidura, es necesario que haya algunos ministros en el gobierno y/o cargos en el Congreso de UP para evitar las inclinaciones socialdemócratas a ceder ante los intereses de los poderes económicos y posibles pactos con Cs. De forma parecida, tanto las bases del PSOE y los manifestantes del 1º de Mayo, como los sindicatos UGT y CCOO estiman oportuna una alianza PSOE-UP, rechazando cualquier pacto con Cs. Al revés, la CEOE considera que el PP y Cs deben de abstenerse en la investidura con la finalidad de que UP y los independentistas no condicionen al gobierno socialista. Cs aspira a erigirse en líder de una oposición radical de las derechas al PSOE y sus apoyos. El PP, dado los malos resultados obtenidos, parece que se va a inclinar por girar hacia el centro y abandonar el extremismo derechista en el que se había situado, pero siempre liderando las derechas; lo que tampoco agrada a Vox que, aunque no ha conseguido las expectativas que esperaba, ya ha manifestado su ideología de extrema derecha poco presentable y amenaza al PP con no aprobar los presupuestos en Andalucía.
A su vez, los grandes partidos tienen problemas internos y se han fraccionado. En el PSOE, algunos dirigentes de Andalucía y de otras autonomías, junto con los expresidentes, aceptan muy a regañadientes las inclinaciones hacia la izquierda de Sánchez. En UP no acaba de cuajar el estilo del liderazgo de la organización; varios partidos autonómicos se han desgajado de la coalición con UP y se han salido del partido fundadores e inscritos/as de gran talla, además de los malos resultados electorales obtenidos, por lo que algunos líderes autonómicos están preocupados. En el PP las dos grandes corrientes de extrema-derecha y de centro-derecha están en pugna por el poder del partido, ha perdido millones de votos y se han ido a Cs algunas figuras de renombre, y se empieza a poner la preferencia en Feijoo. En Cs muchos no están conformes con los fichajes estrella de la dirección y el abandono de Inés Arrimadas de sus compromisos en Cataluña para pasar al área nacional; ya que, de ser la 1ª fuerza, Cs ha pasado a la quinta, y la derecha necesita su capacidad parlamentaria contra los independentistas.
En Cataluña, la ciudadanía ha manifestado su oposición contra políticas exclusivistas y la amenaza del 155. Ha apostado claramente por el diálogo para resolver su articulación con el resto del Estado español. Los catalanes son contrarios tanto a la secesión como al castigo. A su vez, premian la moderación de ERC (igualmente que en Euskadi al PNV), y dan su respaldo a la política dialogante del PSOE, poniendo su confianza en el PSC como segunda fuerza detrás de ERC.
Es evidente que hay que resolver varias tareas antes de que el futuro Gobierno y Congreso pueda funcionar bien: la realización de las elecciones locales y autonómicas de mayo, la formalización de los pactos y alianzas correspondientes, la toma de posesión de los cargos electos y la constitución del Gobierno. Posteriormente se podrán atender los grandes problemas del país, entre los cuales están: la sustitución de la ley electoral “D’Hondt”, francamente injusta y discriminatoria, por otra ley más igualitaria y equitativa. A su vez, la reducción de la gran deuda pública, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la ubicación de Cataluña en el Estado español, la abolición del Estatuto Laboral que impuso el PP, la subida de impuestos, las mejoras sociales (entre ellas el salario mínimo, el trabajo precario, el desempleo y las pensiones de los jubilados). A su vez, la igualdad entre hombres y mujeres, así como reducir las grandes diferencias entre los privilegiados ricos y los humildes trabajadores. También la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede y seguir profundizando en la laicidad del Estado. La vivienda pública y los desahucios, la España vaciada, las migraciones, los avances en ciencia y tecnología, así como la industrialización del país y la relaciones con Europa y Latinoamérica. Tampoco debe faltar la protección del medio ambiente.
Como creyentes, integrados en las comunidades de Redes Cristianas, deberemos seguir comprometiéndonos por la justicia y la paz a través de las instituciones, partidos y movimientos para lograr la fraternidad y el bienestar entre los pueblos de España. Ello será un evidente signo de que “el Reino de Dios está cerca”.