María Teresa Fernández de la Vega anunciaba el pasado día 7 el proyecto de reformar la ley de libertad religiosa para avanzar en la laicidad del Estado. Ninguna sorpresa: en la pasada campaña electoral, el PSOE advertía que, después del 9-M, nada podría ser igual con respecto a las relaciones Estado-Iglesia. Digamos que la Conferencia Episcopal se lo había buscado: su partidista y tenaz actitud de apoyo a la derecha ultramontana durante la campaña dejaba al respecto escaso margen.
¿Estamos de nuevo ante la vieja pugna hispana entre meapilas y comecuras? Parece ser que sí. El caso es que el anuncio de la vicepresidenta coincide con la campaña de la declaración de la renta: está en juego nada menos que la famosa X optativa en la casilla de sostenimiento económico de la Iglesia. ¿Será por esto por lo que los obispos han optado por el mutismo? Veamos qué dice Libertad digital, que algo sabe sobre el particular: no está prevista una reacción eclesial inmediata. Ya. No vaya a ser que la clientela se cabree y pase de la crucecita… Como decimos por aquí, la pela és la pela-