Las cifras de principios de agosto de 2026 situaron el número de fallecidos en la entrada masiva a Ceuta entre 78 y 88 según fuentes oficiales españolas, y hasta 141 si se incluyen los cuerpos recuperados en aguas marroquíes según fuentes independientes. En cuanto a personas esperando ser acogidas hay alrededor de 1.000 migrantes ante el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y entre 1.300 y 1.500 menores no acompañados pendientes de identificación y acogida. Las cifras de muertos y de menores en desamparo son escandalosas. Otra cifra importante: las estimaciones más citadas sitúan el número de muertos (y desaparecidos) en el Mediterráneo en lo que va del siglo XXI en más de 40.000 personas. Este mar baña las, se puede decir, muy “católicas” naciones de Italia, Francia y España, que no estaría mal que sus jerarquías eclesiásticas en ocasión tan dramática de desamparo de niños hicieran un signo importante de acogida conjunta de un número importante de estos menores migrantes, como testimonio y denuncia de la falta de solidaridad mostrada por importantes formaciones políticas que fraudulentamente presumen de identificarse con lo cristiano.
Por otra parte, recientemente, el 10 de agosto de 2026, leemos el comunicado sobre, o contra, la migración entre la ultra italiana Meloni y la socialdemócrata danesa Frederiksen en el que vemos una fuerte carga identitaria al señalar la necesidad de preservar “los valores europeos” y proteger “el patrimonio cultural cristiano de Europa”, al mismo tiempo que, contradictoriamente, intensificaron su presión para poder llevar a otros países no europeos los extranjeros “ilegales”, lo que en parte lograron.
A PROPÓSITO DE “LOS VALORES EUROPEOS”
Los valores de la Unión Europea están formalmente recogidos en el Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE). En ellos destaca el respeto a la Dignidad Humana y Derechos Humanos, inviolables como base del ordenamiento legal, defienden la libertad de circulación, de expresión y de asociación, igual que el principio democrático que exige que el funcionamiento de la UE se fundamente en la representación ciudadana (Parlamento Europeo) y el control intergubernamental (Consejo). Se prohíbe la discriminación por sexo, origen, religión, discapacidad, edad u orientación sexual. En la UE el Estado de Derecho implica que toda actuación de la UE y de sus Estados miembros debe basarse en el derecho, con un control judicial independiente liderado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La acogida de migrantes vulnerables —especialmente menores no acompañados y personas que huyen de la guerra, el hambre o la persecución— conecta directamente con los valores del Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y se articula a través de un marco legal específico que garantiza el derecho de asilo con el debido respeto a las normas de la Convención de Ginebra de 1951 y obliga a evaluar las solicitudes individuales de quienes huyen de persecuciones (políticas, religiosas, ideológicas) o del riesgo de daño grave (guerras), prohíbe devolver o expulsar a una persona a un país donde su vida, libertad u otros derechos fundamentales corran un riesgo grave, obliga a que cualquier medida legislativa o de acogida aplicable a niños o menores no acompañados ponga como prioridad absoluta su protección, tutela legal, educación y reagrupación familiar.
Los Principios de Actuación que deben regir son Solidaridad y Responsabilidad lo que conlleva un reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, tanto a nivel financiero como de reubicación física de los solicitantes. Además, El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo establece mecanismos de respuesta ante crisis migratorias para evitar que la carga recaiga de forma desproporcionada sobre los países de llegada o frontera exterior.
SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL CRISTIANO
Tomemos como referencia la postura de la Iglesia católica europea expresada a través de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) que, en sintonía con las orientaciones de la Santa Sede, sitúa la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro del debate migratorio, por encima de los criterios estrictamente geopolíticos, de seguridad o electorales.
Los principios fundamentales de la postura doctrinal católica se articulan, en palabras del Papa Francisco, sobre este eje: acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y refugiadas. Los obispos insisten en que los migrantes son personas con una dignidad inviolable que debe prevalecer en cada decisión legislativa. También afirman reiteradamente que las políticas migratorias europeas no deben construirse sobre el miedo a la alteridad cultural o religiosa ni sobre el temor a las presiones electorales populistas y exigen una verdadera solidaridad compartida entre todos los Estados miembros de la UE para evitar que la carga recaiga únicamente en los países fronterizos del Mediterráneo.
Los obispos europeos reconocen el derecho de los Estados a gestionar sus fronteras, pero critican duramente los enfoques centrados únicamente en el control y la contención y advierten que el marco normativo actual corre el riesgo de vulnerar el derecho fundamental de asilo y menoscabar los derechos humanos en las fronteras exteriores. Muy concretamente muestran seria preocupación ética ante el traspaso de la gestión y custodia de migrantes a terceros países que no garantizan los estándares mínimos de protección. También rechazan el uso generalizado de la detención preventiva —especialmente de familias y menores— y las normativas que facilitan retornos masivos o exprés y reclaman con frecuencia la apertura de corredores humanitarios y canales formales de migración laboral para evitar la trata de personas y las vidas perdidas en el mar.
En síntesis, la Conferencia Episcopal europea aboga por un modelo que concilie el ordenamiento normativo del flujo migratorio con un compromiso humanitario firme, recordando que la vocación de Europa es construir una sociedad abierta, fraterna y basada en el respeto a la vida humana.
CONCLUSIÓN
Después de lo leído, vemos que el objetivo real del comunicado de la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la ultraderechista italiana Giorgia Meloni, no es defender los valores europeos y la cultura cristiana, sino reducir a cero, sea como sea, la permanencia de inmigrantes irregulares en sus países. Esto no parece que sea posible, por lo que tal pretensión es más que otra cosa un eslogan populista que cae muy bien a los votantes que piensan solamente en su bienestar personal al margen de cuáles sean los principios humanitarios y cristianos tradicionales en la UE.
Los comentaristas políticos afirman que “Meloni y Frederiksen han estrechado su colaboración para promover una transformación del sistema europeo de asilo y reforzar las políticas de deportación de inmigrantes a países de fuera de la UE. Su argumento es que “nadie puede negar que la inmigración ilegal tiene un impacto negativo”, al provocar un “aumento de las tasas de criminalidad”, ejercer “más presión sobre los servicios públicos” y erosionar “la confianza en las instituciones públicas”, según el comunicado conjunto”.
Esta valoración sobre la inmigración no se corresponde con la verdad que se deduce de los datos de análisis de estos temas. Son muchos los estudios que demuestran que las personas en situación irregular presentan tasas de arresto, condenas e encarcelamiento menores o equivalentes a las de la población nativa; la llegada de población migrante a zonas urbanas a menudo no altera, o incluso reduce, las tasas de delitos violentos y contra la propiedad.
Tampoco es toda la verdad lo que dicen respecto a la presión sobre los servicios públicos: en el corto plazo y a nivel municipal o local, los flujos migratorios no planificados pueden saturar temporalmente albergues de emergencia, atención médica de urgencia o escolarización en municipios receptores directos. Sin embargo, a nivel macroeconómico, la evidencia muestra que la población migrante aporta mano de obra clave en sectores tensionados y contribuye a la recaudación fiscal indirecta (IVA, impuestos al consumo, tasas), compensando en gran medida los costes que producen en los servicios públicos.
Ante el problema político real que supongan los inmigrantes, no se puede utilizar el mito de la criminalidad para cerrar a cal y canto las fronteras europeas. Parece más conforme con los valores europeos y los principios cristianos medidas como la regularización llevada a cabo por el actual y anteriores gobiernos españoles, que la solución buscada por el gobierno ultra de Meloni de externalizar en Albania el asentamiento de inmigrantes, que fue puesto en entredicho por el tribunal europeo. Finalmente, la presión ejercida por Italia y Dinamarca junto con otros socios europeos dio sus frutos a principios de junio, cuando la UE aprobó el Pacto de Migración y Asilo, que autoriza a los Estados miembros a firmar acuerdos con terceros países que se consideren “seguros” para deportar a los migrantes. Han conseguido un marco legal para deshacerse de migrantes, pero no llamen a esto defender el patrimonio cultural cristiano o los tradicionales valores europeos. Entienden ellos que así protegen el bienestar o los miedos de sus votantes y así mismo en el poder. Así de claro.
José María Álvarez (pertenece a los grupos de Redes